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Las estadísticas en torno al Estado como empleador mejoraron en los últimos años, pero las autoridades entienden que son insuficentes para poder gestionar adecuadamente un recurso que insume más de un tercio de todo el gasto presupuestal. Se sabe que en 2019 eran casi uno de cada cinco ocupados en el país, aunque la proporción es mayor si se contabilizan además los vínculos laborales en las entidades de derecho público no estatal y en las sociedades en las que los entes son accionistas principales. Se conoce menos sobre los salarios y los cientos de modalidades de compensaciones que se pagan. Y aunque la ventanilla electrónica de postulaciones trajo más luz sobre las “altas”, en torno a las “bajas”, y en particular sobre los procesos de destitución, entienen que faltaba un seguimiento.
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Los datos sobre los ceses de empleados públicos en lo que va de 2020 muestran que lo que más se repite —en particular entre los policías— es el “abandono” del cargo, a veces por muchas inasistencias o por no adaptarse a la tarea, así como la “ineptitud”. Pero hay situaciones más graves: un funcionario del Banco de Previsión Social que cobraba por gestionar pensiones; la “omisión de denunciar la violación de un menor a su cargo” en el INAU; la “relación con (una) alumna” en el Consejo de Educación Técnico Profesional-UTU; media docena de casos relacionados con “estupefacientes”; tres por violencia doméstica; y alguno por “hurto”, “contrabando” e “indisciplinas varias”, por ejemplo.
En las nueve sesiones que tuvo este año la comisión encargada de pronunciarse sobre las propuestas de destitución efectuadas por los organismos estatales —presidida por el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos— se trataron casi 70 casos: el grupo aconsejó quitar la calidad de funcionario público a casi todos (en cuatro, por la vía de “desinvestir”, es decir el cese derivado de una sentencia penal); solo en tres sugirió no destituir.
Ramos comentó a Búsqueda que se encontró con debilidades en el seguimiento de estos procesos disciplinarios e instruyó medidas para cambiar eso. “Dimos la orden a los organismos de que se haga la trazabilidad del expediente; se seguía la información jurídica y no se procesaban los datos sobre la destitución”. De hecho, en cuanto a las causales, aseguró que no había un detalle estadístico, lo que impide interpretar las 711 destituciones que ocurrieron en 2019 (más otros tres que no eran empleados públicos propiamente), según reportó al Parlamento la ONSC a partir de la información proporcionada por cada organismo. Además, dijo el jerarca, ese dato “no tiene un 100% de precisión”.
Una planilla con las nuevas estadísticas de 2020 generadas a partir del trabajo de la Comisión Nacional del Servicio Civil que obtuvo Búsqueda desglosa —sucintamente— las razones que llevaron a cada organismo a proponer el cese de algún funcionario (los casi 70 hasta ahora).
Entre los 38 casos presentados por el Ministerio del Interior, además del abandono del cargo por diferentes circunstancias y “estupefacientes” —el consumo propio, básicamente—, figuran por ejemplo varias surgidas del ámbito carcelario: “malos tratos” y “golpiza” a reclusos; la “relación” con privados de libertad; el ingreso de productos al recinto e “irregularidades financieras”. También se sustanció una “desinvestidura” por cohecho y otra por homicidio.
Las inasistencias o salidas injustificadas del lugar de trabajo son otro motivo frecuente de destitución esgrimido por los organismos. En lo que va del año, hubo un caso en Ancap, tres en la Administración de Servicios de Salud del Estado (por 12, 18 y 35 faltas en un año), o situaciones como la de un funcionario de Secundaria que “no marcaba inasistencias”, pero cobraba el presentismo. Y otro más osado de OSE que se “retira a gimnasio en horario de trabajo”; ese ente también gestionó dos destituciones por habilitar una “conexión irregular” del servicio de agua.
En UTE, los pedidos de baja del funcionario fueron dos por “omisión de deber de asistencia” y un tercero por “vínculos con empresa proveedora”. En Salud Pública hubo una situación similar; el registro de la comisión consigna una “superposición de tareas con actividad privada”.
De la Dirección Nacional de Aduanas figuran dos casos por “falta de control aduanero”.
Desde la Intendencia de Paysandú se tramitó una “desinvestidura”, luego que la Justicia sentenció al funcionario involucrado a raíz de un delito sexual.
En lo que va de transcurrido de 2020 fueron 17 los organismos que promovieron desvinculaciones de empleados.
“Mito”.
Para Ramos, es un “mito” la cuestión de la inamobilidad y que no se destituyen funcionarios públicos (aunque en la cantidad de “bajas”, son más importantes el “fin del contrato”, la “jubilación” o la “renuncia”, por ejemplo). “No quiere decir que por bajo rendimiento no sea difícil hacerlo, pero lo flagrante” tiene casi siempre ese desenlace, sostuvo. “Hubo algún caso polémico que llevó dos sesiones enteras de la Comisión Nacional del Servicio Civil; se trabaja a mucha conciencia y con gente con peso en un proceso muy garantista. Hay que preservar este tipo de estructuras institucionales” y eventualmente replicarlas para reforzar la “meritocracia”, consideró. Actualmente es presidida por él e integrada además por Felipe Rotondo (grado cinco en Derecho Administrativo de la Universidad), Viviana Pérez (asesora letrada del Banco Central y catedrática en Derecho Administrativo), Ariel Sánchez (subdirector de la ONSC), Natalia Jordan (abogada, asesora de la Dirección de Servicio Civil) y Luis Costa (en representación de la Confederación de Funcionarios del Estado).
Este intento por desarrollar una “trazabilidad” de los trámites de destituciones es parte de un enfoque más amplio de mejora de la gestión pública. El director de la ONSC está obsesionado con disponer de mejores estadísticas —un “sistema de información para generar inteligencia”— en torno al Estado que ayuden a planificar y tomar decisiones.
“Hay que empezar a producir información”, afirmó. “Lo único” que hay ahora acerca del servicio civil es la información sobre presentismo que aporta el software del Sistema de Gestión Humana, además del Registro de Vínculos con el Estado que se divulga una vez al año con cada Rendición de Cuentas. Del último informe surgió que a fin de 2019 había 312.878 (Búsqueda Nº 2.078).
La intención es “convertir lo que es hoy un trabajo en planillas Excel en una unidad de datos” en la órbita de la Presidencia de la República —de la que depende la ONSC— en la que trabajarán especialistas en data science junto con los informáticos, adelantó. Será un nuevo “sistema de información integrada del Estado” en el que confluyan distintos módulos de datos relacionados con los empleados públicos y otros vínculos: remuneraciones —“que hoy nadie las tiene centralizadas”—; la “trazabilidad del funcionario” (el legajo, la capacitación, acreditaciones, ascensos, concursos, movimientos entre organismos)”, que ayudará al diseño de una nueva carrera funcional; y la evaluación de desempeño. “Somos el principal empleador del país y debemos tener una unidad de datos superpotente”.
