Ese jerarca enfatizó que “el objetivo que se busca es apalancar y no que la producción familiar viva o dependa exclusivamente de lo que le venda al Estado”. Eso de hecho “no es real” que pueda ocurrir, porque el volumen de compras públicas, “si bien puede parecer mucho, tampoco alcanza para el desarrollo de la agricultura familiar, cuya capacidad de producción es mucho mayor” que las adquisiciones de organismos públicos, argumentó.
El monto anual de las compras estatales es de unos U$S 50 millones, según datos de una consultoría encargada sobre el asunto por el gobierno, que detectó varias limitantes para el acceso de productores familiares a esas adquisiciones (ver Campo Nº 66).
El titular de Desarrollo Rural se manifestó “optimista” en cuanto a la posibilidad de que “se abaraten” las compras públicas, considerando las experiencias recientes en las adquisiciones de carne de cerdo y pollos por parte del Ministerio del Interior.
El monto de las compras de alimentos de esa cartera de Estado pasó de U$S 3,5 millones, en 2014, a U$S 4,2 millones, en 2015, y algo más de la tercera parte de eso corresponde a adquisiciones a cooperativas de productores de pollos, cerdos, harina y fideos, según datos publicados en su sitio web.
Eso “demuestra que es posible que el Estado compre productos de buena calidad y a precios inferiores a los que venía comprando y por otro, que los productores también pueden recibir un precio mejor”, consideró Olascuaga.
Señaló que eso debería ser “como un negocio de ganar-ganar, pero que no es difícil de hacer”. Y “el ejercicio de venderle al Estado puede poner en carrera a las organizaciones de productores para acceder a mercados más abiertos”, planteó.
Dijo que el “beneficio mayor a largo plazo es que esto va a conducir a las organizaciones de productores familiares a incursionar en aspectos que van más allá de la producción primaria o del abastecimiento de insumos”.
¿Y el productor?
El acceso al registro está restringido al productor que cumpla con la condición de “familiar”, que supone explotar un predio no mayor a 500 hectáreas, residir en su establecimiento o a menos de 50 kilómetros, contratar a un máximo de dos asalariados permanentes y que los ingresos nominales extraprediales no superen las 14 Bases de Prestaciones y Contribuciones, cuyo valor es de $ 3.340, según resoluciones del MGAP.
Las organizaciones habilitadas tienen que tener en su integración un mínimo de hasta un 70% de productores familiares y el marco legal establece que en cada oferta puntual al Estado hay que asegurar que el 50% provenga de la producción familiar.
“Que no se utilice este marco para que después terminen vendiendo los productores de mayor escala, que tienen ventajas por otro lado”, indicó el director de Desarrollo Rural.
Instó a las organizaciones de productores familiares a “interesarse, registrarse y empezar a pensar en planes de negocios con organismos del Estado, para ver qué pueden ver y a qué institución”.
Consultado sobre este asunto, el presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, Mario Buzzalino, dijo a Campo que el nuevo régimen de compras estatales “plantea algunas dificultades en los volúmenes de producción, porque hoy la logística está armada para que la producción se centralice en el Mercado Modelo, a donde va de todo y en cualquier época del año”. Mientras que ese esquema “es otra cosa, hay que planificar desde cero la producción hasta la distribución”, ya que requiere una planificación de las plantaciones en las variedades, las épocas de siembra y uniformizar la producción.
Coincidió con Olascuaga al señalar la necesidad de hacer “un trabajo enorme de las gremiales locales en la calidad, la inocuidad, el volumen y la logística”. “Uno de los mayores desafíos es el de la comercialización y distribución”, acotó el titular de esa gremial de productores con un perfil de explotaciones chicas y medianas.
Por fuera del nuevo régimen de adquisiciones públicas para la agricultura familiar, en los últimos años productores conformaron algunas cooperativas con el propósito de proveer formalmente de alimentos al Ministerio del Interior.
Ese fue el caso de un grupo de avicultores de Canelones que representan el 3% de los fasoneros de pollos y que producen el 1% de la producción sectorial, dijo a Campo el secretario de la Cooperativa de la Asociación de Fasoneros de Pollos Unidos, Daniel Pereyra, tras participar en el lanzamiento del Renaoh realizado el miércoles 22.
Impulsados por las ventas de pollos para los presos, esa agrupación planea instalar una planta de faena en un predio de ocho hectáreas, ubicado en San Jacinto, que le cedió el Instituto Nacional de Colonización. Será “muy chica pero de tecnología de punta que permitirá duplicar el volumen actual de producción para llegar a faenar a 2.000 pollos diarios”, comentó.
En cuanto a los precios que venden al MI, Pereyra contó que está en alrededor de $ 70 por kilo pago en 45 días, lo que es un valor un 20% inferior al del mercado.
Más allá del mecanismo de compras públicas y otras herramientas de apoyo al productor familiar el gobierno tiene previsto “profundizar en las políticas que apunten a la inserción competitiva de la agricultura familiar en las cadenas de valor”, señaló el titular de Desarrollo Rural.
Destacó la importancia de “producir más, en forma más intensiva y sustentable, en lo ambiental y social”, pero reconoció que “con solo eso no alcanza”.
“Hay que vender mejor, hay que lograr mayor ingreso por el producto que obtiene”, sugirió.
Planteó que eso implica acciones para “trabajar con las organizaciones de productores, mejorar la incorporación de tecnología, ir a procesos de comercialización conjunta”, entre otras.
Para ese jerarca, “la estrategia no pasa solo por hacer economía de escala para la compra de insumos, sino también para que sus productos lleguen a los consumidores, en circuitos cortos de comercialización”, consideró.
No es excusa
Al evaluar la aplicación de las políticas diferenciadas hacia la agricultura familiar implementadas desde 2005 por los gobiernos del Frente Amplio, Olascuaga dijo que la disminución de productores “comenzó en 1950, no es de ahora, ni de los últimos años, eso lo demuestran los censos realizados desde esos años”.
“Es una tendencia estabilizada en el tiempo y al comparar con otros países se ve algo similar”, señaló y admitió que “eso no sirve de excusa pero sí de contexto para analizar este tema”.
Y ante la interrogante de qué hubiera pasado si no se hubieran aplicado esas políticas, ese jerarca de Ganadería opinó que “probablemente, la disminución de productores habría sido mayor”.
La evolución histórica de la cantidad de productores en Uruguay fue de 68.362 (1980), 54.816 (1990), 57.131 (2000) y 44.781 (2011), según los censos agropecuarios del MGAP.
