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Después de un momento de tensión por la propuesta de legisladores de Cabildo Abierto (CA) que condicionaron su voto a que se incluyeran en la reforma jubilatoria tres planteos suyos —en particular, la de subir a 63 y no a 65 la edad mínima de retiro—, luego desautorizados por su líder, Guido Manini Ríos, el oficialismo encaminó ayer miércoles 22 un acuerdo para ajustar el proyecto y darle aprobación en pocos días.
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Dentro de ese “equilibrio” buscado, el texto tendrá al menos una decena de cambios respecto al que ingresó a la Cámara de Diputados aprobado desde el Senado. Varios ajustes deben introducirse mediante un proyecto que está previsto que el Poder Ejecutivo envíe la semana próxima.
Frente a la oposición de CA a permitir que las AFAP puedan invertir parte de los ahorros previsionales en acciones de compañías del exterior, se acordó que se exigirá “mayores garantías” a esas colocaciones.
Otro punto en discusión era sobre los años considerados para el cálculo del sueldo básico jubilatorio, que los cabildantes quieren que sean 15 y los colorados entre 20 y 25 años. Quedó acordado que se mantendrá el criterio de que sea el salario promedio de 25 años, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
El texto complementario también planteará modificaciones en aspectos menos conflictivos. Las pensiones de sobrevivencia se asimilarán al régimen actual, al tiempo que se reducirá la cantidad de años exigidos para las pensiones de viudez y se considerará el concubinato. La pensión por incapacidad severa se aumentará y se tendrá en cuenta el reclamo de la Asociación Down del Uruguay de que la edad de retiro para esa población se fije en 45 años.
También se eliminará la opción de retirar dinero anticipado de la cuenta de ahorro individual.
Discusiones vigentes
Hasta que llegue la propuesta final, continuarán las negociaciones entre los integrantes del Poder Ejecutivo sobre los cambios de la reforma. El Partido Colorado pretende que el capítulo de ahorro voluntario complementario se desglose y que al respecto se haga un proyecto de ley aparte.
Varios legisladores de la coalición están disconformes con la modalidad de hipoteca inversa, que establece que el dueño de un inmueble cobre por esa propiedad durante un período de tiempo, que los herederos deberán devolver cuando muera. Esta propuesta es impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou, quien en la legislatura pasada, siendo senador, presentó un proyecto referido al asunto.
Otro tema a resolver es sobre la inclusión o no de la Caja Notarial dentro del régimen mixto. Ese instituto, cuya situación financiera es mejor que la de las cajas de profesionales y bancarios, solicitó que en 10 años se analice si es necesario que sean parte de las AFAP. El ánimo del Poder Ejecutivo es el de otorgar una “ventana” de tres años para tener más claros los efectos financieros de la reforma que tuvo esta caja en 2019.