Política por la ventana

Este prolegómeno está relacionado con las insólitas versiones que buscan distorsionar el traslado del exfiscal de crimen organizado Ricardo Perciballe a una fiscalía civil.

El ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, decidió el traslado de Perciballe a pedido de Díaz. Nadie mejor que éste conoce las virtudes, carencias o defectos de Perciballe por haber trabajado a su lado tres años en el juzgado de crimen organizado. Los fiscales deben tener irrestricta independencia técnica. Pero también deben ser de absoluta confianza del jerarca.

La medida fue adoptada dentro de las potestades que asigna la Ley Orgánica del Ministerio Público. Habilita al jerarca a “proponer al Poder Ejecutivo la designación, el traslado y la promoción de los magistrados integrantes del Ministerio Público y Fiscal”. Son atribuciones que “le asigna la ley en el ámbito orgánico interno”.

La fiscal penal Ana Tellechea irrumpió como cara visible de los quejosos, quienes promovieron una asamblea del gremio para discutir la cuestión.

En “El País”, Tellechea cuestionó el protocolo para el traslado porque Perciballe “es una gran persona y (…) nunca un fiscal fue trasladado de esa manera sin que siquiera se le avisara”. En “Brecha”, sin fundamentarlo y con temeridad, Tellechea sostuvo que el traslado responde a “planteamientos políticos”.

La fiscal se ha caracterizado por comprar paradas insólitas para un jurista. Hace unos meses salió en apoyo de su amiga, la jueza penal Mariana Mota, cuando ésta desconoció la presunción de inocencia, una garantía consagrada en el universo de los derechos humanos. El Colegio de Abogados del Uruguay cuestionó a Mota y Tellechea renunció como socia del Colegio.

Perciballe argumentó en “Brecha”: “Si se traslada a un fiscal en el marco de investigaciones importantes, me parece que de una manera u otra se está atacando la independencia técnica”. ¿Cuáles son las “investigaciones importantes”? Para él parecen ser las que involucran a políticos y no las de todos los ciudadanos.

Perciballe no esgrimió ese “principio” cuando durante el anterior gobierno, el presidente Tabaré Vázquez lo propuso sin éxito como fiscal de Corte. Tampoco tuvo ese prurito cuando gestionó ser designado jerarca del servicio en este gobierno. De haberse concretado una u otra cosa, también hubiera dejado atrás “investigaciones importantes”. ¿O no?  Salvo que la magia del poder las haga desaparecer.

Un pedido de informes del diputado blanco Gerardo Amarilla (Unidad Nacional) apunta contextualmente en la misma dirección: el traslado pudo tener como objetivo evitar el procesamiento del abogado y ex secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández.

Pero nadie advierte —en realidad, a nadie le preocupa— que con este circo se difame a los fiscales Ferrero y Gómez. ¿Acaso suponen que conspiraron con Díaz para desplazar a Perciballe, que son corruptos y que en los expedientes sobre los que deberán decidir admitirán, genuflexos, directivas en contra del derecho?

La principal afectada es Ferrero. Deberá expedirse sobre Fernández, que es investigado por presunta conjunción del interés personal y el público. Gómez se abstendrá por haber sido durante varios años compañero de trabajo en una fiscalía de la pareja de Fernández, la abogada Cecilia Salom.

Ferrero se ha distinguido por un trabajo silencioso y una particular energía en sus dictámenes. Como muestra bastan los sucesivos pedidos de procesamiento por corrupción para oficiales de la Armada. También ha intervenido en asuntos como el de Macarena Gelman, el del Banco Comercial, el de Pablo Gonçalvez y el del ex vicepresidente de la República Rodolfo Nin Novoa, sin que nadie la haya cuestionado.

Ahora, como la difaman, reacciona: “Todo el mundo sabe que yo no le hago mandados a nadie y no voy a aceptar suspicacias ni indirectas de gente que no conoce toda mi trayectoria profesional”, advirtió el jueves 17 en declaraciones a Búsqueda.

Ferrero podría considerar que Fernández no cometió ese delito. También puede pedir su procesamiento. En cualquier caso, seguramente lo hará como es su estilo: con fundamentos jurídicos.

Por todo esto sería muy saludable que la asamblea gremial de fiscales convocada para comienzos de junio sea pública, abierta a la prensa. Transparente, sin cobardes ocultos detrás de los rumores. De frente, como deben ser las cuestiones de interés público que afectan a los ciudadanos.

Especialmente porque este asunto ha generado suspicacias sobre el Ministerio Público que han sido sembradas sin aportar pruebas por quienes buscan politizarlo. Con un agravante: ellos son quienes aplican la ley. Por ahora.