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El Mercosur celebrará su 30º aniversario este viernes 26, pero el festejo institucional será discreto y para el uruguayo común el acontecimiento pasará sin destaque, pese a que conmemora el principal hecho en materia comercial para Uruguay en varias décadas. Un nuevo estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (Intal) expone, a partir de encuestas a funcionarios y exfuncionarios de gobierno, expertos y académicos —entre otros actores—, elementos para el análisis en torno a la política comercial del país: menos de la cuarta parte (27,3%) cree que la misma goza de un “amplio nivel de respaldo entre la opinión pública”.
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La “nota técnica”, titulada Institucionalidad de la política comercial externa: el caso de Uruguay, fue elaborada por Ignacio Bartesaghi, Julieta Zelicovich y Magdalena Bas Vilizzio. Esa política refiere, por ejemplo, a herramientas como los impuestos aduaneros (aranceles), las licencias de importación y exportación, las medidas antidumping, las cuotas, así como los mecanismos de subsidios, la promoción comercial y las negociaciones de acuerdos que liberalizan mercados.
Según los autores, la política comercial externa de Uruguay “ha ido perdiendo niveles de consenso a nivel nacional, y comienza a emerger una disputa” por su “dirección” y “de la estrategia comercial de inserción internacional”.
Al analizar capacidades y recursos de los agentes que intervienen en torno a esta política, el estudio evaluó aspectos organizacionales, técnicos, presupuestales y de orden político. Según las opiniones relevadas en el sondeo —efectuado entre fines de 2019 y comienzos del 2020—, “ninguno de estos ha significado una restricción para la formulación” de dicha política en Uruguay, “aunque las capacidades políticas son las que se ven menos fuertes en relación con el resto”. En concreto, constató una “disminución de la capacidad” de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía “para contar con apoyo para la implementación de sus acciones cuando se presentan divergencias políticas dentro del Poder Ejecutivo o entre bloques parlamentarios. Aun así, durante el período estudiado la agencia de promoción de exportaciones e inversiones, Uruguay XXI, pudo consolidar un peso político tal que le permitió formular e implementar acciones de largo plazo”.
Respecto a ese instituto de promoción de las exportaciones y la inversión, el gobierno de Luis Lacalle Pou está impulsando cambios, en particular tras la asunción de Francisco Bustillo como canciller (ver nota en página 24).
Estabilidad
Entre los encuestados para el estudio publicado por el BID e Intal, la política comercial uruguaya es evaluada positivamente en razón de su “estabilidad” para proveer un “horizonte de credibilidad y certidumbre, aunque puede presentar dificultades a la hora de enfrentar cambios en la coyuntura externa, atendiendo a una menor flexibilidad”. En el caso específico del Instituto Uruguay XXI, la “adaptabilidad y flexibilidad” son percibidas con algunas mayores fortalezas y el 44% considera que pudo ajustarse a cambios en las circunstancias, manteniendo los objetivos de largo plazo. “Estas apreciaciones pueden llegar a explicarse por la menor complejidad a la hora de definir nuevos programas que se adapten a las nuevas realidades. De todas formas, dentro del universo encuestado, una parte no menor” de los consultados manifestó su desconocimiento sobre las acciones más específicas que realiza esa agencia, según el estudio.
El sondeo expuso también algunas “limitaciones o carencias” referidas a la coordinación y coherencia como atributo de la política comercial. La percepción general entre los encuestados está dividida: 42,9% cree que su formulación e implementación mostró un alto nivel de coordinación con otras áreas y agencias públicas, mientras que casi idéntica proporción (42,8%) opinó lo contrario. Solo el 37,2% le atribuyó un alto nivel de “coherencia interna” a la política comercial, en tanto que la valoración de la “coherencia externa” —en referencia a la articulación con otras áreas de políticas públicas— alcanzó al 42,8%.
La mayor parte de los consultados (54,3%) piensa que las acciones de gobierno en materia comercial no lograron mostrar autonomía respecto de los “grupos de interés organizados” y “solo” el 37,2% considera que esta política tuvo “como consideración dominante el interés general”, subrayan los autores. Agregan que la “baja” comunicación “deprime las eventuales fortalezas percibidas en este pilar”, y en el mismo sentido actúa la “falta de articulación entre los sectores gubernamentales y los espacios públicos de reflexión para el diseño e implementación” de la política relacionada con el comercio exterior del país.
