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“Es mentira”, dijo el presidente Tabaré Vázquez y separó en sílabas la palabra “mentira”. “Hubo algún medio, o hay algunos medios de comunicación, que han mentido descaradamente o han sido muy mal intencionados— y sé de lo que estoy hablando—porque han dicho que en la declaración jurada de mi señora nosotros pedimos confidencialidad y que no se abriera el sobre. Es mentira. Nunca pedimos confidencialidad”. El jueves 23 el presidente respondió así en una improvisada rueda de prensa en Tacuarembó a la información publicada sobre el pedido de reserva que realizó ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre los bienes de su esposa, la primera dama María Auxiliadora Delgado. Vázquez no especificó ante las cámaras a qué medios aludía. Sin embargo, el periodista Luis Curbelo, director de informativos de Televisión Nacional de Uruguay (TNU), escribió en su cuenta de Twitter que el mandatario le aclaró que cuando “habló de mentira y mala intención se refería a ‘El País’ y a Búsqueda”.
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Vázquez argumentó en Tacuarembó que el instructivo de la Jutep “establece que cuando hay separación de bienes el sobre del cónyuge va cerrado y se abre si la Justicia lo establece”. Y agregó: “No hubo nunca intención de ocultar nada y la separación la hice en 1986, que yo ni soñaba ni pensaba ni quería ni me preocupaba estar en la vida política pública, la que empecé en 1989”. Lo que Vázquez quiso remarcar ante los periodistas es que en todos esos años en que se desempeñó en la función pública “nunca” hizo un pedido expreso de confidencialidad. Pero el viernes 24, “El País” presentó pruebas documentales que dicen lo contrario. En la página 158 de la memoria de la Jutep se indica que en las declaraciones presentadas en los años 2005, 2007, 2009 y 2010, se “invocó” la reserva de confidencialidad que prevé la ley para los cónyuges.
En el acta 243 del 20 de mayo de 2005, la Jutep aclaró: “En el sobre estaba incluido un segundo sobre, cerrado, que el doctor Vázquez afirmó que contenía la declaración jurada de su cónyuge. No fue abierto en consideración a que se invocó la reserva de confidencialidad reconocida expresamente en el instructivo pertinente”. El diario agrega, en base a una consulta al presidente de la Jutep, Luis Yarzábal, que este pedido se reiteró en el año 2015.
Consultado por Búsqueda, Yárzabal señaló que la Jutep ya aclaró en un comunicado que Vázquez actuó “con estricto apego a la legislación vigente” y recordó que “no hay ninguna ley” que establezca que la declaración jurada de su esposa deba ser difundida públicamente por esa institución. De todas formas, ayer miércoles de noche, ante un pedido realizado por Búsqueda, Presidencia divulgó en su página web el patrimonio de la primera dama (ver nota aparte).
Los medios y la transparencia.
En esa rueda de prensa en Tacuarembó, al presidente Vázquez se le preguntó si estaba de acuerdo con que los dirigentes políticos y legisladores hagan públicas sus declaraciones juradas. Vázquez cortó al periodista antes de que termine la pregunta. “Todos…”, le dijo. “Todos los que tenemos actividad pública importante”. Y enseguida ató su respuesta a los medios. “Por ejemplo, quién va a discutir la importancia que tienen los medios de comunicación en formar opinión, en su referencia tan importante y tan seria en la población. Creo que los dueños de los medios de información y sus cónyuges deberían hacer una declaración jurada de los bienes que tienen”, afirmó. “¿Quién se puede oponer a esto?”, se preguntó Vázquez. “Yo creo que nadie. Así que yo estoy en la línea de la máxima transparencia y claridad en estos temas”.
Varios líderes de la oposición consultados por Búsqueda cuestionaron esta salida del presidente. Para el senador colorado Pedro Bordaberry, Vázquez “se equivocó” y “tuvo un mal momento. Se equivocó primero en el análisis de las normas sobre declaraciones patrimoniales. Se equivocó después en la reacción de atacar directamente a los dueños de los medios de comunicación con la amenaza de obligarlos a publicar sus declaraciones patrimoniales y las de sus cónyuges”, afirmó. El líder colorado entiende que el presidente hizo estas declaraciones “enojado con lo que creía una información equivocada y que no lo era”.
Opinó que es “peligroso” que haya “amenazado nada más y nada menos que a los propietarios de los medios cuando una noticia no le gustó. Es de suponer que las normas se prevén en circunstancias generales y abstractas alejadas de enojos y amenazas que coartan la libertad de expresión. Lo que se dijo parece ser el camino que siguieron los Kirchner en Argentina, Hugo Chavez y Luis Maduro en Venezuela y el propio Rafael Correa en Ecuador. Un camino peligroso para la libertad”.
El senador blanco Luis Lacalle Pou también fue por esa línea. Dijo que lo de Vázquez instando a los dueños de medios a divulgar su patrimonio “no es un episodio aislado. Hace algunos años habló de medios opositores con nombre y apellido”. Lacalle Pou se refirió a lo que ocurre en gobiernos de la región. “En países como Venezuela y Ecuador han censurado y atacado a dueños de los medios de forma virulenta. Preocupa que la voz de los medios se intente amedrentar cuando lo comunicado no satisface al poder de turno. Alarma la liviandad con la que se trataba un tema delicado”, enfatizó.
Para el senador nacionalista Jorge Larrañaga se trató de “una reacción desproporcionada, de rasgo antidemocrático, dicha al amparo intimidante de tener el poder. Una simple amenaza”.
Pablo Mieres, senador del Partido Independiente, juzgó como “totalmente improcedente” la referencia de Vázquez a los medios de comunicación. “Es mezclar las cosas. Unas cosas son los jerarcas públicos, que tenemos cargos políticos y un deber de transparencia respecto a nuestro patrimonio. Y otra es el sector privado que funciona con sus reglas. Es una mala cosa que un gobernante se enoje con los medios de comunicación”. Para el senador independiente, “bancar” la información que dan los medios “debe ser el criterio en una democracia”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene sentencias que marcan jurisprudencia en ese sentido. “El control democrático de la gestión pública, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre su gestión, así como la participación ciudadana más amplia”, dice una de ellas, en el caso Tristán Donoso versus Panamá. “Los funcionarios públicos y quienes aspiran a serlo, en una sociedad democrática, tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la información a trave´s de su poder de convocatoria pública”, agrega. Otra sentencia de la Corte Interamericana —el caso Herrera Ulloa— dictaminó que “en una sociedad democrática, dada la importancia del control de la gestión pública a través de la opinión, hay un margen reducido a cualquier restricción del debate político o de cuestiones de interés público”.
“Absoluto respaldo”.
La Mesa Política del Frente Amplio, en tanto, emitió en las últimas horas una declaración en la que “reafirma su compromiso histórico con la ética y la transparencia en la función pública, y expresa su absoluto respaldo a los planteos realizados por el señor presidente de la República, Tabaré Vázquez, sobre el tema”. Javier Miranda, candidato a la presidencia del Frente Amplio, escribió esta semana una columna en la pagina Uy Press sobre el tema. La declaración pública del estado patrimonial de los presidentes y vices y de los candidatos a ocupar dichos cargos por cada partido “es una medida saludable”.
“Pero debemos analizar cuál es el objetivo de la misma. No es para conocer cuán rico o pobre es la persona, sino para saber si en oportunidad del ejercicio de gobierno vio incrementado su patrimonio en forma sospechosa”.
