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Preocupado por la persistente caída de la inversión y del empleo, y buscando recrear un “círculo virtuoso” de mayor crecimiento y creación de puestos de trabajo, el Poder Ejecutivo anunció un conjunto de medidas de estímulo, varias ya vigentes, otras en proceso de implementación y otras nuevas.
Ese “paquete” incluye la eliminación de la llamada “tasa BROU” a los exportadores y la extensión por un año de la devolución de impuestos a los sectores exportadores con problemas de demanda externa; medidas de estímulo para la industria automotriz; la reducción de 2% en el costo de importación de azúcar; la exoneración de tributos aduaneros para empresas que operando en zona franca utilicen una proporción significativa de materias primas e insumos nacionales (más del 80%) al volver a ingresar los bienes producidos a territorio no franco; beneficios fiscales a firmas de servicios globales que se instalen a más de 80 kilómetros de Montevideo; beneficios fiscales a las producciones audiovisuales; extensión del beneficio de la deducción íntegra en la liquidación del IRAE del costo de la obra para las nuevas edificaciones. Según destacó el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, “todas las medidas atienden necesidades” que fueron plantedas por representantes de cada uno de los sectores de actividad involucrados.
El hecho de que cada tanto haya que plantear la necesidad de dar “estímulos” fiscales para sostener determinada actividad o sector, es la muestra más acabada de que globalmente la economía no está funcionando como debería y exige serios problemas de competitividad y rentabilidad. Se genera además una enorme injusticia respecto a aquellos rubros que no son alcanzados por los beneficios que cada tanto otorga el gobierno, y que deben seguir, por tanto, soportando el costo del funcionamiento del Estado.
Pero estamos en época electoral y entonces la necesidad de “hacer algo” se acrecienta, por más que sin una corrección de los problemas de fondo el impacto de las medidas anunciadas difícilmente sea todo lo positivo que esperan las autoridades. Y queda el problema de cómo detener la contracción de los sectores de actividad que no reciben beneficios de ningún tipo, y que enfrentan un contexto doméstico y externo cada vez más complicado.
Un déficit fiscal anual que cómodamente camina a ubicarse por encima del 5% del Producto Bruto Interno para fines de este año, complica mucho más la situación. Porque sin un recorte sustancial del gasto público (algo que hasta que no se discuta el próximo Presupuesto quinquenal es muy poco probable), no hay forma de aliviar de manera importante los costos que el sector público les transfiere a los privados.
Además de la cuestión fiscal, hasta tanto no esté definida la política monetaria-cambiaria que utilizará el próximo gobierno, y hasta tanto no se sepa cuál será la forma en que se ajustarán los salarios a partir del año que viene, será muy difícil pensar que el sector privado estará dispuesto a invertir y a contratar más mano de obra.
Volver a un “círculo virtuoso” de mayor inversión, mayor crecimiento y mayor creación de nuevos puestos de trabajo requerirá de un cambio más general en la política económica: varios de los problemas estructurales que enfrenta Uruguay en términos de productividad, competitividad y rentabilidad de los negocios no se arreglan con estímulos puntuales. Solo se emparcha en el año electoral.
