PIT-CNT festeja su “gol” y cámaras ven con cautela posible fondo de insolvencia patronal

Trabajo y Seguridad Social (MTSS) evalúa “varias ideas” a partir de dos lineamientos: no aumentar las cargas empresariales e impedir que el fondo sea utilizado de forma fraudulenta, dijo el informante. Para el primero de esos objetivos una posibilidad sería la de “redistribuir” ciertas cargas impositivas que ya existen. Por ejemplo, bajo el entendido de que se generaría “una nueva prestación de seguridad social”, el fondo podría nutrirse de parte de los aportes patronales que llegan al Banco de Previsión Social (BPS). Por ley, cada empresa vierte el equivalente a 7,5% del salario del trabajador a ese organismo previsional. De hecho, en declaraciones a radio Sarandí Murro adelantó que sería el BPS quien administre el fondo que cubriría “una parte importante” de las deudas salariales generadas tras una situación de insolvencia patronal.

Por otro lado, según dijo la fuente de Búsqueda, para evitar un uso indebido del fondo se apuntaría a seguir los lineamientos del convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde, entre otras cosas, se define como insolvencia “aquellas situaciones en que se ha abierto un procedimiento relativo a los activos de un empleador, con objeto de pagar colectivamente a sus acreedores”. El texto agrega que cada país puede extender el término a “otras situaciones en que no puedan pagarse los créditos laborales a causa de la situación financiera” del empresario.

Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, dijo a Búsqueda que la decisión de Murro de crear el fondo de insolvencia empresarial es un “gol” de la central sindical, que lo había impulsado. Acotó que no han discutido ningún detalle con el gobierno y que, a priori, piensa que debería ser financiado por las empresas aunque no descarta que se busquen otras formas de hacerlo.

Inquietud

empresarial

“Queremos impulsar el fondo de garantías laborales para la insolvencia patronal. Para cuando desaparece una empresa o se cierra, y los trabajadores se quedan sin cobrar”, explicó Murro en la cadena del 1º de mayo.

Según su anuncio, el Poder Ejecutivo “aprovecharía” una iniciativa parlamentaria presentada en 2015 por dos diputados del oficialismo y enviaría un nuevo texto “que no aumente los aportes patronales pero que sí genere un fondo con administración, donde haya un control”. Por allí pasan las preocupaciones centrales de los empresarios.

Asesores de las cámaras que integran el Consejo Superior Tripartito se reunieron el viernes 4 para intercambiar ideas y estrategias de posicionamiento sobre este asunto y para hablar sobre la nueva ronda de los Consejos de Salarios.

Consultado por Búsqueda, el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, el financiamiento del eventual fondo de insolvencia no debería engrosar los costos de las firmas, porque se seguiría afectando la competitividad. Sugirió que los trabajadores paguen una especie de “seguro” para cubrirse ante la posibilidad de insolvencia del empleador.

Advirtió sobre el riesgo de “algún empresario vivo” que cese su actividad y se vaya, dejando deudas laborales impagas. Por eso, comentó, habrá que tener cuidado con la reglamentación y funcionamiento de un fondo de este tipo.

El titular de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Julio Lestido, planteó que es preciso ser “cauto” y esperar a conocer el proyecto del gobierno. Igualmente expresó sus reparos: “Si un mal empresario no cumple con sus obligaciones, ¿por qué tendría que pagar el resto?”.

Analizó que aunque este instrumento rija y funcione en otros países, no tendría sentido replicarlo en Uruguay. “Por algo no copiamos la nueva legislación laboral brasileña” que entre otras cosas flexibilizó los despidos, ironizó en diálogo con Búsqueda.

Antecedentes

En setiembre de 2015 dos diputados del oficialismo presentaron un proyecto de ley para crear un fondo que cubriera los créditos laborales cuando el empleador fuera insolvente y que incluía también a personas públicas no estatales. La iniciativa se encuentra aún a estudio de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados.

Su financiación preveía la creación de una contribución especial de 0,5% que grave a todos los empleadores de la actividad privada. También prevé multas en caso de incumplimiento. En el marco de la discusión en el Parlamento, el Ministerio de Economía se había pronunciado en contra de aumentar los aportes empresariales con este fin.

El proyecto propone que el fondo sea administrado por el BPS y ejecutado por un órgano de integración tripartita dependiente del MTSS.

Se garantiza hasta un monto máximo de 105.000 unidades indexadas a la inflación (unos US$ 14.000). El fondo operaría cuando la empresa en crisis no contara con bienes suficientes como también frente a un cierre definitivo, en caso de fallecimiento del empleador —siempre que sus sucesores no siguieran la actividad o fuesen insolventes—, o cuando el empresario hubiera abandonado el país o se desconociera su paradero. Se excluía del cobro de adeudos por esta vía a los directores, gerentes generales, o trabajadores vinculados al empleador por afinidad o consanguinidad.

Según dijeron a Búsqueda en la OIT, en la región no hay experiencias en esta materia, aunque sí funcionan fondos para proteger al empleado frente a la eventualidad de un despido.

En cambio, en España funciona un Fondo de Garantía Salarial para atender casos de insolvencia patronal que opera como un organismo autónomo dentro del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Se financia con el aporte de empresas públicas y privadas en un porcentaje similar al que corresponde para cubrir los seguros de accidentes de trabajo, enfermedad profesional y desempleo. Con límites según el tamaño de las compañías, este fondo garantiza el cobro de los salarios e indemnizaciones por despido que se encuentren pendientes de pago tras la declaración judicial de insolvencia o concurso de un empresario.