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Con el objetivo de “facilitar” su implementación y corregir “ciertos problemas técnicos”, el Ministerio de Trabajo (MTSS) elaboró un proyecto de ley alternativo introduciendo cambios a la cuota para la contratación de personas discapacitadas en empresas privadas que ya cuenta con media sanción en el Parlamento.
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El texto, al que accedió Búsqueda, modifica varios de los artículos ya aprobados en la Cámara de Diputados, además de incorporar algunos nuevos. Aunque se sigue exigiendo una cuota de 4% para el total de la plantilla en todas las empresas con más de 25 trabajadores, se incorpora un mecanismo de gradualidad según el tamaño de la firma y los años de vigencia de la ley. Así, el cumplimiento total del cupo mínimo se exigirá a los cuatro años de aprobación de la norma para todas las empresas de hasta 500 trabajadores. Algo similar sucederá con el pago de los aportes patronales.
Las cámaras empresariales habían ya reclamado una cuota menor que se aplicara a un universo más reducido de empresas. En marzo, el gobierno adelantó que se mostraba dispuesto a incorporar un mecanismo de gradualidad. Ahora, según el nuevo texto, las empresas con 50 trabajadores deberán cumplir con la contratación de hasta 1% de su plantilla durante el primer año de vigencia de la ley, 2% en el segundo y 3% en el tercero. Aquellas que tengan menos de esa cantidad de empleados deberán llegar a 1,5% en el segundo año de la ley y 2% en el tercero.
Por su parte, a las firmas con entre 150 y 500 empleados se les pedirá 2% del total en el primer año de aplicación de la ley, para luego crecer a 3% y 3,5%. Y en las más grandes la cuota del 4% deberá cumplirse para el segundo año de vigencia de la norma (partiendo desde 3%). En todos los cálculos se toma en cuenta la existencia previa de trabajadores con discapacidad.
Los aportes a la seguridad social que por estas personas deben hacer los empleadores se pagarán también escalonados: 25% durante el primer año de labor, 50% en el segundo y la totalidad cumplidos dos años de trabajo.
Además, se incorpora un mecanismo de despido. Mientras la decisión sea “motivada”, la firma deberá contratar a otra persona con discapacidad en los siguientes tres meses. “En caso de que el despido fuere inmotivado, el empleador deberá abonar un importe equivalente a seis meses de salario más la indemnización legal que corresponda”, según el nuevo texto redactado por el MTSS. El proyecto votado por Diputados establecía que el empleador no podía rescindir el contrato, salvo casos de notoria mala conducta, causa grave o incompatibilidad del grado de discapacidad con las tareas ejercidas.
Otros artículos se mantienen en el nuevo proyecto: se contempla una licencia extraordinaria y adicional a la reglamentaria de tres meses continuos o discontinuos, días de licencia para padres que adopten un niño con discapacidad, una licencia especial de 96 horas para atender a hijos con enfermedades terminales y sanciones para las empresas que incumplan con las disposiciones.
El texto fija un mecanismo de “empleo con apoyo” para “acceder, sostener y promoverse” en el puesto y que puede implicar desde adaptaciones en la tarea hasta la identificación de “compañeros mentores o apoyos naturales”. Mantiene la figura del “operador laboral” para garantizar un “buen proceso de preparación, obtención y mantenimiento” del trabajo, además de ejercer como “guía tanto para el empleado como para el empleador”.
Ratifica que la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad llevará adelante la inscripción de beneficiarios en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, mientras que el seguimiento de la ley lo hará una Comisión Nacional de Inclusión Laboral dentro del MTSS.
Respuestas.
En la última reunión del Consejo Superior Tripartito, efectuada el mes pasado con el objetivo de analizar las pautas que encabezarán la nueva ronda de negociación salarial, el Ejecutivo entregó el nuevo proyecto de ley a empleadores y trabajadores. Esta semana recibió sus comentarios.
Según las fuentes consultadas por Búsqueda, mientras que el PIT-CNT se mostró satisfecho, las gremiales empresariales realizaron algunas observaciones para “hacer viable” la implementación del nuevo proyecto.
“En principio compartimos los mecanismos que ayuden a insertar a la gente con distintas capacidades al mundo del trabajo”, explicó el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara. Pero consideró que “hay varios pasos para dar” antes de llegar a algo que “funcione”.
Murara se refirió a la necesidad de apoyo desde el sector público, que ya implementa una regulación similar, para conocer cuánta gente discapacitada está en condiciones de trabajar y con qué capacitación cuenta, por ejemplo. “Necesitamos información, un banco de datos”, alegó.
En 2013 una cuota similar se aplicó por ley a los organismos públicos. Sin embargo, la mayoría no alcanza el 4% de las vacantes fijado: en 2016 entraron 36 personas discapacitadas a la administración pública, lo que significó menos de 1% de los puestos que habían quedado disponibles (ver Búsqueda Nº 1.923).
Otras fuentes empresariales dijeron que el nuevo proyecto “mejora en algo” la iniciativa anterior, pero no de forma sustancial. Señalaron, por ejemplo, que el texto sigue apuntando a la contratación de personas discapacitadas “que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo” en empresas de más de 25 empleados. “¿Existe la cantidad de idóneos para todos los cargos que hay en el país?”, se preguntaron, y argumentaron que “hay trabajos que no se adecuan para esa población”.