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La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) resolvió clausurar por 60 días a la empresa de aviación Air Class y la obligará a recertificarse luego de ese plazo para que pueda volver a operar. Además dispuso multas económicas para varios de sus funcionarios y gerentes.
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El fallo es producto de la investigación que se desencadenó luego de que uno de los aviones de la empresa se estrellara en el Río de la Plata el 6 de junio de 2012, causando la muerte de sus dos pilotos. Ahora resta esperar la resolución judicial, que puede concluir con el procesamiento de los dueños de la empresa por las omisiones e irregularidades que constató la investigación técnica de la dependencia del Ministerio de Defensa.
Las conclusiones del dictamen de Dinacia, al que accedió Búsqueda, dicen que “surgen plenamente comprobadas irregularidades y faltas cometidas tanto por la empresa Air Class” como por gerentes, pilotos, mecánicos y talleres. Las irregularidades y omisiones constatadas en la confección de los registros técnicos de vuelo (RTV) “permiten concluir la existencia de directivas expresas” de la empresa y de “una absoluta falta de control” al detallar las fallas constatadas en los vuelos, así como otros datos del viaje.
El fallo agrega a su vez que “lo detectado en los RTV afecta gravemente la seguridad operacional impidiendo el adecuado control y mantenimiento de las aeronaves por parte de la autoridad aeronáutica, así como por el personal de la empresa”. Además detalla que se identificó un control paralelo de fallas, que no se registraron 50 vuelos, y que la empresa incurrió en falta al no presentar la documentación que le fue solicitada en su totalidad y que debería estar en su poder.
“Resulta inadmisible sostener, como lo hace la empresa Air Class, que las omisiones constatadas por la autoridad respecto a los RTV refieren a temas meramente administrativos, resultando probado por la investigación tanto su gravedad como que eran sistemáticas”, expresó el dictamen de Dinacia.
Por estas consideraciones, en el final el dictamen expresa que “corresponde disponer las remisiones de estas actuaciones a la Justicia penal competente en virtud de existencia de hechos y omisiones que podrían constituir delitos”.