Poco antes de que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, el expresidente de Antel, Andrés Tolosa, y otros exjerarcas de la estatal deban comparecer en Fiscalía para dar explicaciones sobre la la construcción del Antel Arena, una consultoría interna, cuyo contenido era hasta ahora desconocido, se suma al arsenal defensivo de los indagados.
“Dicen que esto es contra Cosse, (pero) es contra la administración de Carolina Cosse, de la que muchos son cómplices”. La frase se escuchó, en noviembre pasado, por medio de la voz potente del senador Jorge Gandini durante la atípica interpelación sobre el arena, a la que no asistieron los legisladores del Frente Amplio (FA).
Gandini habló entonces de “cobardía” de la bancada del FA por no ingresar al hemiciclo y de “corrupción”, mientras el ministro de Industria, Omar Paganini, y el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, fundaron las críticas a la megaobra en que se recurrió, en forma exagerada, a la reserva de las actuaciones y a la compra directa, además del cuestionamiento de fondo que formuló el Tribunal de Cuentas, que en voto dividido entendió que se había violado el principio de especialidad que dispone el artículo 190 de la Constitución.
Las interpretaciones no son unánimes. A favor de incluir al arena entre las atribuciones de una empresa de telecomunicaciones en competencia con privados están un informe del fallecido constitucionalista Alberto Pérez Pérez y el del asesor letrado de Antel, Matías Rodríguez, que no es frenteamplista como el excatedrático (Búsqueda N° 2.150).
Pero las nuevas autoridades no solo cuestionaron la legalidad, sino también la forma en que se hizo la obra y la diferencia entre la inversión anunciada y la que terminó concretándose, significativamente mayor.
“Seguramente nunca sabremos el precio justo de las cosas”, afirmó el nuevo presidente de la empresa. En sala y en la red social Twitter, Gurméndez hizo mención a una auditoría interna “express” dispuesta por el presidente saliente Tolosa, en enero de 2020, cuando ya se sabía que el Frente había perdido las elecciones y por lo tanto debía ceder el control de la empresa.
“Dicha ‘auditoría express’ interna se entregó después de la fecha en que se decidió contratar una auditoría externa. Esta no concluye sobre los temas que fueron su objeto, no concluye sobre la integridad de los expedientes y no maneja los montos efectivamente ejecutados”, tuiteó Gurméndez el 17 de noviembre desde el Parlamento.
Sin embargo, la lectura del expediente permite comprobar que el informe donde se analizaban las compras fue elevado en julio, mientras que la decisión de contratar una auditoría externa se tomó en agosto, y que además aporta un análisis detallado de cada compra, incluyendo los precios presentados por varios oferentes.
Unas semanas antes de que Cosse, Tolosa y otros funcionarios que tuvieron participación en las decisiones comparezcan ante el fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez, que tiene a cargo la investigación de la denuncia presentada por las nuevas autoridades de Antel, Búsqueda obtuvo el expediente completo de la auditoría interna, un documento que hasta ahora no fue incorporado a la investigación penal pero que fuentes de la oposición indicaron que será presentado a la Fiscalía.
“Ambiente de control adecuado”
Según surge del expediente 2020/00227, la iniciativa de realizar una auditoría interna sobre la obra en Villa Española se formalizó el 20 de enero de 2020 mediante un escrito elevado a Tolosa por la abogada y escribana Susana Peruzzo, entonces gerenta de la División Auditoría.
Seis meses después, el 30 de julio, Peruzzo comunicó al nuevo presidente Gurméndez que “se realizó el análisis de todos los expedientes vinculados a las compras para la construcción de la obra” con el objetivo de “verificar la integridad de la información en el proceso de compras (…), así como corroborar que se encontrara disponible la documentación que respaldara cada compra”.
La gerenta, con base en el trabajo de un equipo dirigido por dos auditoras, informó al directorio que después de analizar todas las compras “se observa un ambiente de control adecuado y una planificación adecuada de las compras y etapas analizadas” y destaca que “el asesoramiento obtenido a través de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) apuntó, entre otras cosas, a esa adecuada planificación y posterior gestión”.
El informe de Peruzzo resalta que PwC participó en el proceso de adjudicación del principal proveedor, señalando que “Antel instrumentó un procedimiento de selección competitivo, específicamente diseñado para la oportunidad, el cual buscó compatibilizar el mejor interés de Antel con los principios generales de contratación administrativa”.
Las auditoras expertas responsables del equipo fueron las contadoras Claudia Maslach y Ana Carina Maerro, según consta en el informe clasificado como reservado, recibido por Gurméndez el 20 de agosto de 2020 y devuelto a la secretaría general de la empresa, aunque el expediente completo de la gerenta recién fue elevado el 16 de octubre.
Las fechas son bastante cercanas, porque el directorio, aunque debió tener conocimiento del resultado del trabajo de auditoría interno, aprobó el 12 de agosto el pliego para contratar una consultoría externa, que se concretó el 24 de setiembre.
Consultoría externa
El 21 de diciembre de ese año, el contador Marcelo Caiafa, socio de la consultora Ecovis, presentó un primer informe ejecutivo de su trabajo externo y llegó a conclusiones bastante diferentes a las de sus colegas de Antel.
Entre tanto, la oposición frenteamplista había asumido su cargo en el directorio, que al principio iba a ocupar el ahora formalizado por abuso de funciones en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, Nicolás Cendoya. El trabajo de Ecovis motivó un análisis crítico del nuevo director frenteamplista Daniel Larrosa (Búsqueda N° 2.151), que también discrepó con el dictamen de la Junta de Transparencia y Etica Pública (Jutep) basado en el análisis de un consultor sobre el informe de Ecovis.
Según el economista Larrosa, el trabajo de Ecovis no constituye una consultoría. Al tiempo que señala supuestos errores técnicos, como sumar los costos financieros y mezclar gastos e inversiones, destaca que la administración de su partido actuó en cumplimiento del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, que habilita las compras directas y la reserva para las empresas en competencia.
Larrosa también advierte que Ecovis no considera el valor de la marca. “Los derechos de denominación —recuerda— son reconocidos e incluidos como ingresos en los estados contables de Antel de los años 2019 y 2020, que fueron auditados y validados respectivamente por Pricewaterhouse y KPMG”.
A su vez, reprocha a Caiafa su adhesión al Partido Nacional. La propia Cosse declaró que se trató de “una pseudoauditoría”. Para complicar más las cosas, el integrante comunista de la Jutep no puso objeciones al dictamen de ese organismo que preside la cabildante Susana Signorino, a pesar de que es muy crítico con el desempeño de la actual intendenta de Montevideo, y debido a eso su partido le pidió la renuncia al organismo.
En Antel también hubo movimientos. Peruzzo, que elevó el informe sobre las compras, fue cesada del cargo de gerente de la División Auditorías por Gurméndez y desde mayo del año pasado está en pase en comisión en la Intendencia de Montevideo.
