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Para evitar la inseguridad en Paso de los Toros, el Poder Ejecutivo analiza dónde ubicar a los trabajadores de la segunda planta de UPM
La ministra Eneida de León dijo que el Frente Amplio heredó de los gobiernos anteriores la “inversión” en madera y los daños que su transporte genera en el estado de las rutas
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Vecinos de Paso de los Toros y de Pueblo Centenario, las dos localidades de Durazno que más afectará la futura planta de UPM, tuvieron el jueves 1º la posibilidad de plantearles sus dudas a una delegación del gobierno que los atendió por casi una hora y media durante una reunión abierta. Aunque el foco estuvo principalmente dirigido al tema ambiental, la llegada masiva de personas foráneas al departamento también se puso arriba de la mesa por parte de algunos habitantes locales, preocupados por las consecuencias que pueden sufrir en cuanto a seguridad.
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“El Ministerio del Interior ya está planteando sus temas, y antes de que nosotros optáramos por el tema de dónde van a estar ubicadas las poblaciones, tanto las provisorias como las definitivas, se tomó en cuenta el hecho de que no tengamos grandes grupos de población instalados en un lado que afecten la convivencia como ocurrió en otros lados. Eso es algo que el gobierno está contemplando porque UPM puso en manos del gobierno la educación, la salud y la seguridad”, aseguró Eneida de León, quien encabezó el encuentro como ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
La segunda planta de pasta de celulosa de UPM prevé ubicarse cinco kilómetros al oeste de Pueblo Centenario y seis kilómetros al suroeste de Paso de los Toros, con efectos sobre Rincón del Bonete, Estación Chamberlain, Carlos Reyles y Baygorria, localidades que además de Durazno comprenden Tacuarembó. Se estima que la construcción de la obra demande entre 3.500 y 4.000 puestos de trabajo promedio durante 27 meses, con un pico de 5.200 personas en los períodos de mayor actividad y un máximo del 25% del total de las horas hombre ocupada por trabajadores foráneos a estos dos departamentos.
En el estudio de impacto ambiental que UPM presentó a la Dirección Nacional de Medio Ambiente en setiembre, la empresa alertó sobre los riesgos de seguridad que los nuevos pobladores pueden representar para la zona. “La presencia de personas foráneas puede motivar la aparición o el incremento de la prostitución, la venta y consumo de alcohol y drogas y, en general, la agitación de la vida nocturna y de comportamientos antisociales como delincuencia y violencia”, dice parte del informe (Búsqueda Nº 1.990).
Durante la reunión con las autoridades, un vecino se quejó específicamente de la ausencia del Ministerio del Interior en los estudios y las consultas que el gobierno lleva adelante en Durazno y Tacuarembó. “No es cierto”, respondió De León, quien antes había explicado la importancia que el gobierno le otorga al tema seguridad. “La ubicación de los trabajadores temporales, que llegan a ser 3.000 y algo y pueden afectar una zona, todos sabemos lo que significó en Fray Bentos o en Conchillas este tipo de intervención de industrias grandes. Tenemos esos antecedentes y nos está sirviendo mucho para controlar esto que puede ocurrir acá. Es la protección para que no ocurran hechos difíciles, hechos digamos de delitos, de tránsitos que afecten la población. Lo que sí es cierto que acá va a haber más trabajo, va a haber más población especialmente por un período de construcción”, afirmó en referencia a las otras dos fábricas de pasta de celulosa que operan en el país: la de UPM en Río Negro desde 2007 y la de Montes del Plata en Colonia desde 2014.
Este gobierno no inventó la inversión en madera
Al encuentro con vecinos y ediles locales, que se desarrolló en Tacuarembó, De León fue acompañada por una delegación compuesta por jerarcas de su cartera: el subsecretario Jorge Rucks y los directores de Medio Ambiente, Alejandro Nario, de Aguas, Daniel Greif, y de Ordenamiento Territorial, José Freitas. También estuvieron los intendentes de Durazno y Tacuarembó, Carmelo Vidalín y Eber da Rosa. Nario fue quien más habló, para informar sobre el estado ambiental del río Negro, las evaluaciones que el gobierno lleva adelante desde 2009 y las exigencias a UPM. Entre otras cosas, anunció la creación de una Comisión de la Cuenca del Río Negro para realizar un seguimiento a la calidad del agua.
Se estima que la construcción de la obra demande entre 3.500 y 4.000 puestos de trabajo promedio durante 27 meses, con un pico de 5.200 personas en los períodos de mayor actividad y un máximo del 25% del total de las horas hombre ocupada por trabajadores foráneos a estos dos departamentos.
La última media hora de la actividad fue dedicada a responder preguntas, y la primera de todas generó la reacción de la ministra De León, luego de que un asistente criticara al gobierno por “las concesiones económicas vergonzosas” que hizo a UPM y los daños que los camiones que carguen madera ocasionarán en puentes y rutas que ya están en mal estado.
“Estuvimos en tratativas con la empresa defendiendo la soberanía de este país durante un año y medio, y hoy nadie puede acusar a este gobierno de haber sido omiso con una inversión de este tenor”, señaló De León, quien responsabilizó el estado de las rutas a gobiernos blancos y colorados. “Se llegó a la conclusión de que era una inversión positiva mientras pudiéramos controlar los posibles efectos ambientales e inclusive se trataron los temas de tránsito, de camiones, de traslado de madera, que hoy son un problema en nuestro país porque este gobierno no inventó la inversión en, digamos, madera y en plantaciones de árboles. En definitiva, esto es algo con lo que tenemos que convivir y tenemos que mitigar, porque esa es nuestra función”.
