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    Las reformas de Milei avanzan en el Congreso

    El inicio del tercer año de Milei indica que, asegurada la gobernabilidad, empieza un tiempo de reformas; con las elecciones ganadas y el Congreso alineado, el presidente tiene el mundo a favor hasta noviembre, cuando se vote en Estados Unidos

    Columnista de Búsqueda

    La reforma laboral siempre fue una trampa mortal para los gobiernos no peronistas. Raúl Alfonsín vio su proyecto, llamado Ley Mucci en honor a su ministro de Trabajo, ser derrotado en 1984 en el Senado por un peronismo irreductible. En mayo de 2000, Fernando de la Rua consiguió aprobar su proyecto, llamado Ley Banelco en honor al dispositivo facilitador, pero el escándalo terminó llevando puesto a su vicepresidente y condenando a su gobierno. Mauricio Macri encontró tanta resistencia a su reforma previsional que evitó enfrentarse otra vez a los sindicatos. Entonces llegó Javier Milei y, aún con minoría en el Congreso, acaba de lograr la aprobación senatorial de un proyecto de reforma bastante amplio. El “bastante” no es gratuito: hubo negociación con sindicalistas y gobernadores, y ambos grupos obtuvieron concesiones. Ahora el proyecto sigue para la Cámara de Diputados. Si resulta aprobada, aunque el Senado deba aceptar las modificaciones, el libertario se convertirá en el más exitoso de los presidentes no peronistas.

    Hace dos años, nadie lo hubiera creído.

    Antes de ganar las elecciones, los escenarios que se abrían ante una improbable victoria de Milei eran tres. Dada su inevitable minoría en el Congreso, el primero era formar una coalición. Si no lo lograba, la experiencia latinoamericana sugería la posibilidad de un juicio político. Varios presidentes brasileños, bolivianos, peruanos y paraguayos ya habían sucumbido a la maldición de no controlar el congreso. Por eso, cerrarlo constituía el tercer escenario. El antecedente exitoso de Alberto Fujimori y el fracasado de Pedro Castillo, ambos en Perú, tornaban esta opción controvertida. Milei no hizo ninguna de las tres cosas; o, mejor dicho, hizo la primera pero de manera informal, con camuflaje: en vez de coalición, cooptación. No negoció con partidos, sino con individuos, y sin condiciones.

    En diferentes etapas, integraron el gabinete libertario cinco altos funcionarios de Macri: Patricia Bullrich en Seguridad, Luis Caputo en Economía, Adolfo Sturzenegger en Desregulación, Diego Santilli en Interior y Pablo Quirno en Cancillería. También lo hicieron el radical Luis Petri en Defensa y el representante de Alberto Fernández en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Guillermo Francos, en Interior. Sin embargo, el más emblemático representante del pasado es Daniel Scioli, actual secretario de Turismo y Ambiente que supo ser vicepresidente de Néstor Kirchner y candidato presidencial de Cristina Kirchner, además de embajador de Alberto Fernández en Brasil. Las segundas líneas del gobierno también están repletas de castos dirigentes, muchos de los cuales fueron arrimados por el candidato presidencial derrotado, Sergio Massa. En síntesis, la casta sufrió un duro golpe conceptual, pero sus referentes concretos mantienen un buen pasar. No es el caso del ninguneado Macri o la prisionera Cristina, que pagan sus culpas por haber creado las condiciones para que Milei conquistara su puesto y su séquito.

    Habiendo derrotado dos veces consecutivas al peronismo, absorbido al PRO, dividido al radicalismo y negociado con sindicatos y gobernadores, la aceleración reformista era previsible. Además de la reforma laboral, el gobierno pretende aprobar la reducción de la edad de imputabilidad penal. El guiño a las demandas securitarias de la sociedad busca compensar el traspié en la desaceleración inflacionaria, que hace un semestre que no funciona. Los objetivos parlamentarios se complementan con el tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), a contramano de las pulsiones proteccionistas emanadas desde los Estados Unidos —pero compatible con la liberalización comercial que Milei promueve.

    Este acuerdo enfrenta tres paradojas. La primera es que está detenido en Europa, su motor, donde los parlamentarios solicitaron al Tribunal del bloque que se expidiera sobre su constitucionalidad. En realidad, el subterfugio busca demorar la ratificación para sumar rechazos cuando llegue la hora del voto. La segunda paradoja es que el acuerdo trata a la UE como bloque pero al Mercosur como países, por lo que cada uno lo podrá ratificar o rechazar sin afectar a los demás. La tercera paradoja es que el acuerdo comercial es interino, porque el tratado político permanente, que lo incluye, debe ser aprobado por todos los parlamentos nacionales de la UE —y no existen antecedentes históricos de que esta estrategia haya funcionado—. Acuerdos semejantes con Canadá (2016), Singapur (2018) y Chile (2023) duermen el sueño de los justos en París y otras capitales. Por eso, si la Comisión Europea decide seguir adelante sin esperar la sentencia del Tribunal o la ratificación del Parlamento, estaremos en presencia de una implementación provisional de un acuerdo interino. Es difícil imaginar un escenario menos amigable para la seguridad jurídica.

    En paralelo al sainete europeo, ya ha comenzado la disputa intra-Mercosur para beneficiarse de las cuotas negociadas. Como sus miembros recogerán los beneficios a medida que ratifiquen, y no en bloque, los que lo hagan primero esperan aprovechar el acceso al mercado europeo que los retardatarios desperdiciarán. Por eso es inteligente el intento del Ejecutivo argentino de aprobar el acuerdo cuanto antes, apostando a la promesa europea y la demora brasileña. Simultáneamente, negoció un acuerdo de “comercio recíproco” con los Estados Unidos. Según fuentes brasileñas, este acuerdo es violatorio de las normas del Mercosur, mientras fuentes europeas sugieren que también estaría en contradicción con lo firmado con la UE. Al gobierno argentino estas objeciones le importan poco. Primero, porque Estados Unidos es prioritario y lo demás viene después; segundo, porque los mecanismos arbitrales del Mercosur no funcionan y los procedimientos negociados con la UE no están en vigor, así que los quejosos pueden ir a cantarle al zorzal de Tacuarembó.

    En Argentina, la recepción de estos acuerdos fue mayoritariamente positiva, aunque el negociado con EE.UU. generó críticas por la asimetría de tratamiento. Su texto establece tres obligaciones compartidas, siete exclusivas de los EE.UU. y 113 exclusivas de Argentina. El oficialismo rebate que las cuotas de mercado conquistadas superan con creces esta asimetría, y citan a The Economist como autoridad de validación. Efectivamente, en un artículo fechado el 10 de febrero, la prestigiosa revista calcula que los países que obtuvieron el mayor acceso a mercados al menor costo fueron Argentina y Gran Bretaña. Sin embargo, el análisis concluye con una afirmación convenientemente ignorada por los defensores oficiales: “Al final, los países que hicieron las mayores concesiones podrán ser los que más ganen”.

    Cualquiera sea el caso, el inicio del tercer año de Milei indica que, asegurada la gobernabilidad, empieza un tiempo de reformas. Con las elecciones ganadas y el Congreso alineado, el presidente tiene el mundo a favor hasta noviembre, cuando se vote en Estados Unidos. De la oposición solo quedan ruinas.

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