Partido Independiente aprobó su programa para el 2014: plantea un “pacto entre políticos y burócratas” y un sistema parlamentario

En ese programa, la colectividad que encabeza Mieres plantea que es necesario hacer acuerdos políticos para “superar la lógica de confrontación”. En la introducción, se reitera la idea de instaurar un “régimen parlamentario” que “favorecería significativamente la consolidación de una cultura política fundada en acuerdos y entendimientos plurales”.

También se reclama que el gasto público mejore su eficiencia y que esté centrado en las “políticas educativas, de salud y seguridad”.

En cuanto a la reforma del Estado se señala que ha sido “más fácil proclamarla” que hacerla efectiva. Se propone “reforzar los centros de gobierno” —como Presidencia de la República, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina Nacional de Servicio Civil y Ministerio de Economía— en sus “capacidades para lograr la coordinación y coherencia de las políticas públicas”.

Otra propuesta tiene que ver con “reforzar y fortalecer el rol del Tribunal de Cuentas para que sus observaciones sean tenidas en cuenta por las jerarquías del Poder Ejecutivo”.

También se plantea reforzar la capacidad del Parlamento para realizar auditorías de gestión sobre los organismos públicos como se hace en los regímenes parlamentarios y en Estados Unidos.

Además se propone un “control, regulación y prohibición del desarrollo de sociedades anónimas de capital estatal”.

Pacto.

“Es necesario entonces pensar una reforma del Servicio Civil que modifique los estatutos de la carrera administrativa, apoyando un nuevo pacto entre políticos y burócratas que le dé sustento político a esa nueva realidad jurídica”, se dice en el documento. “En ese pacto, los políticos conceden ciertos derechos a la burocracia de carrera (relativa estabilidad en el empleo, un sistema de remuneraciones adecuado a las tareas que se desempeñan, protecciones jurídicas contra arbitrariedades que afectan el desarrollo profesional, filtración de información en caso que el funcionario detecte irregularidades y no sean atendidas por sus superiores, etcétera) a cambio de lealtad al gobierno de turno y sus objetivos de política (lo que no es lo mismo que apoyo político partidario”, se agrega en el texto.

Dentro de la reforma estatal, se propone que los funcionarios sean evaluados periódicamente sobre la base de “indicadores duros” de “gestión”, remuneraciones de una sola escala o columna vertebral, y que se promuevan ventanillas únicas que permitan “realizar muchos trámites en un solo punto de atención”.

En cuanto a la seguridad, se propone una reforma estructural del instituto policial. Se plantean cinco áreas especializadas: Policía ciudadana, para el mantenimiento del orden público y prevención de delitos; Policía judicial, con unidades especializadas en tráfico de droga y crimen organizado; Policía internacional; Policía científica para el servicio de identificación, análisis e investigación técnica; Policía de información e inteligencia para el tratamiento, análisis y desarrollo de la información necesaria para mantener el orden y la seguridad y prevenir actividad terrorista.

En materia de defensa, dentro de las Fuerzas Armadas, se plantea abandonar la antigüedad como criterio rector de promoción en la carrera. En el programa se afirma que “se debe promover perfiles profesionales que premien el ejercicio efectivo de la profesión, así como también la incorporación de competencias personales que definan un tipo de liderazgo militar más moderno, flexible e innovador”.

El PI afirma en el plan de gobierno que la “mejor política social de los dos gobiernos del Frente Amplio ha sido la política económica y, es más, en las políticas específicamente sociales sus avances, si bien en algunos casos han sido importantes, globalmente se pueden valorar como mediocres, por debajo de un nivel aceptable de eficacia”. Por eso se plantea mantener asignaciones familiares pero exigir el “efectivo cumplimiento de las contrapartidas de atención de salud y asistencia a la educación”, y establecer la posibilidad de dejar de cobrarla en caso de que las familias estén en condiciones de compensar ese ingreso.

En cuanto a la educación se vive una “verdadera tragedia nacional”, dice el PI en el documento. Por eso se plantea un cambio en su estructura y funcionamiento, “asignando las principales responsabilidades de la política educativa a las autoridades nacionales, contando con instancias de consulta a los distintos actores del sistema”. Se plantea fortalecer y dotar de progresiva autonomía la gestión de los centros educativos y dar a los directores la “capacidad de gestión de cada centro”.

Los independientes se muestran a favor de aumentar la inversión y el gasto en educación pero con condicionalidades: todo incremento debe asociarse a un determinado resultado a lograr y se deben efectivizar cambios en materia de roles, servicios e intervención.