Pavadas contagiosas del gobierno

Se acerca la discusión sobre la derogación del delito de “abuso de funciones”. El artículo 9º (Principio de Legalidad y de Retroactividad) de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), dice: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. Fue ratificada en 1985 y se integró al derecho interno.

Ante el pedido de procesamiento para el ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y para el presidente del Banco República, Fernando Calloia, el oficialismo “descubrió”, luego de décadas de vigencia, que es un delito genérico y demasiado abierto.

Topolansky propone eliminarlo sin retroactividad para evitar “suspicacias (…) y hacerlo entrar en vigencia desde su promulgación en adelante”. Jurídicamente hemipléjica, remarcó en El Espectador: “Para los que tengan sospechas queda claro que (la derogación) es de ahora en adelante, y punto”. Apuntó, disparó y mató al sentido común y al derecho penal liberal y democrático.

No es una propuesta de Juana de los Palotes. Es la primera senadora de la República que, además, pretende ser candidata a la Vicepresidencia, conducir los debates legislativos y sustituir al primer mandatario cuando corresponda.

Si se votara como pretende, los eventuales procesamientos de Lorenzo y Calloia quedarían sin efecto. Uno de los principios generales del derecho establece que la ley penal más benigna siempre es retroactiva. No basta con que por impulso de brutal ferocidad o analfabetismo jurídico diga: “es de ahora en adelante, y punto”. Según el catedrático de Derecho Penal Miguel Langón, esos principios “no se pueden hacer un chicle” y “la opción es, o se deroga y es retroactivo, o no se deroga”, según dijo en “El Observador”.

Es similar lo que señaló el ex senador socialista José Korzeniak, catedrático de Derecho Constitucional: “Si se deroga no se puede procesar a nadie, ni a Lorenzo ni a Calloia, porque (el delito) no existe más”.

¡Brillante Max Weber cuando afirmó que el progreso de occidente respecto de oriente fue “la ley” porque representa la previsibilidad! Pero claro, hay que conocerla e informarse. No alcanza con decir pavadas a la marchanta.

Es preocupante que una gobernante de primera línea proponga tal dislate sobre un tema de la mayor trascendencia jurídica, política e institucional. Especialmente cuando ella ha esgrimido el razonamiento contrario. Ahora gira 180º y propone una ley inconstitucional sin consultar a especialistas, porque de lo contrario se hubiera mantenido callada.

A mediados de enero el presidente José Mujica expresó en su audición radial “dolor y angustia por tanta pavada que se habla que no hace a la vida de la gente”. Un melodrama del mayor fabricante de pavadas.

La semana pasada, mezclando pavadas con venganza, el Poder Ejecutivo descalificó en Ginebra al Poder Judicial ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) por haber trasladado a la jueza Mariana Mota.

El informe, avalado por Mujica, afirma que el traslado tuvo una “importante repercusión sobre la opinión pública”. Tramposamente, omite decir que la repercusión pública se originó por la “asonada” de energúmenos oficialistas ante la pasividad alentadora de la propia Mota allí presente: coparon la Corte para impedir su traslado y terminaron procesados. Fue una violación a los derechos humanos de las que rechaza la ONU. Como advirtió el lunes 3 al asumir el nuevo presidente de la Corte, Jorge Larrieux: ese y otros ataques contra el Poder Judicial intentan “desvalorizar al sistema democrático”.

Varios legisladores oficialistas que no pueden alejarse del totalitarismo rechazaron los dichos de Larrieux y el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, que asistió con Mujica a la asunción, dijo con liviandad que no hay que tomar las cosas “con dramatismo”. ¿Cómo calificar entonces lo que expresó en Ginebra en nombre del gobierno? ¿Una comedia? ¿Un juego adolescente de poderes?

Si la arbitrariedad y el desconocimiento de la ley que el gobierno le atribuye a la Corte respecto de Mota es tal, lo dirá, como corresponde en un Estado de derecho, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ante el cual la jueza recurrió.

En la pareja presidencial, las pavadas son una constante que contagia a su entorno y serían candidatas firmes, si existiera, a un Premio Nobel de tonterías, estupidez, necedad e ignorancia.