Por octavo año seguido creció el poder de compra de los sueldos

Según datos divulgados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los salarios promedio de 2012 fueron 4,2% mayores en términos reales que los del año anterior. Se trata del octavo incremento anual seguido por encima de la inflación y constituye el ciclo de mejora más largo al menos desde 1968, cuando se inician las series oficiales sobre las remuneraciones en Uruguay.

El economista Antonio Elías, que asesora a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, y el abogado Gonzalo Ramírez, con distintos argumentos acusaron al gobierno, uno de propiciar un “maquillaje estadístico” y otro de actuar de forma ilícita y “de mala fe” en cuanto al IPC.

Recuperación.

La evolución de los sueldos en 2012 continuó la tendencia de los últimos ocho años. El repunte coincidió con el arribo del Frente Amplio al poder en 2005 y su decisión de reinstalar la negociación obligatoria de los ajustes y otras condiciones laborales en los Consejos de Salarios, con participación de delegados sindicales, empresarios y el Poder Ejecutivo.

Con el criterio de recuperar los niveles de ingreso perdidos durante la última recesión (1999-2003), el poder de compra de los sueldos de los empleados formales aumentó 4,6% en 2005, 4,4% en 2006, 4,8% en 2007, 3,5% en 2008, 7,3% en 2009, 3,3% en 2010, 4% en 2011 y 4,2% en 2012. Esos porcentajes son siempre en promedio anual y en términos reales.

Durante los años de recesión los salarios habían perdido casi la cuarta parte de su poder adquisitivo y la recuperación que tuvieron entre 2005 a 2012 la superó, ya que el aumento fue de 36%.

A pesar de esa recuperación, algunos sectores defienden nuevos aumentos ya que los salarios reales están lejos de sus máximos históricos de inicios de la década de 1970, cuando se encontraban un 60% por encima del nivel actual. A su vez, el total de los sueldos pagos en la economía no ha ganado participación respecto al Producto Bruto Interno en los últimos años: se encuentra en torno a 20% y está por debajo de los niveles de fines de los noventa.

El INE no informa el monto del sueldo medio formal, pero elabora un índice que muestra su evolución. Según dicho indicador, el sueldo de los trabajadores ya realizados los descuentos correspondientes (líquido o “en la mano”) en diciembre pasado fue 13% superior que en el mismo mes de 2011; eso representa un incremento real de 5,2%, tomando en cuenta que la inflación del período que fue 7,5%. Sin embargo, si se utilizan promedios anuales el aumento resultó menor (4,2%), calculó Búsqueda. Ese dato es el que mejor refleja la realidad, ya que la baja de diciembre se debió a medidas tomadas por el gobierno que afectaron el IPC anual.

“Maquillaje” e “ilícito”.

Elías sostuvo en su análisis que los trabajadores de la administración central percibieron en enero de 2013 un ajuste salarial de 7,5%, en lugar del 11,5% que a su entender les correspondería. Esa pérdida se debe a dos factores: “la subvaloración de la inflación futura y ‘maquillaje’ de la inflación pasada”, explica.

La subvaloración consiste en que la meta oficial del gobierno para la inflación —de entre 4% y 6%— está por debajo de los valores observados en la realidad, y sin embargo se utiliza su centro (5%) como criterio de “inflación futura” para ajustar los sueldos. Luego se otorga un correctivo si se verifica un desvío respecto al IPC real.

El segundo punto, señaló Elías, “podría denominarse como un ‘maquillaje estadístico’ no porque los técnicos del INE que calculan el IPC hayan adulterado los datos y los resultados, sino porque las medidas tomadas por el gobierno ‘dibujan’ la evolución de la inflación provocando que los trabajadores no recuperen los niveles de salario real que les corresponden para mantener su poder adquisitivo”.

Explicó que el ajuste salarial percibido en enero fue el 5% (centro del rango oficial) y 2,48% como correctivo por la inflación observada, un total de 7,48%.

Sin embargo, si no se subvalorara la “meta” de “inflación futura” el rango se ubicaría entre 6% y 9%, con un centro de 7,5%, agregó. A su vez, sin el “maquillaje”, el IPC de 2012 habría sido cerca de 9% y por lo tanto el correctivo sería de 4%, por lo que el incremento total hubiese sido 11,5%. “Con el aumento otorgado por el gobierno no se recupera ni siquiera en enero el poder adquisitivo” y “se aumentan las pérdidas” para 2013.

Por otra parte, en una columna de opinión publicada el lunes 11 en el suplemento “Economía & Mercado” del diario “El País”, el abogado Gonzalo Ramírez afirmó que las acciones del gobierno sobre el IPC son una medida económica “ilícita” y “antijurídica” donde “el gobierno ha actuado más allá de los límites de la buena fe, aun cuando la lucha contra la inflación sea una causa común a los trabajadores”.

Sostuvo que en la ley 18.566 se consagra expresamente el “principio general de que las partes deben negociar de buena fe”, regla “que se aplica para todos los contratos privados y administrativos”. Además, según el abogado en los contratos donde el Estado es parte, ese principio esta moderado por lo que la doctrina llama “El hecho del Príncipe”, que prevé que el Estado “modifique en beneficio del interés público las condiciones de un contrato del que fue parte, pero, al mismo tiempo, reconoce por parte del concesionario el derecho a ser indemnizado si es que dicha modificación le altera la ecuación económica del contrato”.

Ramírez afirmó que “el gobierno cambió las reglas de juego” al ajustar los sueldos “por un porcentaje menor de lo que hubiese correspondido de no implementarse dichas medidas” sobre el IPC. En su opinión “no es casualidad que el acuerdo de precios (con los supermercados) haya regido para noviembre y diciembre y que la devolución de la UTE se haya implementado a fin de año”, y “se trata de un acto excesivo, propio de quien ejecuta los acuerdos de mala fe, al igual que quien elude el pago de impuestos mediante ingenierías fiscales”.

En tanto, el economista Javier de Haedo escribó el martes 12 en su cuenta de twitter que lo que ocurrió con el IPC en diciembre “guste o no, es legítimo”, ya que los consumidores pagaron “mucho menos por la cuenta de UTE”. De todos modos, acotó que la inflación el año pasado no fue de 7,5% sino “alrededor de un punto más”.

Con el ciclo de ocho años de repunte del poder adquisitivo volvieron las sonrisas para muchos asalariados pero también las caras largas de los empresarios, ya que entienden que en varios sectores están teniendo que convalidar mejoras en los sueldos que exceden los incrementos de productividad de sus empleados. Eso, alegan, eleva sus costos y restringe los márgenes de ganancias que pueden complicar a las empresas.