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    Penalización

    En Nueva Zelanda, el presidente de su Banco de la Reserva (Central) puede ser destituido si la inflación se desvía de las metas que acuerda con el Ministerio de Finanzas. El compromiso vigente firmado por ese jerarca, Graeme Wheeler, establece que la tasa anual de aumento de los precios minoristas deberá oscilar en torno a 2% a mediano plazo, dentro de un rango de 1%-3%.

    En 2013 cumplió: la inflación en todo el año fue 1,6%. “Wheeler da la impresión de no ser un tipo al que le guste mucho solo estar en el entorno (de la meta). Si él decide que se debe hacer algo, será hecho”, afirmó Cameron Bagrie, economista jefe del banco neocelandés ANZ.

    En Uruguay, donde también rige un régimen de metas de inflación, no está previsto un castigo para las autoridades económicas si las mismas se incumplen. De hecho, eso es lo que ha ocurrido en los últimos años y el desvío se mantiene en el inicio de 2014: el índice de Precios al Consumo quedó en 9,82% en los 12 meses a febrero, cuando el objetivo del gobierno es que se ubice entre 4%–6% (este rango pasará a 3%–7% desde junio).

    En un estudio publicado en 2003 los economistas Diego Aboal, Nelson Noya y Fernando Lorenzo —quien fue ministro de Economía en los primeros años del actual gobierno— defendían la conveniencia de adoptar un esquema de metas y planteaban que los directores del Banco Central deben ser “responsables por los errores o incumplimientos de tales objetivos. Se argumenta que el solo hecho de perder la reputación (la que tiene un valor monetario en el sector privado) es un incentivo lo suficientemente fuerte” para que esos jerarcas “tengan motivación para el cumplimiento de las metas. Pero el argumento de reputación se puede debilitar considerablemente, si los directores no perciben que sus ingresos futuros dependen en buena forma de la reputación que ganen en la conducción del Banco Central. Para lograr los incentivos adecuados para el cumplimiento de las metas, se puede pensar en penalizaciones a los responsables de la conducción del Banco Central por el no cumplimiento de los objetivos”.

    La Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay acomete al Directorio del organismo a enviar en marzo de cada año un informe escrito a la Asamblea General “rindiendo cuentas de su actuación”.

    Búsqueda procuró consultar a su presidente, Alberto Graña, pero la oficina de Comunicación Institucional del organismo contestó que el jerarca no hablará públicamente sobre el asunto de la inflación.