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    Oficialismo sale a enfrentar plebiscito por baja de imputabilidad pero piensa que la oposición ganará esa batalla

    Uno de los principales temas en las 440 asambleas que se realizaron el domingo 25 para festejar el día del Comité de Base del Frente Amplio fue cómo enfrentar la propuesta del Partido Colorado y parte del Partido Nacional de bajar la edad de imputabilidad que será plebiscitada en octubre del año próximo. Y si bien trabajan en la presentación de los argumentos contrarios a esta idea, entre militantes y dirigentes intermedios del oficialismo existe la sensación que la oposición saldrá victoriosa de esta batalla, según un sondeo realizado por Búsqueda.

    En algunas de esas reuniones, los militantes comentaban que el plebiscito se “pierde entre la gente”.

    A fines del año pasado, una encuesta realizada por Cifra dio cuenta que 64% de los consultados está a favor de bajar la edad de imputabilidad mientras que 25% está en contra.

    Con el impulso del Partido Colorado y parte del Partido Nacional —fundamentalmente el ala herrerista— el año pasado se alcanzaron las firmas necesarias para promover en octubre de 2014 un cambio al artículo 43 de la Constitución, agregando que las personas mayores de 16 años y menores de 18, serán “penalmente responsables y serán castigados” por la comisión “intencional de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad (copamiento), extorsión, secuestro y violación”. El Código de la Niñez y Adolescencia establece sanciones penales para los menores entre 13 y 18 años que cometan delitos. La iniciativa también establece que los antecedentes de los adolescentes no se destruirán. Además se propone crear un Instituto de Rehabilitación independiente del INAU que se encargue de la atención de los menores infractores. Hoy existe el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), que atiende a los menores infractores, y funciona como una comisión asesora del INAU.

    Tras once meses de campaña, blancos y colorados consiguieron más de 367.000 firmas, es decir casi 100.000 más de las necesarias.

    El senador colorado Pedro Bordaberry, uno de los principales impulsores de la medida, está confiado en que el año que viene la propuesta será aprobada. “Estamos seguros de que la gente, los uruguayos, lo van a acompañar más allá de las fronteras partidarias. Hoy esa es una propuesta que obviamente apoyan muchos colorados, muchos blancos, pero también muchos del Frente Amplio. Esto de la seguridad no es una cuestión de partidos”, dijo Bordaberry en una entrevista el lunes 26 con el programa “Claves Políticas” del canal para abonados Nuevo Siglo TV.

    Cambio de cabeza.

    A mediados de agosto, el Frente Amplio realizó un taller sobre la edad de imputabilidad de adolescentes. En ese taller, se trabajó sobre un documento elaborado por el diputado Julio Bango, en el que se afirma que no es verdad que los adolescentes sean impunes y que sean el “núcleo de la violencia delictiva actual”. Del total de personas privadas de libertad que cumplen sus penas, el 6,4% son menores de 18 años, se dice en el documento. Además, se recuerda que dos de las cuatro medidas propuestas ya se implementan: se creó el Sirpa y en diciembre del año pasado se endurecieron las penas para menores de 18 años que cometan homicidio, secuestro, violación rapiña y copamiento.

    “Esta es una campaña oportunista que se aprovecha del miedo de la gente”, dijo la edila de Montevideo Maite López en el comité de base ubicado en Buceo el domingo 25. La dirigente planteó la necesidad de salir a discutir con argumentos aunque a la vez reconoció que no es fácil convencer a la gente que ha sufrido algún hecho delictivo.

    En tanto, en el comité de base de Palermo, la ex ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, criticó la idea de bajar la edad de imputabilidad: “En realidad estamos en 13 años, ¿a dónde vamos a bajar?”.

    “Estamos hablando de otra cosa —dijo—, de cuántos años de cárcel les vamos a dar”.

    Pero a la vez, Arismendi planteó cambiar la visión de las cosas. Relató que se dan casos donde hay vecinos de la ciudad que no quieren tener a determinados grupos sociales cerca de sus casas. “Entonces, si perdemos la batalla en nuestras cabezas es mucho más grave todavía que la batalla de los votos”, afirmó.