La compra de grandes extensiones de campo para forestar “se ha detenido” y ahora las empresas del sector optan por “plantar en campos que ya tenían forestados, talan los árboles y los sustituyen por especies con mayor productividad, o realizan acuerdos con ganaderos para arrendarles parte de sus predios”, dijo a Campo el titular de la Dirección Forestal, Pedro Soust.
A partir de una ley forestal de 1987, que estableció estímulos fiscales y subsidios a las plantaciones, se registraron grandes inversiones en la compra de inmuebles rurales, principalmente de capitales foráneos que adquirieron miles de hectáreas. También hubo productores locales que apostaron a esa actividad y actualmente existe casi un millón de hectáreas forestadas, según datos del Ministerio de Ganadería (MGAP).
Los proyectos que involucraron más capital fueron los de las empresas UPM (ex Botnia) con U$S 1.200 millones, en Río Negro, y de Montes del Plata con U$S 2.000 millones, en Colonia, para la producción de pasta de celulosa. Otras inversiones relevantes fueron direccionadas a la producción de pinos para fabricar tableros de madera y demás productos.
La Dirección Forestal analiza los planes de inversión en plantaciones de árboles presentados por los forestadores y luego decide si los autoriza o no.
“Hace unos dos o tres años el sector forestal entró en una meseta y las plantaciones de árboles se estabilizaron entre unas 40.000 a 45.000 hectáreas por año, de las cuales 25.000 se realizaron en campos forestados que fueron talados y 15.000 en nuevos predios”, señaló Soust.
En ese contexto, el jerarca indicó que “se detuvo la compra de nuevas tierras como ocurrió en otros años, principalmente en la década de los años noventa, cuando no solo plantaban árboles las grandes empresas sino también los pequeños y medianos productores locales que adquirían campos”.
“(Los productores) Antes gozaban de facilidades de créditos del Banco República, de exoneraciones fiscales y subsidios que otorgaba el Poder Ejecutivo”, consideró.
Tras la eliminación de algunos de esos incentivos desde la asunción del gobierno del Frente Amplio, en 2005, el sector siguió creciendo, pero a un ritmo menor y de una manera diferente que en otras décadas.
Soust dijo que “la forestación tuvo una concentración por venta de tierras a grandes compañías y se mantiene un ritmo constante de plantación, que seguirá en los próximos años, ya que las dos mayores empresas, como son UPM y Montes del Plata, realizaron importantes inversiones en la conformación de nuevos viveros que van entre U$S 15 millones y U$S 18 millones”.
“Esos proyectos demuestran que estas firmas están pensando en el mediano y largo plazo”, acotó.
Consultado sobre los motivos que pusieron un freno a las compras de grandes extensiones para forestar, Soust mencionó varios factores.
“Hay una política estatal, con decretos del gobierno que trataron de orientar esta producción, como los que establecen la exención del pago de Contribución Inmobiliaria a los proyectos que incluyan la poda y el raleo de los árboles para generar madera que ingresa a los aserraderos”, argumentó. Destacó que eso permite mantener en actividad a empresas y trabajadores locales, con el objetivo de estimular los planes que deriven en un mayor valor agregado y ocupación de mano de obra.
Dijo que otro factor que influyó fue “el aumento en el precio de las tierras y eso derivó en el interés de las empresas de arrendar campos, porque así el negocio les es más rentable”.
Además, “en Uruguay ya no van quedando tierras de prioridad forestal en grandes superficies de campo; entonces tienen que comprar 2.000 hectáreas para plantar 700”, mencionó.
Sumado a esos temas, “el Estado realizó una reorganización de los suelos de prioridad forestal, que pasaron a ubicarse en las zonas Este y Noreste del territorio uruguayo, y se sacaron algunos que estaban localizadas en el litoral oeste”, indicó. Y comentó que por eso el plan de instalación de una tercera planta de celulosa está enfocado en esa región.
De los 4 millones de hectáreas de prioridad forestal actualmente hay un millón que están plantadas y los 3 millones restantes están en Cerro Largo, Lavalleja y Treinta y tres, según datos oficiales.
Cambio de estrategia
Hay dos modalidades de forestación en la actualidad: una es la mejora genética de las variedades de especies que permitieron duplicar la productividad de las plantaciones y otra es el acuerdo con productores ganaderos para forestar parte de sus predios, según el director forestal.
Eso “el MGAP lo ve con buenos ojos, porque no hay un cambio de dueño del campo, sino un complemento entre la actividad forestal y la ganadera”.
Uno de los argumentos considerados por esa Secretaría de Estado es que está comprobado que el ganado gana 300 gramos de peso por día cuando está en campos forestados, porque los árboles le sirven de sombra para refugiarse del calor o algún otro fenómeno climático.
Ese tipo de proyectos asociativos es denominado de fomento por las empresas y son aprobados por la Dirección Forestal. Para Soust, esas iniciativas “suponen un aporte para acercar a los dos rubros del agro y que pueda beneficiar al productor rural”. En esos acuerdos las firmas forestadoras pagan un arrendamiento que en algunos casos se efectúa por adelantado, anual o mensual. El propietario del campo puede recibir un monto de dinero por el uso del suelo durante un tiempo determinado o una renta mensual complementada con un beneficio derivado de la venta de la madera producida.
La valorización de la tierra en el mercado local se dio en las operaciones de compraventa y en los arrendamientos. En 2007 el precio promedio de la renta de un campo para forestar era de U$S 85 la hectárea anual y en el segundo semestre de 2013 ese valor subió a U$S 142 por hectárea al año, según datos del MGAP.
Pero el esquema asociativo entre privados, empresas forestales y ganaderos, no es el único medio de incrementar las plantaciones y aprovechar la oportunidad que brindan los árboles en los predios rurales, ya sea económica, ambiental o social.
Impulso estatal
A partir de un convenio entre la Dirección Forestal y el Instituto de Colonización se desarrolló un plan de forestación en campos de productores colonos dedicados a la ganadería, valoró el jerarca. Ese acuerdo establece que Colonización provee los insumos y esa unidad del MGAP realiza las plantaciones; luego el ente estatal hace un plan de manejo de los bosques y el negocio con los ganaderos.
En ese marco, la Dirección de Desarrollo Rural lanzó en 2013 una plan de apoyo económico y técnico dirigido a productores que posean campos con una extensión de hasta 1.250 hectáreas para que realicen plantaciones de árboles.
Respecto a ese criterio —en la extensión del predio— establecido por el gobierno para definir al agricultor familiar, el titular de la Dirección Forestal diferenció que “hoy en día, un productor con 100 hectáreas de vid es un potentado y otro con 100 hectáreas de ganadería o de cría de ovejas es un desgraciado”.
La asistencia financiera para los planes de integración agroforestales, que otorgó Ganadería con recursos de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, fue de hasta U$S 8.000 por productor. Otra de las condiciones, además del tamaño del predio, fue que las propuestas debían ser grupales, de por lo menos cinco productores, con la posibilidad de que estén constituidos por un 70% de pequeños ganaderos y 30% medianos. Como resultado de ese programa, cerrado en abril de 2013, se presentaron 33 planes que involucraron a 274 productores de diferentes puntos del país, indican datos del MGAP.
Para el desarrollo de las actividades tendientes a la preservación de los bosques nativos y evitar la deforestación, los Ministerios de Ganadería y Medio Ambiente anunciaron el acceso de Uruguay al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, administrado por el Banco Mundial, que donará al país U$S 3,8 en varias etapas.
