Tras recibir una denuncia sindical que alude a “diversos episodios negativos” que ponen en cuestión la actuación del director de Casinos del Estado, Javier Cha, la Presidencia de la República solicitó un informe al Ministerio de Economía.
El 27 de enero Ángelo Olivera, como representante de la Asociación de Funcionarios de la Oficina Central de Casinos del Estado (Afocce), le envió al presidente Tabaré Vázquez una carta señalando varias situaciones de “mala gestión” en el organismo. Según el dirigente sindical, eso produjo, principalmente en 2013, 2014 y 2015, una “caída acumulativa, a valores constantes, de la utilidad bruta” de la Dirección General de Casinos (DGC).
Los ingresos brutos de la repartición habían alcanzado un máximo de $ 6.455 millones en todo 2012, bajaron en los dos años siguientes, y se recuperaron ligeramente en 2015, de acuerdo con cifras proporcionadas a Búsqueda por Olivera (ver gráfica).
La ganancia “viene en decrecimiento, por más que se han pasado al sistema mixto varias salas y por más que se han hecho inversiones. (…) Sin duda hay muchos aspectos de mala gestión, si bien también puede haber aspectos de coyuntura internacional”, declaró a Búsqueda.
Persecución
Por otra parte, en su carta el representante de la Afocce señala que el titular de la DGC “persigue a aquellos funcionarios que no se expresan alineados a sus designios o simplemente cumplen su función con independencia de criterio técnico”.
Olivera aseguró que tiempo atrás él mismo fue trasladado de área sin justificación y como represalia por su actividad sindical. “Hay varios casos más (…), en los casinos y también a nivel de los gerentes; están siendo desacreditados en su función en el sistema mixto y pesa sobre ellos el temor a un traslado”, explicó.
En la misiva agrega que Cha “asigna cargos (sin llamado a concursos) y ordena interinatos eternos que afectan la carrera administrativa de funcionarios con derecho al desempeño en los mismos”.
A fines del año pasado fue nombrado jefe de departamento un funcionario que es pareja de Patricia de los Santos, asesora de Cha. Atendiendo a una queja por escrito presentada por un grupo de empleados del organismo, el director de Casinos resolvió convocar a un concurso para dicho cargo.
Olivera afirmó que Cha se asesora con De los Santos y “no con quien corresponde, el área jurídica, a la que desmembró”. Hay una “estructura técnica paralela” en la que se apoya el director, recalcó.
Agregó que los cambios que se han hecho en la estructura del organismo “no se corresponden con criterios administrativos racionales, de buena administración. Son modificaciones sospechosas”.
“Todo lo que sean controles, en Casinos del Estado están desmantelados. La auditoría interna ya había sido desmantelada previo a Cha”, denunció el representante sindical. Ahora la asesoría notarial “depende directamente del director. Es más, en su momento hasta fue amenazada una escribana del organismo; tenía que poner lo que él quería”, declaró Olivera. Añadió que ese episodio derivó en una acción gremial y en un recurso de la profesional involucrada, que la amparó.
“Puedo atacar, puedo colonizar o puedo mandatar y poner allí a personas que son contestes (…). Así se maneja Casinos del Estado con esta gente, pero no solo con Cha. Desde (Juan Carlos) Bengoa la cosa no ha cambiado”, aseguró.
Cha está al frente de la DGC desde marzo de 2010. Pertenece al Nuevo Espacio, uno de los sectores del Frente Líber Seregni que lidera el ministro de Economía, Danilo Astori.
En la carta dirigida a Vázquez el representante de la Afocce cuestiona además modificaciones legales que, dijo, provocarán un “claro perjuicio a los funcionarios de la oficina central y de las salas de juego de la DGC, los que pasarán a dos regímenes diferentes”, creando además “futuros problemas” para la administración.
Caballos y edificio
El sindicalista también cuestiona la transferencia de dinero que reciben los propietarios de caballos de carrera y la concesionaria de los hipódromos de Maroñas y Las Piedras, prevista como estímulo a la actividad hípica en la ley de Presupuesto del gobierno de José Mujica. Son recursos que, dijo, se están “haciendo figurar como de Rentas Generales” y que el privado utiliza “para los premios”. Añadió a Búsqueda: “Van a caballos U$S 15 millones por año. La enseñanza, ¿cuánto precisa? ¿Qué es más importante?, ¿la pata de los caballos o los botijas de la escuela?”.
También objetó la legalidad de que la DGC transfiera recursos a las intendencias de Montevideo y Canelones —U$S 4 y 3 millones, respectivamente— para mejoras en el entorno urbano de esos hipódromos.
Aspectos de la actuación de Cha han sido cuestionados desde otros ámbitos.
En febrero fue señalado por Enrique Espert, presidente de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay y propietario del haras Gavroche, de estar “prendido del negocio de los caballos”. Según dijo en el semanario “Voces”, el director de Casinos “deja entrar caballos brasileros, cualquier cantidad, y está matando la industria de acá. Y en cualquier momento caga toda la ganadería, porque en Brasil hay grandes pestes”.
“Cha juega a dos cosas: está arreglado con la empresa, con los dueños del hipódromo y de todo. Es un bandido. Ya se lo dije en la cara”, agregó Espert, conocido también por el apodo “Cachete”.
Un viaje del jerarca el año pasado a Las Vegas para una feria de la industria del juego y la estadía pagada por una compañía que es proveedora de slots de la DGC, generó comentarios críticos desde la oposición. Cha aclaró en “El País” que “no hay nada raro” en esa situación, y aseguró que tratan de desprestigiarlo.
El año pasado legisladores de la oposición pidieron informes sobre el gasto —de casi $ 1 millón al mes— en que incurrió la DGC en el arrendamiento de un edificio que se estaba construyendo para mudar su sede.
Olivera, quien es arquitecto de profesión, tiene una opinión personal al respecto. A su juicio, el error que se cometió fue que no se utilizó la modalidad de “llave en mano” para ciertas adaptaciones a las nuevas instalaciones. “Se hicieron llamados independientes: eléctrica por un lado, aire acondicionado por otro, equipamiento por otro, redes por otro. Además de gastarse una montaña de plata, se estuvo 24 meses sin ocupar el edificio y pagando un arrendamiento muy caro. No se hizo un procedimiento acorde a los nuevos tiempos; en seis meses se levanta un rascacielos”. Para él, lo que pasó con ese edificio fue “torpeza, por lo menos”.
Varios de los puntos denunciados por Afocce son respaldados por la Asociación de Funcionarios de Casinos del Estados y también por el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Juego, Leonel Revelese.
Olivera aseguró que en la secretaría privada de Vázquez le comunicaron que, a raíz de su carta, la Presidencia solicitó un informe al Ministerio de Economía. El sindicato interpreta eso como una “señal” positiva y decidió dar un “plazo prudencial”, añadió.
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