Oh là là…

Sobre Italia, cualquier análisis forma un libro.

Esa fue, justamente, la primera pregunta que le hizo Manuel Valls (español nacionalizado francés) al ser consultado por el presidente para ocupar el puesto de jefe de Gobierno galo hace poco más de un año: ¿podré hacer reformas?

La misma pregunta formuló Emmanuel Macron, cuando Valls y Hollande le ofrecieron el Ministerio de Economía. La pregunta de ambos hombres no era casual, pues hacer reformas en Francia es obra de titanes.

Un dato clave: todos los últimos gobiernos franceses han prometido (e incluso presentado) ambiciosos programas de reformas. Ninguno logró llevarlas a cabo. Esa imposibilidad de cambiar las cosas se debe a la oposición férrea de la clase política, la clase sindical, los grupos de presión, los rentistas (hay que leer a Balzac para tener una idea de la importancia de los rentistas en la sociedad francesa), los campesinos y todos aquellos que verían sus privilegios reducidos por las reformas.

Francia es uno de los países que tiene mayor gasto público en relación al PBI (56%) en todo el mundo. La cantidad de personas que cobran el sueldo de las ventanillas del Estado supera largamente a cualquier otro país europeo. A esto hay que agregarle el universo de subsidios y prebendas generados a lo largo de los siglos.

Casi todos los franceses adhieren a los programas de reformas presentados por los diferentes gobiernos, “siempre y cuando dichas reformas no los afecten personalmente”.

Los grupos de intereses aceitan constantemente su organización para poder enfrentar con éxito los sucesivos proyectos de reformas. Y lo logran.

Una de las primeras grandes reformas de Manuel Valls (quien junto con el igualmente joven Matteo Renzi, jefe de gobierno italiano, es la mayor esperanza del socialismo europeo) fue la de la reforma administrativa, que implicaba, entre otras cosas, una disminución de las 22 regiones a 13.

Francia cuenta además con 36.700 ayuntamientos, 13.400 mancomunidades, 101 departamentos (cada cual con su respectivo consejo general y asamblea). Miles y miles de funcionarios y políticos electos cobran un promedio de 3.000 euros mensuales. Muchos de ellos son legisladores nacionales, quienes de esa manera perciben varios sueldos públicos.

No es de extrañar pues que el Senado en masa haya boicoteado estas medidas: los casi 350 senadores perderían con ellas varios de sus sueldos.

Todas las reformas que necesita Francia y que plantea Valls encuentran cerrada oposición. Por eso, el jefe de gobierno (que conoce el triste fin de De Gaulle cuando fracasó en sus intentos reformistas en 1969) ha pasado a usar sus facultades extraordinarias y gobierna a golpe de decreto: ni siquiera su propio partido está dispuesto a apoyarlo.

Cuando el ministro de Economía anunció la Ley de Actividad hace unos meses —según la cual se flexibilizarían tibiamente las actividades económicas—, desde los abogados hasta las escuelas para aprender a manejar se han movilizado en contra.

Un frente de diputados de centroderecha, comunistas y socialistas, junto con los sindicatos de todos los colores, levantaron una barricada a dichas medidas. Es impensable, se sostiene como ejemplo desde la izquierda, que la cantidad de domingos con comercios abiertos aumente de 5 a 12: se trata de una medida neoliberal que favorece al consumidor pero no al empleado.

Ni qué hablar de la oposición a las propuestas de simplificar el proceso para abrir empresas. Cada sector cuida pues su chacrita de privilegios y alimenta un secular y reaccionario corporativismo.

Pero la economía francesa está estancada, el desempleo no encuentra tope y la deuda ronda el 100% del PBI. Docenas de miles de empresas cierran cada año y si bien todos están de acuerdo en que hay que hacer algo, nadie está dispuesto a que se haga.

Esta agitación contra los planes reformistas del gobierno —tanto por parte de la derecha más rancia como por parte del sindicalismo más rojo— potencia la imagen histórica de “la Francia revolucionaria”.

En realidad, es el síntoma del conservadurismo más rancio.