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    Por erosión y contaminación del agua, Canelones pide al MGAP que exija planes de suelos a pequeños productores

    “Muchas veces se asocia la producción familiar con el uso sustentable de los recursos naturales y eso no es así”, dijo el director rural de la Intendencia canaria, Matías Carámbula

    Una de las políticas de Estado consideradas prioritarias por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para la conservación de los recursos naturales, como es el plan de uso y manejo de suelos, no se aplica en unos 7.000 predios agropecuarios que se encuentran en el departamento de Canelones, debido a que esa exigencia abarca a las explotaciones de 100 hectáreas o mayores.

    Preocupados por los problemas de erosión en los campos canarios, el gobierno departamental planteará al MGAP que ese programa sea ampliado a explotaciones rurales más chicas, dijo a Campo el director de la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones, Matías Carámbula.

    Comentó que la idea es mantener una reunión en los próximos días con la titular de la Dirección de Recursos Naturales, Mariana Hill, para estudiar este y otros temas.

    Los productores canarios con establecimientos inferiores a las 100 hectáreas suman casi 140.000 hectáreas, según datos del censo agropecuario de 2011. Muestran que los predios con esa extensión totalizan 872.771 hectáreas de un total de 16 millones de hectáreas de uso agropecuario.

    Para Canelones significa que el 40% del área productiva y el 91% de los productores no presentan planes de uso y manejo de suelos.

    Desde el inicio de esa política, en 2013, hasta octubre de 2015, Ganadería llevaba 13.160 planes registrados que incluyen 1,5 millones de hectáreas de cultivos agrícolas.

    “Muchas veces se asocia la producción familiar con el uso sustentable de los recursos naturales y eso no es así”, señaló Carámbula.

    Agregó que algunos “consideran que la agricultura familiar es nuestra versión de lo que son las comunidades indígenas y campesinas de otros países latinoamericanos y no lo es, porque son muy diferentes, tanto la historia, los rubros y el modo de producción son bien distintos”.

    “Algunos de los problemas que tiene Canelones son la erosión de suelos y la contaminación de fuentes de agua”, reconoció.

    También se tiende a asociar ese tipo de situaciones y el mal uso de herbicidas u otros fitosanitarios con las grandes plantaciones de soja. En este caso “no se puede decir que es problema del agronegocio, que en Canelones lo hay, pero no es el modelo de producción más importante”, dijo.

    Aseveró que “en la cuenca de la Laguna del Cisne el único proceso de desarrollo que genera consecuencias sobre la laguna es el sector agropecuario”.

    Esa situación “es diferente a la cuenca del Santa Lucía, donde están el agro, la industria y las ciudades”, comparó.

    En ambas cuencas la comuna canaria, basándose en estudios de distintas facultades y organismos públicos respecto a la calidad del agua, adoptó entre 2014 y 2015 una serie de medidas, mediante cautelares de exclusión de actividades de uso del suelo.

    A modo de ejemplo, ese jerarca advirtió que las fumigaciones aéreas están prohibidas, así como el uso de fumigadores (mosquitos) en algunas cuencas, como en la Laguna del Cisne.

    “Uno de los problemas más claros es la calidad del agua en esa cuenca, porque, entre otras cosas, hay plantaciones de soja de 50 hectáreas”, indicó.

    Manifestó su preocupación por el riesgo en la utilización inadecuada de fungicidas e insecticidas en los cultivos y huertas, ya que esos agroquímicos son aplicados tanto en plantaciones de granos como de frutales y hortalizas.

    Consultado sobre la posibilidad de ampliar las prohi­biciones en otras zonas del departamento, ese director de la IMC respondió: “No descartamos la prohibición, según la circunstancia, en este caso si se torna inmanejable e insostenible la situación de la cuenca del Cisne y de la calidad del agua, que es para consumo humano y abastece en temporada a más de 100.000 personas”.

    “Ahí hay que pensar en una propuesta muy radical, no llegamos a un extremo de prohibir la actividad agropecuaria sino de generar normas y regular el uso del suelo y la línea establecida es que en tres años solo se permita producción orgánica o agroecológica”, explicó.

    Consideró que esa “es una medida fuerte que se empezó a aplicar ahora”, a partir de una medida cautelar que se terminó de reglamentar en octubre de 2015.

    Multas

    “Lo que está prohibido se está controlando y este mes hubo cinco denuncias y se iniciaron los expedientes judiciales en el trámite de aplicación de sanciones, que pueden llegar a 20.000 Unidades Reajustables (UR), que equivalen a casi U$S 600.000”, enfatizó.

    La normativa canaria vigente establece multas de 50 UR a 50.000 UR para las infracciones en el uso del suelo en las cuencas hídricas.

    Carámbula dijo que la intención del gobierno de Canelones es “que no sea una joda de incluir el monto de la multa en los costos de producción”. En este caso por la magnitud de la multa, algo más de medio millón de dólares, lo que supera el valor de la producción o del campo, el objetivo es “disciplinar”, agregó.

    Al analizar las políticas de desarrollo rural establecidas en el campo canario, Carámbula aclaró que “no se trata de tener una mirada bucólica e idílica de la producción familiar, sino de ver los argumentos objetivos como la generación de empleos, la residencia en el medio rural, la soberanía territorial y la democracia”.

    “Apoyar la producción familiar de Canelones equivale a mantener el empleo de cinco Fripur”, comparó.

    Dijo que la presencia de pobladores rurales “garantiza que haya mayor derecho al acceso de servicios básicos, como la educación, la salud y el transporte”.

    De las 106.961 personas que residen en las explotaciones agropecuarias del país, en Canelones está el 21% de ellas, el 15% de los trabajadores permanentes y el 8% de los zafrales, según datos del censo.

    Otro de los argumentos es “la distribución de la riqueza que genera el sector, porque es distinto distribuir U$S 1 millón entre diez productores que repartirlo entre 100”, valoró.

    La producción familiar canaria abarca prácticamente todos los rubros del agro, a excepción del cultivo de arroz. De los poco más de 7.000 productores que tiene el departamento, unos 5.500 son familiares.

    Dentro de los ejes estratégicos de la Agencia de Desarrollo Rural canaria hay programas de producción, como el denominado Ganaderías Canarias.

    Hay 1.800 agricultores familiares que declaran la ganadería como su principal fuente de ingreso, justificó su director.

    Añadió que Canelones tiene el 20% de los productores agropecuarios, casi el 25% de los agricultores familiares y 27% de la población rural del país.

    Otro de los ejes son la soberanía hacia sistemas sostenibles de producción, derecho y ciudadanía en el campo canario e identidad, diversidad y cultura, comentó.

    Tierras

    La opción preferencial de compra de tierras para el Estado, mediante el Instituto Nacional de Colonización, abarca las transacciones de 500 hectáreas Coneat 100 o mayores a esa extensión.

    Considerando que el tamaño promedio de los predios canarios es de unas 30 hectáreas, la Intendencia de Canelones pretende que esa disposición legal sea modificada para bajarla a 50 hectáreas, dijo Carámbula. Ese es otro tema que será planteado al Poder Ejecutivo con el objetivo de que la política estatal de tierras pueda intervenir en la compraventa de campos que tengan una extensión inferior.

    En marzo de 2015 el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, anunció el envío de un proyecto de ley para reducir esa franja a 200 hectáreas en algunos departamentos del sur del territorio, como Canelones, San José, Florida, Colonia y Maldonado. Pero hasta el momento eso no se concretó.