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Los distintos procesos de formación del Estado en el Río de la Plata crearon culturas políticas “muy diferentes y, cada vez más, caminos divergentes hacia el desarrollo”. En Argentina, una de tipo “anti-pluralista” propensa al estatismo y al populismo; en Uruguay, una en la que la política “no es de suma cero”, generando “estabilidad” y “crecimiento económico”.
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Con enfoque histórico –pero aludiendo también al presente–, esa perspectiva comparada plantea el uruguayo-canadiense Nicolás Saldías en un estudio con el que recientemente se doctoró en Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto.
Saldías, analista para América Latina y el Caribe en Economist Intelligence Unit –vinculada a la revista británica The Economist–, señala que el ingreso per cápita de los dos países ha divergido fuertemente desde 2010. “A medida que el crecimiento flaqueaba en Argentina, la pobreza y la desigualdad aumentaron. En Uruguay, la pobreza y la desigualdad han alcanzado mínimos históricos. La pandemia de coronavirus solo ha exacerbado la débil capacidad estatal y la polarización política en Argentina, lo que probablemente signifique que la brecha en el desarrollo” respecto de su pequeño vecino “crecerá”.
En su análisis contrasta el proceso de constitución del Estado y las políticas laborales en Argentina y Uruguay. Fundamenta que los agentes que intervinieron en esa formación tienen un papel importante en la creación de instituciones y normas “inclusivas o excluyentes que, una vez establecidas, se reproducen para transformarse en culturas políticas duraderas”.
Las leyes laborales “corporativistas estatales” de Argentina y “corporativistas democráticas” de Uruguay “reflejan las culturas políticas subyacentes de los dos países”. El código laboral argentino fue creado por una “élite militar que buscaba subordinar a la sociedad civil, incluidos los sindicatos, al Estado”, afirma. En esa línea, observa por ejemplo que el objetivo de Juan Domingo Perón fue conformar una “comunidad orgánica” que tuviera organizaciones laborales y empresariales acunadas por el Estado para reemplazar la democracia representativa. La formación militar de Perón “influyó en su pensamiento antipluralista, como explicó a los trabajadores: ‘Soy un soldado de la asociación sindical más poderosa de todas: los militares’”.
En el siglo posterior a la formación del Estado, Argentina vio numerosos regímenes anti-pluralistas: un Estado de partido único, seis dictaduras militares, tres gobiernos populistas y numerosos regímenes autoritarios competitivos. Con el tiempo –sostiene Saldías–, la cultura política “anti-pluralista” condujo a una “polarización tóxica”, y recién al final de la última dictadura, en 1983, inició un camino hacia la democracia liberal, aunque “con fuertes tendencias anti-pluralistas”. Los intentos de reformar el corporativismo estatal por parte de líderes elegidos democráticamente fracasaron debido a la “estridente oposición sindical y la inestabilidad económica y política crónica de Argentina”, sostiene.
En Uruguay, mientras tanto, las normas laborales de tipo corporativista democrático fueron diseñadas por partidos políticos “para mantener a los sindicatos autónomos del Estado y despolitizados”.
Según Saldías, el corporativismo democrático es raro fuera de Europa, y Uruguay es uno de esos casos en América Latina, aunque la literatura se ha enfocado en países grandes. Una razón de ese sesgo –sostiene– obedece a la aparente falta de una reforma importante del mercado en Uruguay durante la década de los noventa. “A diferencia de muchos otros países de la región”, no experimentó una “privatización a gran escala ni un gran aumento de la pobreza o la desigualdad”, y en ese contexto el corporativismo democrático jugó un papel en la relativa estabilidad del país durante ese período. Con autonomía del poder político, el movimiento obrero resistió las reformas de mercado de una manera que los sindicatos no pudieron imitar en países con códigos laborales corporativistas estatales, como Argentina, compara.
“Legados persistentes”
Para el analista, “estos legados, aunque atenuados, perduran hasta el día de hoy y pueden explicar otras importantes variaciones de política. Argentina y Uruguay son ideales para comparar, ya que tienen economías estructuradas de manera similar que dependen de la exportación de la misma canasta de bienes a los mismos mercados, principalmente productos agrícolas a Europa y, más recientemente, a China”.
El “legado” fue “persistente” incluso con los gobiernos de “centro izquierda” y “orientación reformista”, que “estructuraron la negociación colectiva utilizando leyes laborales corporativistas de la década de 1940”. Saldías define el corporativismo como un conjunto de criterios que utiliza el Estado para determinar qué organizaciones pueden representar a grupos de interés colectivo, como los trabajadores. El corporativismo estatal y el democrático (pluralista) caen bajo el paraguas del corporativismo social. En un sistema corporativista democrático “el componente de control estatal se atenúa y la autonomía de los grupos aumenta”, mientras que bajo el corporativismo estatal “el poder se desplaza fuertemente hacia el lado del Estado”, explica, citando a otros autores.
Una prioridad política para el Frente Amplio cuando llegó al poder fue reiniciar la negociación colectiva, utilizando la ley laboral corporativista democrática. Una serie de reformas “aumentó la resistencia institucional del corporativismo democrático al abordar las debilidades de la ley laboral corporativista democrática. Desde las elecciones presidenciales de 2009, ninguna fuerza política importante ha pedido que se suspenda la negociación colectiva” y el “corporativismo democrático ha superado un hito importante con la inauguración de un gobierno de centro-derecha en 2020, que ha mantenido la institución sin modificaciones. Esto sugiere fuertemente que las secuencias reactivas contra la institución han terminado, convirtiéndose en un aspecto integral de la democracia uruguaya”.
Para Saldías, “el éxito de Uruguay de ser una de las democracias más fuertes del mundo, con una fuerte capacidad estatal y un camino claro hacia el desarrollo económico, contrasta fuertemente con Argentina, que es un ejemplo de un ‘Leviatán de papel’, definido como que tiene la “apariencia de un Estado”, pero “es incoherente y desorganizado en la mayoría de los dominios”.
