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Además de las condiciones de competitividad, el acceso de la producción nacional a los mercados exteriores está condicionado por las barreras geográficas y de política comercial a que se enfrenta. Los acuerdos comerciales preferenciales tienen la finalidad de mejorar esas condiciones de entrada; para poder beneficiarse de esas ventajas, se exige que cumplan con determinadas “reglas de origen” (porcentajes de integración de insumos nacionales regionales) para evitar la triangulación de bienes desde terceros mercados. Dichas reglas son objeto de negociación entre los países firmantes de un tratado o son establecidas autónomamente por el importador en los casos de preferencias unilaterales.
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Según una consultoría para la Oficina en Montevideo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), alrededor del 70% de las exportaciones uruguayas se ampararon en un certificado de origen, aunque dos tercios de estas lo hicieron mediante uno de tipo “no preferencial”, es decir, por un motivo diferente a las ventajas previstas en un acuerdo comercial. En las exportaciones hacia los socios del Mercosur la utilización de la preferencia comercial alcanzó al 82%; el porcentaje fue algo menor con países más distantes como Bolivia, Chile, Perú, Cuba e Israel, y con otros destinos americanos con acuerdos la utilización de la preferencia se aproximó a un cuarto de los envíos. En los accesos preferenciales las reglas de origen más utilizadas fueron las de “salto de partida” y “enteramente obtenido”, entre un total de 12 categorías analizadas. El análisis tomó datos de entre 2015 y 2017.
Por otro lado, la consultoría, fechada este año, mostró que el 70% de las exportaciones uruguayas dirigidas al Mercosur utilizaron insumos importados en régimen de admisión temporaria. Ante la “difícil coyuntura” que vive el sector exportador debido al desplome de la demanda por la crisis del Covid-19, con stocks de mercaderías que no podrán ser embarcados en las condiciones planificadas, el Ministerio de Industria prorrogó por 18 meses las operaciones de admisión temporaria, cuyo plazo de vigencia finalizaba entre el 1o de enero y el 31 de diciembre de 2000. La medida, decretada este 29 de abril, había sido solicitada por la Cámara de Industrias y la Unión de Exportadores.