Policía esperaba encontrar solo estudiantes “menores” en la ocupación del Codicen y no estaba preparada para enfrentar a manifestantes

Cuando el martes 22 de setiembre en la noche los efectivos ingresaron al edificio del Codicen, solo contaban con “equipamiento represivo básico”, ya que esperaban encontrarse con “estudiantes de secundaria” y “no estaba previsto” que estuvieran en el lugar personas con una “impronta intolerante y violenta”. Así lo manifestaron jerarcas del Ministerio del Interior en una denuncia que presentaron el pasado martes 13 por difamación contra el abogado Pablo Ghirardo, que estaba en el Codicen negociando con las autoridades en representación de los estudiantes desalojados.

“Esperaban encontrar estudiantes de secundaria y no estaba previsto que personas con intereses distintos a los reivindicados, y con una impronta intolerante, violenta y contraria al ejercicio de los poderes de Policía por parte del gobierno, estuvieran en el lugar”, describieron las autoridades en el documento.

Afuera del edificio se habían agrupado integrantes de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) Montevideo, del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de la organización radical Plenaria Memoria y Justicia.

Los inesperados manifestantes “estaban entrenados” para enfrentar a la Policía y utilizaban “técnicas para que su detención no fuera fácil”, sostuvo el Ministerio. “Se tiraban al piso y se arrollaban en posición fetal”, de forma tal que por cada detenido eran necesarios “de dos a cuatro efectivos para su reducción y traslado”, porque además “se negaban a caminar”. A los ojos de un “observador desprevenido” esta situación puede parecer “maltrato”, cuando “era todo lo contrario y la situación era provocada por los manifestantes”, dijeron las autoridades.

Además, relataron que los efectivos fueron “brutalmente atacados por los manifestantes mediante diferentes medios”, como piedras, palos, hierros, tachos de basura y macetas, y afirmaron que “esa violencia inentendible” provocó “un gran estado de tensión”.

Difamación.

El Ministerio del Interior resolvió denunciar por difamación al abogado Ghirardo luego de que acusara públicamente a los policías de torturar a los manifestantes.

Según el relato del Ministerio, dentro del edificio “solo había un puñado de personas que en principio se negaban a salir”, aduciendo que “los chiquilines” estaban adentro y que querían la presencia del representante de la Comisión de Derechos Humanos. Entre ellos se encontraba el abogado, quien “dijo ser el asesor legal de los estudiantes” e “incitaba con cánticos a los manifestantes que estaban fuera del edificio”.

Tras los incidentes —prosigue la denuncia— Ghirardo declaró a los medios de prensa que había presentado una denuncia contra las autoridades a cargo del operativo y contra los policías que “participaron en la represión a los estudiantes y trabajadores” por la figura de “torturas” tipificada en la ley penal.

En otra oportunidad el abogado declaró a los medios que seguiría “asesorando al movimiento estudiantil” para “evidenciar que sí hubo maltratos adentro del Codicen”.

Para el Ministerio, “es claro que de las declaraciones realizadas por el Dr. Ghirardo, surgen elementos suficientes” para denunciarlo por difamación. “Al verter sus expresiones en medios de comunicación masiva (canales de televisión), en horario de máxima audiencia, surge claramente que se intentó incidir en la opinión pública, haciendo creer que ocurrió un hecho inexistente”, prosigue.

“Afirmar que se había sometido a menores a prácticas que encuadraban en la tortura, sin duda persigue someter al lnstituto Policial al escarnio público y socavar la imagen de la Policía” y “generar descreimiento y rechazo” contra ello.

Esta conducta “ilícita”, a juicio del Ministerio, “ataca el honor del Instituto Policial”, por cuanto “se le asignan conductas que se contraponen con el deber ser, hieren la sensibilidad” y “lesionan la moral y el prestigio de todos sus integrantes”.

“Nadie quiere ser parte de una institución que tortura, que vulnera libertades constitucionales, que transgrede las normas que está obligado a defender”, expresaron las autoridades.

“Por consiguiente, cuando alguien con absoluta liviandad, mala fe y temeridad, buscando un objetivo específico que es socavar la imagen de una institución y consecuentemente de sus miembros, promueve espuriamente acusaciones, que se instalan en el inconsciente colectivo, corresponde a la Justicia determinar su responsabilidad”, afirmaron.