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En la Suprema Corte de Justicia existe “preocupación” por la manifestación que diversas organizaciones sociales realizarán frente al Palacio Piria como protesta por una decisión del Tribunal de Apelaciones Penal de segundo turno, que dejó en libertad a un empresario que mantuvo relaciones sexuales con una menor a cambio de retribución.
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“Sin ingresar a discutir y sin que esto signifique un pronunciamiento sobre el tema de fondo —porque es un asunto sobre el que la Suprema Corte de Justicia deberá pronunciarse— me preocupa este tipo de manifestaciones que generan un juicio paralelo sobre las personas”, dijo a Búsqueda el ministro Julio César Chalar.
“El ámbito para discutir los fallos judiciales es naturalmente el proceso en el que se tienen todas las garantías y las posibilidades recursivas, como de hecho tengo entendido que se planteó en este caso”, explicó. “Pero no mediante manifestaciones públicas que pueden interpretarse como algún tipo de presión, sin perjuicio de la libertad de expresión de la que obviamente se debe ser muy respetuoso”.
Chalar dijo que las concentraciones públicas frente a las sedes judiciales, como en este caso, son una escena que “no se veía con frecuencia” en Uruguay, pero que “lamentablemente cada vez se están haciendo más comunes”.
“La Corte Europea tiene establecido que este tipo de juicios paralelos constituyen una violación a los derechos humanos”, concluyó.
El caso, que generó gran repercusión en los últimos días, comenzó cuando el juez penal de Melo, Javier Gandini, procesó al empresario hotelero Javier Moya por “explotación sexual infantil” luego de comprobar que mantuvo sexo con una menor. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones Penal de segundo turno revocó esa sentencia. En un fallo dividido, la mayoría consideró, entre otros argumentos, que el hombre no sabía que la chica era menor y que esta le mintió sobre su edad.
Ante esa resolución, la fiscal del caso, Adriana Umpiérrez, decidió llevar el caso a casación.