En febrero de este año, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, envió una carta al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, en la que solicitaba suspender la licitación pública vinculada a la extensión de la Ruta 102 —conocida como el anillo perimetral— hasta las rutas 1 y 5. En el documento, la jerarca señalaba que era necesario establecer “una instancia formal de coordinación interinstitucional” para analizar “aspectos sensibles” en los ámbitos “social, ambiental, territorial y de movilidad”.
El pedido de la intendenta fue desestimado y el ministerio continuó con el proceso licitatorio. El llamado se mantuvo abierto hasta el pasado 7 de marzo, plazo que se extendió luego hasta el 20 de abril.
A pocas horas del cierre del plazo de presentación de ofertas para la construcción de una ruta doble vía de nueve kilómetros, con iluminación y dos intercambiadores de tránsito, la Intendencia de Montevideo (IM) expresó de nuevo su descontento. Según confirmó a Búsqueda el director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Guillermo Moncecchi, las autoridades departamentales solicitarán al Poder Ejecutivo suspender el proceso licitatorio vigente, al entender que es necesario un estudio más detallado del proyecto que contemple ciertas afectaciones ambientales.
“Representantes de la comunidad académica han planteado serios reparos sobre los posibles impactos ambientales del trazado propuesto. Por otra parte, vecinos de la zona han solicitado información en diversos espacios y en diferentes ocasiones y ser escuchados, sin haberlo logrado”, criticó Moncecchi.
La intendencia pretende que el proceso se frene al menos hasta que se llegue a una propuesta que incorpore las observaciones de todos los actores involucrados y se garantice los espacios de participación definidos en la normativa vigente.
“Estamos a favor de la ampliación de la Ruta 102 por su carácter estratégico para la conectividad del territorio a escala departamental, metropolitana y nacional, pero tenemos todavía algunas objeciones desde el punto de vista ambiental”, insistió el director.
Según explicó, el trazado propuesto, al que no se le plantearon cambios significativos pese a las reiteradas solicitudes de la intendencia y los reclamos del sector académico, “tiene problemas importantes” de “impacto sobre la cuenca y los humedales del río Santa Lucía”. Esto se debe a que las obras previstas se ubicarían en lo que se conoce como “zona de amortiguación” e impactarían incluso en el límite de la zona de máxima protección del área definida por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
Al mismo tiempo, las autoridades departamentales están preocupadas por el impacto que la extensión de la ruta tendría en las zonas habitacionales próximas al trazado previsto, así como el hecho de que el proyecto implica meterse en el suelo rural productivo de Montevideo.
“Tiene un impacto en el realojo de viviendas y además pasa frente al parque Lecocq. Incluye una serie de contemplaciones que hay que estudiar. Entendemos que debería haber ámbitos de participación más adecuados para resolver un tema tan relevante, sobre todo de escucha a los vecinos y a los diferentes actores, incluida la intendencia”, señaló Moncecchi.
Idas y vueltas
En octubre de 2022, el Ministerio de Transporte informó a algunos vecinos del oeste de Montevideo que sus viviendas serían expropiadas para llevar adelante la construcción de la nueva obra, que había ingresado a la cartera dos años antes como parte de una iniciativa privada.
La situación causó mucha preocupación, por lo que en noviembre de ese año la intendencia solicitó al ministerio que se suspendieran todas las acciones vinculadas a la obra, al entender que el proyecto atravesaba áreas de especial relevancia ambiental para el departamento.
Sin embargo, Moncecchi dijo que “no supieron nada más” hasta febrero, cuando se enteraron a través de la prensa de que la licitación seguía en marcha. Fue ahí que enviaron otra carta en la que pidieron suspender el proceso de licitación hasta que se estableciera un ámbito de discusión de acuerdo a la normativa vigente, dijo el director.
“El proceso siguió y se convocó a un ámbito de trabajo conjunto, que se celebró dos o tres veces y donde planteamos reparos sobre el trazado. Pero ese ámbito en un momento dejó de funcionar y no tuvimos más noticias”, dijo el director.
A su juicio, llegado a este punto, el proceso “debería suspenderse hasta que haya un acuerdo entre todos los actores, que estén dados los ámbitos de participación para que la información llegue a todos los involucrados y se den espacios adecuados de diálogo y de coordinación”.
Paralelamente, ayer miércoles 19 la Comisión Especial Permanente de Montevideo Rural, integrada por la intendencia, los municipios y actores del territorio, elaboró un comunicado al que accedió Búsqueda en el que también expresó su desacuerdo con el proyecto. El documento recoge la visión de la Intersocial Montevideo Oeste (IMO), la cual planteó la necesidad de contar con más información sobre el proyecto, al afirmar “que no han tenido respuesta” desde los ministerios de Transporte y de Ambiente.
Su postura contraria toma como base cinco puntos: la protección del humedal, la pérdida de 700 hectáreas de suelo rural productivo, “la desconexión de Santiago Vázquez”, la situación crítica de los vecinos que verían expropiados partes de sus predios y el desconocimiento de datos e información que fundamenten la construcción de una ruta, “su costo y su coherencia con el ordenamiento territorial vigente”. Así, desde la comisión quisieron expresar su preocupación “por los impactos y las presiones derivadas” de la iniciativa, al entender que se podrían afectar a los diferentes ecosistemas cercanos.
La discusión llegó también al Ejecutivo Departamental; ayer miércoles la bancada de ediles del Frente Amplió publicó un comunicado en sus redes sociales en el que plantea “su preocupación por las graves afectaciones” que esta obra provocaría de ser concretada “tal como está planificada”.
Según indica el texto, el área protegida de los humedales del Santa Lucía está entre las zonas “más complejas de preservar”, al ubicarse en un área lindera a la zona suburbana de Montevideo. Esta área ya tiene afectaciones fuertes, por lo que la obra aumentaría su grado de “vulnerabilidad”, sostienen desde la bancada.
“Entendemos que los objetivos buscados son relevantes y es necesario bajar la siniestralidad y mejorar los tiempos de desplazamiento. Sin embargo, creemos que esos problemas pueden ser atendidos sin generar afectaciones que determinarán el presente y, sobre todo, el futuro”, agregan.
Finalmente, desde el Frente Amplio exhortaron al ministerio a postergar la apertura de la licitación hasta tanto se escuche a las partes afectadas, se den a conocer los informes técnicos correspondientes y se coordine su trazado junto con el gobierno departamental, entre otros aspectos, indica el comunicado.
Academia
Desde el sector académico también se presentaron reparos al proyecto. En febrero un grupo de 11 técnicos e investigadores de diferentes áreas e instituciones (como la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y el Centro Universitario Regional del Este) publicó una carta abierta dirigida al ministro de Ambiente Robert Bouvier en la que alertaba sobre los peligros de la extensión de la ruta.
Frente al avance de la licitación, el grupo decidió ampliar el informe y días atrás dio a conocer una nueva versión del documento, al que accedió Búsqueda. En el texto, los expertos afirmaron que el proyecto “afectaría negativamente una zona ecológica clave del cinturón verde del área metropolitana de Montevideo”, también a “un área protegida departamental como es el Parque Natural Humedales de Santa Lucía” (al hacer foco en las especies más vulnerables) y a “algunas de las principales actividades productivas tradicionales (granja, huerta, vitivinicultura y fruticultura) y recientes (turismo rural y naturaleza) del área.
