Afiliados a la Sociedad de Fomento Rural de la Industria Lechera de Salto (Sofrils), gremial en cuyo seno se agrupan unos 80 productores que comprenden casi la totalidad de la cuenca lechera regional, reclaman soluciones urgentes ante la alarmante situación que afrontan debido fundamentalmente a las políticas de precio instrumentadas por Indulacsa en su planta de Salto.
Gustavo Alonso, directivo de la gremial, dijo a Campo que la situación se vio agravada hace un año, en instancias vinculadas con la distribución de los cupos para cubrir la demanda venezolana, en el negocio realizado por leche en polvo y quesos, además de otros productos como pollos, arroz y soja con ese país.
Indulacsa, del grupo francés Lactalis, no tuvo oportunidad de ingresar en esa operación, y según Alonso, desde ese momento “asumió determinadas medidas en forma de represalia para ejercer presión con el gobierno, bajando el precio drásticamente a $ 4 por litro en el mes de agosto, valor que mantuvo hasta el mes de diciembre”, aseguró.
La actual política de precios que implementa la planta con sus “negativas consecuencias” no es un hecho aislado, relató este dirigente gremial. Señaló que se trataría ya de la tercera ocasión en la cual los productores de la región remitentes a esta planta afrontan este tipo de circunstancias, y no solo con los actuales propietarios, quienes han sido “mucho más agresivos en la fijación de precios para la producción e inflexibles ante las propuestas de la agremiación de productores”.
Esta medida derivó en resultados que claramente graficó el productor al informar que las remisiones diarias a plantas han disminuido de 70.000 litros a apenas 10.000 en la actualidad, lo que determina un desfinanciamiento en el ámbito de los productores, que en un principio se centraron en atender la situación como algo “coyuntural” pero que finalmente hoy no ven una salida a la problemática.
Imposible subsistir
De los 80 productores agremiados en Sofrils, 50 son remitentes a Indulacsa: “Somos todos productores familiares y estamos colapsando”, apuntó Alonso. Se trata de una cuenca que posee más de noventa años de historia y varias crisis en su haber, pero “ahora que se suman los altos costos operativos y la no posibilidad crediticia, se torna imposible subsistir”. En este último sentido, Alonso considera que “se nos están cortando las manos” al negárseles la posibilidad de acceso a microfinanzas, incluso a productores cuyas economías son saludables a nivel de créditos y que cuentan con el aval de la industria.
La actividad de la gremial ha sido ardua, según relató Alonso. “Hemos recorrido más de 3.000 kilómetros en busca de una solución. Hemos sostenido tres reuniones con el propio ministro Aguerre en 2015, lo mismo en el Instituto Nacional de la Leche (Inale), Asociación Nacional de Productores de Leche (Anpl), Intendencia o Desarrollo Rural. Siempre con el mensaje claro de frustración y urgidos de un salvataje gremial. Estamos arruinados por una empresa transnacional”, sentenció.
La reciente presentación formal del planteo de la gremial ante la Comisión de Ganadería del Parlamento dará lugar a pedidos de informes y a gestiones para destrabar soluciones de crédito mediante el Banco República (Brou). En respuesta, también Indulacsa habría aumentado el precio en $ 0,50, alcanzando a $ 5,30 por litro, sin contar una posible bonificación de $ 1 adicional que la empresa instrumenta de forma “ocasional”, se informó desde el seno de Sofrils. En dólares, el pago por litro de leche remitido a esta planta se traduce en unos 17 centavos, lo cual dista considerablemente de los costos de producción que, según Inale, rondan los 25 centavos.
Alonso señaló que los créditos necesarios serían un “apoyo” destinado a cubrir costos de combustible o impositivos, aspecto que debido “al calendario de pagos que tiene marcado el país, termina por ahogar a los productores durante los primeros meses del año hasta que llegan las primeras cosechas”. Los créditos fueron cortados desde el mes de diciembre de 2015, se indica desde Sofrils. Alonso dijo que se les informó que “al norte del río Negro no se destinarán más créditos por microfinanzas, argumentando que ya habíamos sido bien atendidos, y eso hoy es determinante para muchos de los remitentes”, dijo el dirigente.
Desde el Ministerio de Ganadería las señales fueron claras inicialmente, se otorgó gestión de un fideicomiso para semillas en 2015 y la misión era “aguantar hasta diciembre, mes en el que se nos daría una solución a la compleja situación de toda la cuenca”, dijo Alonso. Y decidieron “hacer un esfuerzo más”. En abril de 2016 se observó con sorpresa cómo en el marco del Consejo de Ministros concretado en Salto, “Aguerre reaccionó ante nuestros planteos como si se lo dijéramos por primera vez; eso pegó muy fuerte y fue un detonante”, aseguró el productor.
Ni planes ni incentivos
Gustavo Alonso describió como “un abuso” la actitud de la empresa de capitales franceses ante la situación del mercado. La dificultad para colocar productos en los mercados internacionales fue “empleada para generar un aprovechamiento de la dominancia industrial que poseen desde entonces en la plaza regional, teniendo de rehenes a toda una cuenca de productores en torno de su planta de Salto. Esta empresa transnacional está destruyendo al productor”, sentenció. Agregó que desde la industria “no se hace esfuerzo alguno, plan alguno, ni el mínimo incentivo que tienda a acompañar la difícil situación que se afronta”.
Señaló además que la empresa remite a Inale datos no certeros respecto al precio promedio que se le otorga por litro de leche al productor, así como informa erróneamente sobre los valores que perciben por concepto de exportación y que emplean como argumento para bajar el precio a los remitentes. Según relató Alonso a Campo, desde la Gerencia de Indulacsa se les indica que el costo de otorgar el precio bonificado a los productores, que lleva el litro de leche a $ 6,30, implica una pérdida de 10 millones de pesos mensuales para la industria. No obstante, el directivo de la gremial lechera salteña asegura que la empresa actualmente “está ofertando comprar leche a Conaprole a $ 8 más flete por litro y que incluso se estudia la posibilidad de recibir leche producida en tambos de Rocha.
Conaprole también recibe leche de productores de la región, por lo que Alonso entiende que la logística para atender a nuevos remitentes está dada, pero aseguró que la posibilidad de remitir a la cooperativa, o a otra empresa cualquiera, les está vedada por las presiones sindicales de los trabajadores. “No nos está permitida debido a la presión sindical que ejercen los trabajadores de Indulacsa, quienes amenazan con realizar paros si algún productor decide retirar su remisión a esta planta. Eso nos tiene también acorralados”. Sobre esta situación los tamberos de Salto remitentes a Indulacsa informaron al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Dijo Alonso que procuraron que este “entienda que es preferible dejar una planta sin materia prima, cuyos trabajadores a la larga van a quedar sin empleo de todos modos, a que se pierda toda una cuenca casi centenaria”.
Fue enfático en afirmar que las respuestas brindadas en la oportunidad no colmaron sus expectativas. “Es triste escuchar de las personas que tienen la responsabilidad de conducir la lechería nacional que el camino pasa por empezar a criar ovejas en lugar de ordeñar. O esperar a que se deje de remitir a esta planta progresivamente, y luego de un tiempo retomar la producción redireccionando el producto a otras industrias, ya que no habría conflicto de ese modo”. Mientras tanto, se lamentó de tener que “seguir transitando el camino actual, donde no tenemos ni siquiera la libertad para elegir dónde enviar nuestra producción, nos aleja seriamente de ese eslogan de país productivo”, afirmó.
El campo de recría de la asociación, emplazado en la Colonia Líber Seregni, es un emprendimiento productivo que se destaca dentro de los logros más celosamente cuidados desde hace casi una década. Este emprendimiento se ve también afectado ante la imposibilidad de hacer frente al costo del pastoreo de vaquillonas, donde “lamentablemente se está desaprovechando un trabajo técnico y de organización excepcional. Incluso en aproximadamente unos diez tambos fue tomada la decisión de vender la totalidad de la reposición que tenían para poder hacer frente a las responsabilidades”.
Para Alonso, se ha experimentado una seria “marcha atrás” en la lechería nacional y en las políticas públicas para el sector. Colonias lecheras fomentadas desde el seno del Instituto Nacional de Colonización (INC), como en el caso de la Colonia Eduardo Acevedo, pasaron de estar integradas por un número de al menos cinco productores a contener uno solo de ellos dentro de las fracciones adjudicadas, al no darse las condiciones y el apoyo necesario, aseguró el directivo gremial.
“El sector lechero no necesita asistencialismo”, indicó Alonso, quien aseguró que esta producción es un rubro “genuino” y un “ejemplo en el país”.
Insistió en que desde la gremial demandan soluciones que a su criterio están en manos del Estado, y que están vinculadas con una decisión referida a si hay voluntad o no de que esos productores continúen en la actividad.
Alonso señaló que se les debe dar a esos remitentes la posibilidad de elegir a dónde remitir su producción como forma de dejar de estar “bajo la influencia de los intereses de una empresa multinacional”.
