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    Promotores alertaron a Astori que los planes para construir viviendas con ventajas impositivas cayeron a “cero” este año

    Los últimos cambios introducidos al régimen de vivienda promovida frenaron a “cero” el interés de invertir en el rubro por parte de los constructores. Apoyados con cifras oficiales, esa “realidad incontrastable” le fue planteada el viernes 4 al ministro de Economía, Danilo Astori, por directivos de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) en un almuerzo en la sede de la gremial, dijeron a Búsqueda fuentes empresariales.

    La reacción del secretario de Estado fue de “honda preocupación”, y se comprometió a estudiar el tema porque le interesa se puedan recuperar los empleos perdidos, agregaron los informantes. Al inicio de este año la ocupación en la construcción se ubicó en algo más de 41.000 puestos, el mínimo registro desde 2007, según datos de la Cámara de la Construcción.

    En los últimos meses, y otra vez el martes 8 en una rueda de prensa, Astori ha puesto énfasis en la necesidad de reactivar la inversión. En ese marco fue que el Poder Ejecutivo anunció, semanas atrás, cambios al régimen de estímulos y otras medidas.

    Menos proyectos

    La ley 18.795 de vivienda de “interés social” —que ahora el gobierno denomina “promovida”— comenzó a regir en 2011 estableciendo zonas donde la construcción, refacción, reciclaje y ampliación serían exonerados de tributos nacionales (IRAE, Impuesto al Patrimonio, IVA, etcétera). Esa política hizo que se multiplicaran los proyectos inmobiliarios en barrios de Montevideo o ciudades del interior donde había poca oferta; en los primeros tres años de vigencia se promovieron más de 8.800 unidades.

    Dado que los precios de venta resultaban accesibles solo para sectores de ingresos medios y medios altos, en junio de 2014 el Ministerio de Vivienda (Mvotma) estableció un tope en los valores al 25% de las unidades promovidas.

    Eso operó como un desestímulo para la inversión, en un contexto en el que, además, se había generado un sobrestock de unidades nuevas y a elevados precios, según algunos inmobiliarios. En 2015 solo fue promovida la construcción de algo más de 2.000 unidades y otras 2.800 en 2016.

    A casi tres años de fijado el tope, en marzo de 2017 el Mvotma volvió a ajustar el régimen: el porcentaje de viviendas con precios máximos para la venta se redujo de 25% al 10% de las unidades promovidas, pero se estableció que esas quedaran a disposición de dicha Secretaría de Estado hasta un año luego de construidas para ofrecerlas a través de la realización de llamados. Además, para aquellas viviendas promovidas que se destinaran al mercado de alquiler (una tendencia creciente a la que recurrieron los promotores debido a la menor fluidez de las compraventas), el Mvotma condicionó la exoneración fiscal a que el precio del arrendamiento no supere determinados límites. De lo contrario, el beneficio impositivo se reduce de 100% a 40%.

    A la vez, en octubre resolvió cambios al máximo de ingresos requeridos para acceder a los distintos planes de la cartera, entre ellos para las promovidas bajo las últimas condiciones, con el objetivo de ampliar el espectro de potenciales beneficiarios. Estas últimas modificaciones volvieron a desestimular la presentación de proyectos de construcción, tanto que según señalaron los directivos de la Appcu al ministro Astori, en lo que va del año no se promovió ningún nuevo emprendimiento.

    “De enero hasta ahora no entró ni un proyecto, ni de Campiglia, ni de Altius Group, ni de González Conde, no hay promotores que quieran seguir con estas reglas”, dijo una fuente. “Los proyectos están bajando de forma abismal. De 15 por mes pasaron a siete, luego a tres y ahora a cero”, le transmitieron a Astori, agregó.

    Con ese estado de situación, los representantes empresariales volvieron a plantear al ministro que se eliminen los topes en la vivienda promovida, o que en su defecto se vuelva a la situación anterior, cuando solo tenían límite de precio una de cada cuatro unidades.

    “Con los topes de 2014 al menos yo elegía a quién vender las unidades más baratas, no se perdía dinero y más o menos la cuenta daba, recargando los costos sobre el resto de las viviendas. Ahora, desde que obtengo el permiso, la Agencia de Vivienda retiene el 10% de las unidades y me las devuelve al año, si no las coloca. Como sus precios son por debajo del costo, tengo que recargar al otro 90% de las viviendas, porque nadie trabaja a pérdida. Los márgenes han bajado. Y encima, me topean el precio del alquiler a precios irrisorios con los del resto del mercado”, se quejó un constructor consultado por Búsqueda.

    En su opinión, fue un error llamar la ley como de promoción de la vivienda de “interés social” y creer que con el régimen accederían a los inmuebles las familias de ingresos más bajos. “Pero la sociedad somos todos. Estamos construyendo por toda la ciudad, donde hacía 30 o 40 años no había ni un permiso aprobado. (…) Los privados no financian —ni acá, ni en Alemania, ni en India—vivienda para los quintiles más bajos. Quien lo hace es el Estado, poniéndose a construir”, sostuvo.

    En 2017 fueron promovidos 62 proyectos que abarcaban 1.193 viviendas; eso representan caídas de 36% y 58%, respectivamente, en relación con el año anterior. Y en lo que va de 2018 no hubo construcciones promovidas, según los datos oficiales presentados al ministro por la Appcu.

    A diciembre pasado habían terminado las obras de unas 7.000 viviendas promovidas, estaban en construcción unas 6.000 y aún quedaba por iniciar la edificación de unas 1.900.

    Gran dimensión

    Por otro lado, en el almuerzo con Astori las autoridades de esa gremial empresarial destacaron los resultados del régimen de exoneración impositiva a megaproyectos de construcción de vivienda en Canelones y Maldonado. Se trata de la promoción de inversiones superiores a los US$ 15,8 millones mediante la exención de tributos a la importación de equipos, máquinas y materiales —siempre que no sean competitivos con la industria nacional—, además de exonerar impuestos nacionales por determinados plazos y franjas. Hasta el momento van presentados 60 emprendimientos que totalizan  una inversión potencial de US$ 1.900 millones, informó el equipo económico la semana pasada.

    La Appcu pidió a Astori que, para Montevideo, se extiendan los beneficios a proyectos con un monto menor a los US$ 12 millones y que se amplíe a 48 meses el plazo para desarrollarlos (en lugar de 36 meses).