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Pago de beneficios sociales con plata en efectivo alienta delitos
La “ley de inclusión financiera” puede generar los incentivos necesarios para que más personas cobren las Asignaciones Familiares mediante tarjetas, estima el investigador Ignacio Munyo
Los beneficiarios de los programas sociales que acaban de cobrar en efectivo la prestación terminan por ser objetivos especialmente atractivos de potenciales delincuentes. Eso comprobaron los economistas Fernando Borraz e Ignacio Munyo a partir de los pagos de las Asignaciones Familiares, que si llegan a las manos de los beneficiarios en forma de billetes producen un incremento de 1,5% en los hurtos y rapiñas.
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Su investigación se conoce en momentos en que está en sus primeras etapas de implementación una ley —conocida como de “inclusión financiera”— que, entre otras cosas, desalienta el uso de dinero en efectivo y estimula el empleo de tarjetas de débito, crédito o instrumentos electrónicos análogos buscando reducir costos en las transacciones y elevar la formalización. Otro efecto esperado por las autoridades es que baje la delincuencia por la menor circulación de billetes.
Borraz es funcionario del Banco Central y docente de la Universidad de la República, mientras que Munyo dirige el Centro de Economía, Sociedad y Empresa de IEMM Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Para su estudio utilizaron estadísticas policiales (denuncias de hurtos y rapiñas reportadas en Montevideo entre abril de 2005 y diciembre de 2010), información del Banco de Previsión Social-BPS que paga ese subsidio y del Instituto Nacional de Estadística sobre la fecha y monto de cada pago en el mismo período. También consideraron la situación socioeconómica de cada hogar beneficiario, la escolaridad, los ingresos laborales y la vivienda.
Las Asignaciones Familiares surgieron en 1942 y constituyen una prestación brindada por el BPS a los hijos o menores a cargo de trabajadores, siempre que tengan ingresos que en la actualidad no superen los $ 28.910. En el marco del Plan de Equidad, en 2008 se amplió el universo de beneficiarios —con la exigencia de que los niños y jóvenes cursen la enseñanza formal y reciban atención médica—, se elevaron los montos del subsidio y se empezaron a abonar mensualmente.
Los que cobraban Asignaciones eran en 2013 unas 500.000 personas.
El monto de la prestación oscila entre $ 300 y $ 1.400, según la edad del niño o joven, entre otras variables. En 2013 el BPS abonó $ 280 millones al mes, en promedio, por estos subsidios, según datos de ese organismo.
Según la investigación, en promedio, por cada 1.000 beneficiarios de Asignaciones Familiares se producen casi cuatro robos extra por mes en los barrios que comprenden una seccional policial de Montevideo.
Estos resultados sugieren que el pago en efectivo de las transferencias, en lugar de reducir los incentivos al delito por aumentar el ingreso de los beneficiarios, “muchas veces termina siendo el botín de los hurtos y rapiñas que se producen con mayor intensidad en aquellos barrios de Montevideo en donde más se abonan Asignaciones. Los beneficiarios que acaban de cobrar en efectivo la prestación terminan por ser objetivos atractivos para potenciales delincuentes”, dijo Munyo a Búsqueda.
Esta constatación está en línea con lo que arrojan estudios internacionales en criminología en el sentido de que el dinero en efectivo juega un papel relevante en el fomento de los delitos y la violencia, debido a su liquidez y anonimato transaccional. Una reciente investigación realizada en Estados Unidos mostró evidencia de que dejar de pagar las prestaciones sociales en efectivo y hacerlo con tarjeta de débito produjo una disminución notoria en la cantidad de crímenes observados en las calles, en la medida de que se redujo sustancialmente el dinero disponible para ser robado.
“Nuestros hallazgos tienen implicaciones políticas directas, poniendo de relieve la importancia de evitar los pagos en efectivo en las prestaciones sociales”, afirman los autores. “Afortunadamente, a partir de 2012 existe la posibilidad de que el pago de las Asignaciones Familiares se haga a través de una tarjeta en lugar de que sea en efectivo. Sin embargo, hoy, más del 85% de los beneficiarios siguen cobrando en efectivo. Con la ley de inclusión financiera se espera que se generen los incentivos necesarios” para que dicho porcentaje pueda bajar “de forma significativa”, comentó Munyo.