“No la pensaba ni Mandrake, los comentaristas agropecuarios deben haber calculado cualquier cosa”, dijo en marzo de 2010 el entonces presidente José Mujica, al referirse a la designación del empresario agropecuario, Tabaré Aguerre, como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y argumentó que lo hizo con la intención de, entre otras cosas, “dar una señal fuerte a la agropecuaria nacional” y que eso de alguna manera ayudara a contener los reclamos de las gremiales rurales.
Sobre el final de la gestión de Aguerre y la asunción de Enzo Benech al frente del Ministerio de Ganadería (MGAP), esa contención parece haberse derrumbado, ya que la movilización de los ruralistas sobrepasó el ámbito de acción de esa cartera de Estado y se muestran cada vez más distanciados del gobierno.
Aguerre, productor de arroz, ganado y caña de azúcar, permaneció como ministro hasta mediados de enero pasado, justo unos pocos días antes de que irrumpiera la movilización iniciada por un grupo de productores autoconvocados, que tuvo su mayor manifestación el 23 de enero en Durazno con la presencia de miles de participantes.
Las críticas y los cuestionamientos a la gestión del Poder Ejecutivo por parte de asociaciones del sector agropecuario ya venían registrándose desde varios meses antes de eso, pero hacia fines del año pasado e inicio de 2018 la situación se agitó mucho más. El sacudón que le significó a la administración del presidente Tabaré Vázquez la movilización en Durazno y sus repercusiones en la opinión pública derivó en algunas decisiones puntuales del mandatario.
Primero, atendió personalmente a los voceros de esa movida, que le entregaron una copia de la proclama difundida en el acto realizado en campos duraznenses y luego, en una extensa conferencia de prensa, anunció algunas medidas de apoyo para ciertos subsectores del agro. Convocó, además, a una mesa de trabajo en conjunto con la participación de representantes del gobierno, de las gremiales agropecuarias y de los “autoconvocados”, que pasaron a denominarse Un Solo Uruguay.
Pero los resultados no convencieron ni a las asociaciones del agro, (salvo a la Comisión Nacional de Fomento Rural), ni al movimiento de los “autoconvocados”, lo que derivó en un distanciamiento entre el Poder Ejecutivo y una gran parte de las asociaciones rurales, principalmente por diferencias en el diagnóstico de la situación y las soluciones planteadas.
Algunas de las gremiales rurales mantuvieron hasta último momento sus dudas respecto a la eficacia y el alcance que pueda llegar a tener esa instancia en cuanto a conseguir medidas concretas para reducir los costos internos, como en el caso de las tarifas de los combustibles y de la energía eléctrica.
“Nos sentamos en la mesa de trabajo, dialogamos, pero buscamos que haya una baja en el costo del gasoil y de la energía o, de lo contrario, no vamos más”, señaló a Búsqueda el presidente de la Federación Rural, Jorge Riani, previo a la reunión de ayer (miércoles 21). Acotó: “El gobierno está equivocado si piensa que nos va a distraer con algunas medidas parciales”. En la misma línea se manifestaron otros dirigentes rurales consultados.
El titular de la Asociación Rural, Pablo Zerbino, dijo a Búsqueda que el gobierno “sabe perfectamente lo que está pasando, lo que no tiene claro es quién es el responsable de eso, el que debe buscar soluciones para el problema que generó”. “No han tomado conciencia, tal vez por la falta de experiencia en sufrir alguna crisis, y esto así se va degradando, se va perdiendo la inversión y aumentando el desempleo en todos los sectores”, advirtió.
Tambo vacío.
Ni siquiera las gremiales de los sectores directamente asistidos y priorizados por el gobierno, como el lechero, mantienen una buena relación con la administración frenteamplista.
Al comunicado emitido por las gremiales de tamberos en el que cuestionaron un proyecto de ley para conformar un fondo de garantía de deudas de la lechería (ver Búsqueda Nº 1.958), se sumó un gesto elocuente por parte de la Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF) durante la visita que realizó el viernes 16 el actual ministro de Ganadería, Enzo Benech, a un campo de recría y riego en ese departamento.
Ningún directivo de esa gremial asistió a la actividad, haciéndole el vacío al secretario de Estado, quien manifestó su sorpresa y dejó entrever su malestar porque no justificaron la ausencia ni atendían sus teléfonos cuando intentó comunicarse con ellos. Ese emprendimiento de la SPLF se realiza en un predio de unas 3.600 hectáreas que fue cedido en arrendamiento por el Instituto Nacional de Colonización y cuenta con un financiamiento de US$ 500.000 por parte del MGAP para la construcción de una represa, tres pivots para el riego y la distribución de agua en abrevaderos, según datos divulgados en la web de Presidencia de la República.
Benech dijo: “No puedo dejar de sorprenderme” por la ausencia de los directivos de la gremial lechera, de legisladores y del intendente blanco, Carlos Enciso, según publicó el viernes 16 radio Uruguay, y aludió a que en ese emprendimiento hay inversión hecha con “dineros de toda la sociedad”, porque, además del monto destinado para ciertas obras, el campo explotado pertenece a Colonización, que es un ente estatal.
“Lo que más me llama la atención” es porque se da “en un momento de fuerte reclamo de que hace falta tomar medidas” y “aquí se puede ver que mucho más que estar preocupados, estamos ocupados”, señaló el ministro.
En la SPLF advirtieron que esa visita del ministro con un grupo de periodistas invitados era más con un objetivo político que técnico, por lo que prefirieron no participar en la actividad.
Algunos directivos de gremiales rurales consultados por Búsqueda interpretaron como una señal de respaldo del presidente Vázquez hacia Benech el hecho de haber tomado la posta en el intercambio entre gobierno y sector agropecuario, principalmente por haberse registrado al poco tiempo de que asumiera el actual ministro de Ganadería. Otros, por el contrario, consideraron que eso demostró la falta de capacidad y de peso político que tiene el titular del MGAP, el cual fue “totalmente sobrepasado” por la situación de enfrentamiento entre ciertos sectores del campo y el gobierno.
Crisis y desempleo.
Zerbino destacó que “la preocupación es muy grande” en el empresariado. “La sensación en las gremiales es que todavía faltan dos años de esta administración y estamos procurando mediante el diálogo llegar a conseguir que el gobierno interprete lo que está pasando y sea capaz de adoptar algunas medidas”, comentó.
Y aclaró: “No estamos pidiendo grandes cambios en la política macroeconómica, pero sí en los costos internos que generan una pérdida de la productividad”.
El gobierno “sigue con pautas salariales por encima de lo que la lógica y la razón indican, con posiciones que no comprendemos, como la del ministro de Trabajo (Ernesto Murro) de que no hay relación entre el salario y el empleo”, cuestionó. Se lamentó de que “(eso) es absurdo, ¡cómo no va a haber relación!”.
Ante esa situación, el presidente de la ARU vaticinó que “si yo, empresario, no puedo convencer articulando o dialogando con quienes fijan las pautas salariales sobre las dificultades por las que mi empresa va, no tengo más remedio que aceptar las condiciones que me imponen, pero sí puedo ajustar el presupuesto de mi empresa”. “¿Cómo?, lamentablente sacando gente, eso es lo que está pasando” hoy, acotó.
Consideró que “el deterioro en el agro todavía no es tan importante como en el resto de las actividades, como es la industria, el comercio y la construcción”.
Zerbino alertó de que el Poder Ejecutivo “todavía tiene tiempo” para adoptar medidas y evitar que la actual situación termine “en crisis”.
