Poder Judicial y gobierno acuerdan un presupuesto sin recortes y con recursos extra para la ley de género, que se implementará en 2024

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Nº 2085 - 20 al 26 de Agosto de 2020

escribe Victoria Fernández

Las autoridades de la Suprema Corte de Justicia llegaron a hablar de ninguneo. De que la situación era indigna, de que no tenían dinero ni para pagar las cuentas. Es que en las últimas leyes de Presupuesto aprobadas durante los gobiernos del Frente Amplio, el Poder Judicial no recibió ningún aumento de recursos y se vio obligado a ajustarse el cinturón.

Hoy el clima es otro. Pese a las dificultades económicas provocadas por la pandemia de Covid-19 y a la directiva de recortar 15% de los gastos, en la Corte destacan el “buen diálogo” con el Poder Ejecutivo y aseguran que las conversaciones para definir el proyecto de ley de presupuesto están muy bien encaminadas. De hecho, hay acuerdo en varios de los puntos claves de la propuesta que presentó el Poder Judicial.

En una primera reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, la presidenta de la Corte, Bernadette Minvielle y el director de los servicios administrativos, Marcelo Pesce, advirtieron que, si bien entendían la delicada situación financiera, los servicios del Poder Judicial se resentirían si se les recortaban recursos. Recordaron que desde hacía años no recibían aumentos y destacaron la eficiencia que lograron para implementar la reforma del Código del Proceso Penal (CPP). Además, subrayaron la necesidad de contar con más presupuesto para implementar la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género (Nº 19.580).

“Planteamos que teníamos un presupuesto imposible de abatir”, resumió Pesce a Búsqueda.

Los argumentos fueron de recibo y en las posteriores negociaciones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas, se acordó que en principio el Poder Judicial no tendrá recortes, informó el jerarca.

Según lo conversado, el plan del gobierno es mantener el presupuesto de 2020, que ronda los $ 7.500 millones (de los cuales $ 640 millones se destinan a gastos de funcionamiento, $ 149 millones a inversiones y el resto al pago de salarios).

Aunque se trata de una buena noticia para el Poder Judicial en un contexto de recorte presupuestal, será necesario seguir buscando ahorros para enfrentar la suba de los costos sin un aumento de recursos, dijo Pesce. “Tendremos que seguir mejorando el gasto”, añadió.

Otro de los puntos claves de la negociación con el gobierno fue la búsqueda de una “solución definitiva” al conflicto salarial que se generó a partir de la Ley de Presupuesto 2011-2015, aprobada durante la administración de José Mujica, que subió 26% los salarios de los ministros y produjo una serie de aumentos inesperados en el Poder Judicial.

Los intentos del gobierno de subsanar el error fueron infructuosos y el asunto derivó en un largo conflicto con los gremios judiciales. Aunque la mayoría optó finalmente por firmar un convenio que les reconoció un incremento del entorno del 18%, hubo cientos de funcionarios que iniciaron juicios y lograron fallos que ordenaron al Poder Ejecutivo a pagar.

La situación derivó en que hoy el Poder Judicial tiene “tres niveles retributivos para cada cargo”, explicó Pesce. Quienes firmaron el convenio cobran determinado monto, quienes hicieron juicios reciben el aumento completo, y quienes ingresaron posteriormente perciben el sueldo base.

Para terminar con estas situaciones dispares y poner fin a los juicios, el Poder Judicial y el gobierno acordaron que se reconocerá a todos el aumento del 26%, aunque se hará de forma gradual, año a año. El objetivo, de acuerdo a lo conversado, es que se llegue al monto total el último año del presupuesto (2025).

Pesce indicó que no se hará un pago retroactivo, sino que es una “solución para adelante”. El costo de otorgar el aumento es de $ 630 millones por año.

Otro de los temas centrales de la negociación fue la Ley Nº 19.580, que si bien fue aprobada en diciembre de 2017, buena parte de sus contenidos —como la creación de juzgados especializados en género— todavía no fueron implementados por falta de recursos, lo que ha generado intensos reclamos de las organizaciones feministas.

En ese sentido, se acordó postergar su implementación completa para 2024, aunque se comenzará a trabajar para ese objetivo a partir del próximo año, informó Pesce. Según lo negociado, el gobierno daría un refuerzo presupuestal de $ 200 millones, por única vez, para las obras que el Poder Judicial debe hacer al edificio que compró en el barrio Aguada, donde instalará todas las sedes y dependencias vinculadas a los temas de género.

La adecuación edilicia de ese centro y de algunas sedes del interior tardará unos tres años, según estima el Poder Judicial. Una vez finalizadas las obras, en 2024, el Ejecutivo incrementará el presupuesto anual en $ 350 millones para crear seis nuevos cargos de jueces y los funcionarios necesarios para cada oficina, y así aumentar a 20 el número de juzgados dedicados a la materia en Montevideo. En el interior se crearán ocho juzgados nuevos (y además se reconvertirán algunas sedes).

Otro punto central de la negociación fue el planteo del Poder Judicial de abocarse a sus “funciones propias y esenciales”, contó Pesce. En esa línea, se acordó con el gobierno que las funciones de registro civil que cumple en el interior del país pasarán a manos del Ministerio de Educación. El traspaso, que ya cuenta con la aprobación del ministro Pablo Da Silveira, permitirá a la Justicia liberar jueces y recursos para destinar a otras funciones de su competencia.

Fuentes de la Corte dijeron a Búsqueda que también se está negociando la posibilidad de pasar el Instituto Técnico Forense (ITF), que hoy depende del Poder Judicial, a la Fiscalía. Sucede que desde que se aprobó el nuevo CPP, las pericias en las investigaciones penales ya no son ordenadas por los jueces sino por los fiscales, por lo que se considera que el Ministerio Público es su ubicación natural. Esta medida, aclararon las fuentes, aún no fue acordada, pero, de concretarse, implicaría que el Poder Judicial traspase a la Fiscalía los recursos que destina al ITF.

Información Nacional
2020-08-20T02:05:00