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Unas cuatro millones de hectáreas comprenden el área definida como de prioridad forestal por el marco legal vigente; eso representa el 25% del total de suelos de uso agropecuario de Uruguay. Ahora, un proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto (CA) aprobado el martes 15 por la Cámara de Diputados con los votos de ese sector que integra la coalición de gobierno, el apoyo del Frente Amplio y del diputado César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente, establece un tope de 10% de las tierras productivas a ser forestadas. Eso implica limitar esa actividad a 1,6 millones de hectáreas, impidiendo que otras 2,4 millones sean plantadas.
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Desde la promulgación de la Ley 15.939 en 1987 —que establece estímulos para la forestación— hasta el momento, hay 1,1 millones de hectáreas forestadas, lo que representa 7% del suelo agropecuario. Eso comprende áreas de prioridad forestal y otras, unas 300.000 hectáreas, que no lo son, según el proyecto de ley en cuestión.
El ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, manifestó el viernes 18 en su cuenta de Twitter su “desacuerdo” con “limitar arbitrariamente una actividad, cambiando reglas de juego y creando un peligroso antecedente”. Para él, el proyecto “carece de fundamentos técnicos”.
“La lectura del inversor es que hoy es forestal; veremos qué tipo de control puede aparecer mañana que no deje a la libre decisión del productor” lo que hacer en su campo, se lamentó el director forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos Faroppa, en Radio Rural el miércoles 16. El proyecto aprobado lo que hace es “quitarle niveles de libertad al dueño de la tierra”, insistió.
“La sustentación de este proyecto técnicamente es muy débil”, consideró el jerarca, que antes de asumir su actual cargo fue presidente de la Sociedad de Productores Forestales. Consideró que “parecía el camino más correcto elaborarlo a lo técnico para luego elevar a lo político” para tomar una decisión.
“No hay proyectos de inversión a nivel del agro que pasen por tantas oficinas (públicas) como los forestales, lo que asegura desde el Estado la visualización de muchos controles técnicos”, comparó. Y aseguró que “en breve” habrá “nuevas regulaciones con las que la Dirección Forestal, los ministerios de Ganadería y de Ambiente van a controlar los proyectos”.
Tanto Uriarte como Faroppa se integraron al sector Ciudadanos del Partido Colorado para apoyar la candidatura presidencial de Ernesto Talvi.
Aprobado
La plantación de bosques generales y de rendimiento, tipificados en la Ley 15.939, del 28 de diciembre de 1987 y sus decretos reglamentarios, queda limitada a los suelos de prioridad forestal, señala el texto del proyecto aprobado en Diputados en una sesión de carácter urgente. El texto pasó a la Cámara de Senadores.
Establece que “la superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país, no podrá superar el 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria definida en el Censo General Agropecuario”. El cómputo de la superficie total de bosques de rendimiento y generales se establecerá a partir de los proyectos forestales aprobados por la Dirección Forestal e implantados en un plazo máximo de cinco años a partir de su aprobación, dispone.
Señala que en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la promulgación de la ley, la Dirección Forestal del MGAP deberá establecer y comunicar de manera pública y fehaciente la superficie total afectada a bosques de rendimiento y generales.
La superficie destinada a bosques de servicio en cualquier predio agropecuario no podrá superar el 8% de la extensión total del mismo, cuando se ubiquen en suelos fuera de prioridad forestal, según la iniciativa. Y ordena que si la superficie de bosques de servicio del predio supera las 40 hectáreas, se requerirá preceptivamente su declaración en la Dirección Forestal y en la Dirección de Medio Ambiente, que dispondrán la presentación del proyecto respectivo, según se establezca en la reglamentación.
El diputado Rafael Menéndez, que pertenece a CA por Tacuarembó, presentó el proyecto de ley.
El lunes 21, el movimiento Un Solo Uruguay emitió un comunicado en el que expresó su apoyo a la iniciativa y propuso un debate nacional sobre el tema.
Menéndez integró la mesa departamental de ese grupo de autoconvocados y luego de allí entró en contacto con CA, relató el propio diputado en marzo en el semanario La Mañana.
Seguridad jurídica
Desde el sector empresarial, mediante un comunicado divulgado el martes 15, la Sociedad de Productores Forestales señaló “su honda preocupación por la aprobación en Diputados del proyecto de ley que limita la producción forestal, ya que una normativa con ese alcance supone un grave riesgo para las posibilidades de desarrollo del sector y la economía del país. “La sanción de una ley en ese sentido pone en tela de juicio la seguridad jurídica, no solo en el sector forestal sino en todas las actividades económicas del país, lo que es un elemento clave para la atracción de inversiones y es un activo competitivo a nivel internacional”, sostuvo la gremial.
Y advirtió que en caso de prosperar el proyecto, el sector forestal sería el “único del agro en tener una cota sobre las tierras que puede dedicar a la actividad, lo cual significa una discriminación negativa, sin fundamentos ni precedentes”.
Otras gremiales vinculadas al campo se pronunciaron en contra.
La Cámara Mercantil de Productos del País expresó en un comunicado emitido el viernes 18 su “convencimiento y la firme creencia de la existencia de una relación indisoluble entre la libertad y el derecho de propiedad y entre la propiedad y el crecimiento económico; y esa creencia deriva además de nuestra propia Constitución Nacional que sustenta los mismos principios y derechos que este proyecto de ley en cuestión pretende avasallar y contra el cual nuestra institución expresa públicamente su más firme rechazo”.
