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Como en otras partes del mundo, la clase política uruguaya lucha en estos tiempos contra el descrédito de la gente. Pero en el sistema financiero está bien conceptuada como deudora.
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Así surge de los datos que le reportan las instituciones financieras al Banco Central (BCU) y que este publica en su Central de Riesgos Crediticios. Búsqueda analizó la información disponible a agosto de algunos ministros de Estado y candidatos presidenciales para los que se contaba con su número de cédula de identidad, necesario para la búsqueda en dicho registro. A los efectos del análisis, para todos los montos se indican en dólares (si bien algunos créditos son en moneda nacional).
Casi todos los préstamos a políticos —mayormente por saldos de sus tarjetas de crédito— reciben una calificación de riesgo “1C”, que refiere a deudores con “fuerte” capacidad de pago y operaciones vigentes o con menos de 10 días de vencidas.
En la escala utilizada por el sistema financiero hay una categoría más alta, la “1A”, que corresponde a préstamos con garantías autoliquidables admitidas (totalmente respaldadas por determinadas garantías de muy buena calidad y muy líquidas, de modo que, si el deudor incumple, la institución financiera puede recuperar fácilmente las sumas prestadas a través de la ejecución de la garantía). Por debajo de “1C” están las calificaciones “2A” (deudores con capacidad de pago “adecuada”, con atrasos mayores o iguales a 10 días y menores a 30 días); “2B” (deudores con capacidad de pago con “problemas potenciales” y atrasos mayores o iguales a 30 días y menores a 60 días); “3” (capacidad de pago “comprometida” y deudores con atrasos mayores o iguales a 60 días y menores a 90 días. Luego, la categoría “4” refiere a deudores con capacidad de pago “muy comprometida” y atrasos mayores o iguales a 90 días y menores a 120 días; la mora que supera esos plazos es calificada como “5” y son préstamos “irrecuperables”.
El presidente Tabaré Vázquez figura en los registros con créditos vigentes calificados “1C” con el Banco República (BROU) por el equivalente a casi US$ 830, unos US$ 121 con Itaú y US$ 709 con OCA.
A la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, se le atribuyen préstamos en el BROU y ANDA por unos US$ 150, ambos “1C”. Además, con el fideicomiso del BROU tiene un crédito por US$ 37.901 —sin calificación de riesgo— “castigado por quitas y desistimiento”; eso indica que tuvo una quita al momento de cancelar o reestructurar un crédito, pero el importe no es una deuda actualmente.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aparece con préstamos vigentes por US$ 948 con OCA, también “1C”. La misma categoría tenían previsiones y contingencias con Scotiabank. Además, con el fideicomiso del BROU figuran a su nombre “otorgantes de garantías” por US$ 11.215, con calificación “0”.
El ministro de Transporte, Víctor Rossi, tenía un crédito vigente con OCA por el equivalente a US$ 626, categorizado como “1C”.
Enzo Benech, titular de Ganadería, estaba calificado también como “1C” por sus créditos vigentes tanto en el BROU (US$ 529) como en la filial local del banco venezolano Bandes (US$ 486).
La ministra de Educación, María Julia Muñoz, figura sin información en los registros del BCU.
Ernesto Murro, titular de Trabajo y Seguridad Social, tenía préstamos categorizados como “1C” por el equivalente a US$ 2.978 con el BROU, US$ 5.920 con BBVA y US$ 1.634 con la administradora de créditos OCA. También estaba al día con Emprendimientos de Valor por créditos por menos de US$ 200.
El candidato presidencial por el Frente Amplio, Daniel Martínez, aparece en los registros bancocentralistas con préstamos vigentes por unos US$ 1.520 en total, otorgados por Scotiabank, Itaú y el República. Todos estaban categorizados como “1C”.
El presidenciable blanco, Luis Lacalle Pou, tenía deudas vigentes calificadas como “1C”, básicamente con BBVA (por el equivalente a US$ 91.327) y Santander (US$ 4.195).
Los créditos con los que figura el postulante por el Partido Independiente, Pablo Mieres, rondaban los US$ 1.704. El banco prestamista, Santander, los calificó como “1C”.
Guido Manini Ríos, candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, no tiene información en los registros de deudores con el sistema financiero.
