Partidos negocian que la propaganda electoral en televisión sea gratuita

Mujica llegó ayer al mediodía, fuera de programa, a la Torre Ejecutiva junto a su esposa, la senadora Lucía Topolansky, para cerrar la actividad organizada por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Juntep) que preside el doctor José Pedro Montero y fue presentado por el vicepresidente de la institución, Luis Yarzábal.

Mujica dijo a Búsqueda que en las conversaciones entre los tres legisladores manejaron que el 74% de los gastos en una campaña electoral está compuesto por la propaganda en televisión.

Un estudio del investigador Rafael Piñeiro indicó que el Frente Amplio pagó una tarifa de televisión que llega al doble que otros partidos. 

Durante su intervención en el acto organizado por la Juntep, el ex presidente sostuvo que “es una verdad como piedra que ese dinero se lo lleva la caja de los tres canales privados” y que “lo demás son pavadas”, ya que el segundo rubro de gasto está compuesto por la impresión de listas. “Espero que algún día llegue el voto electrónico” dijo con ironía.

“Ley sin dientes”. 

Durante la presentación del libro, Pío, magíster en Derecho Administrativo Económico, afirmó que la normativa vigente (ley 18.485) es “una ley sin dientes” porque no dispone de herramientas de contralor para que la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas (TCR) la hagan cumplir. 

Uno de los problemas, explicó, es que “los partidos políticos no están obligados a rendir cuentas de cómo manejan los fondos en las elecciones internas y tampoco se fija un plazo” para que las rendiciones de cuentas se presenten antes que el elector decida su voto.

Pío mencionó también que “el candidato no tiene límites para donar” a su propia campaña, de tal forma que puede canalizar contribuciones anónimas y que la ley impide a los partidos recibir aportes de adjudicatarios de obras pero no de servicios.

Otra forma de contribuciones encubiertas, explicó, ocurre “cuando bancos perdonan deudas”.

Reproches cruzados. 

Durante la conmemoración en la Torre Ejecutiva, en la que estuvo presente el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, Bordaberry elogió el libro pero cuestionó que Pío sea al mismo tiempo asesor privado de licitaciones públicas y que trabaje como abogado en Presidencia de la República. “No es ilegal, pero no está bien”, afirmó.

Bordaberry se refirió también al cuestionamiento que se realiza en el libro al uso de los pases en comisión y reconoció que en su Secretaría tiene cinco y que uno de ellos es su chofer, que lo lleva cuando viaja por el país.

“Todos los partidos, sin excepción, utilizan esta figura, principalmente, para financiar verdaderos `militantes´ o `funcionarios de partido´, en la mayoría de los casos, con cargo a fondos públicos”, sostiene Pío en su libro, y opina que hay que revisar “este subsidio público indirecto” con “hartos abusos”.

Respecto a la regulación, vigente desde 2009, Pío dice en su libro que no existe igualdad de oportunidades “para candidatos, fracciones y partidos desafiantes” porque “el subsidio público —directo o indirecto— adquiere mayores niveles de dificultad”. Como consecuencia de ello, existe un “incentivo/necesidad de recurrir al financiamiento privado”.

Para Pío, “el sistema uruguayo puede caracterizarse por tener niveles de transparencia medios, débil órgano de contralor y no siempre la mejor colaboración del sistema político” y además “la Corte (Electoral) es un órgano pour la galerie”. 

En la presentación del libro, el senador Delgado recordó que la Corte no puede cumplir con la ley vigente “porque tiene un solo contador” y que el Presupuesto votado limita esa función. También sostuvo que las empresas del Estado que trabajan en el marco del Derecho Privado eluden cumplir con las normas dispuestas por el Tocaf y que eso debe ser revisado.

Xavier, que fue la primera en hablar, se mostró a favor de “reducir al máximo la financiación privada” de los partidos y recordó que el Frente Amplio solventó su actividad desde el comienzo con el aporte de los votantes en lugar de recurrir al Estado o a los empresarios.

“Aprendieron rápido”, dijo a su turno Bordaberry y recordó una publicidad de Ancap cuestionada como presunta propaganda encubierta.

El uso de las empresas públicas como soporte propagandístico del oficialismo fue criticado también por el diputado González, de la UP.

Posada coincidió en que la ley que regula la financiación de los partidos “es muy débil”, que cumple con formalidades pero no penalizaciones.

Mientras Bordaberry dijo que “las balas están picando cerca”, con relación a la corrupción en los países vecinos, Yarzábal recordó que Uruguay y Chile siguen siendo los mejor ranqueados en el continente (puesto 21 mundial, en el que el mayor grado de corrupción es 100), pero al mismo tiempo los menos transparentes después de Venezuela y Paraguay.