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La última ley que a fines del año pasado sancionó el Parlamento, como es sabido, dispuso un aumento del 8% para todos los funcionarios judiciales, siendo que dicho aumento, según la ley que rige en esta materia, debió ser del 21%.
Lo actuado por los legisladores oficialistas de las manos enyesadas fue, pues, evidentemente ilegal, además de injusto.
Dicha ley contiene, por otra parte, una disposición absurda, de muy difícil aplicación. Trátase del disparatado precepto legal que dispone que las sumas resultantes de sentencia condenatorias del Estado deban ser pagas por el Poder Judicial y no por Rentas Generales. Disparatado, porque es lógica y jurídicamente absurdo que el obligado a pagar la suma resultante de la sentencia de condena, en este caso el Estado, sino un tercero que no es parte en el juicio y que, por añadidura, dicta la sentencia condenatoria. De lo cual resulta que, en razón de dicha norma disparatada, al dictar el fallo condenatorio se obliga a pagar al particular ganancioso, como si el Poder Judicial hubiera sido el condenado.
Claro está que, como dicho poder del gobierno no cuenta con los recursos necesarios a tal fin, apenas si dispone de los requeridos para solventar sus propios gastos, no podrá pagar los importes resultantes de dichas sentencias. O lo hará con cuentagotas.
Lo cual resultará profundamente injusto para los litigantes de juicios que, a veces duran cinco, seis o aún más años. En efecto, yo patrocino a una persona cuyo litigio contra el Ministerio del Interior —ya ganado, pero en el que la parte demandada fue condenada a pagar una suma ilíquida, que aún no fue determinada—, ha durado ya siete años.
Es de esperar que al acceder el Dr. Tabaré Vázquez a la Presidencia de la República, el conflicto que ha paralizado al Poder Judicial y a los registros públicos concluya de una vez por todas. Y que, además, el galeno que gobernará por segunda vez nuestro país, comprenda que la norma que censuramos debe ser derogada.
De no ser así, la oposición deberá proponer dicha derogación, aunque de antemano se sepa que su proyecto no será aprobado, haciéndole pagar así al oficialismo el correspondiente costo político.
