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Pese a que consideró que había elementos para pedir el procesamiento del edil blanco Rodrigo Blas y otras tres personas por el delito de defraudación tributaria, el fiscal especializado en Crimen Organizado Luis Pacheco solicitó el archivo de la causa.
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Pacheco fundamentó su decisión en una instrucción general aprobada por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que dispuso que había que archivar los expedientes que cumplieran ciertas características.
La Dirección General Impositiva (DGI) presentó en setiembre del 2014 una denuncia contra Blas, edil blanco en Maldonado, y cinco personas por el delito de defraudación tributaria, tras constatar irregularidades en la venta de padrones en ese departamento.
Pacheco escribió en su dictamen que había “elementos de convicción suficientes para entender acreditada la veracidad de la denuncia presentada y la comisión de hechos con apariencia delictiva” cometidos por tres de los denunciados. Añadió que “eventualmente solicitaría un procesamiento sin prisión preventiva” por esa causa.
Sin embargo, sobre el final de su dictamen el fiscal explicó que pedía el archivo porque no podía “apartarse” de la instrucción general de la Fiscalía.
La instrucción aprobada por Díaz dispone terminar las causas “que se encuentren en etapa presumarial con más de un año de duración y en las que, por carecer de antecedentes judiciales el indagado por el tipo de delito que se instruye, eventualmente recaerá procesamiento sin prisión”.
Esa instrucción excluía una serie de delitos que por “interés público” debían seguir siendo perseguidos por el Ministerio Público pese a que se cumplieran las condiciones para el archivo. En la lista inicial, sin embargo, no estaba la defraudación tributaria. Esa figura se incluyó en una instrucción posterior, cuando la indagatoria sobre Blas ya había terminado, según Pacheco.