Sr. Director:
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa presente refiere a la nota del lector o lectora CI 1.348.945-7 que usted titula “Canon y Aduanas”, publicada en la sección Cartas al Director del jueves 2 de enero de 2020.
Tanto el respeto de la libertad de expresión (consagrado en el art. 29 de nuestra Constitución) como el precepto de la obligación de los jerarcas de rendir cuentas ante la ciudadanía, han sido y son principios rectores en todas mis actividades y durante toda mi vida. Me complace pues, que un ciudadano ejerza esos derechos.
He respetado durante toda mi actividad pública los “Principios rectores de la Conducta Funcional” que surgen del Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos (TOFUP, Libro III, Título I, Capítulo I, arts. 330 al 346). Entre otros, esos artículos refieren a principios de eficacia y eficiencia, buena fe y lealtad, legalidad y obediencia, probidad, y transparencia y publicidad.
Me sentí tentado de responder explicando las simplificaciones, engañosas y tendenciosas citas (de notas de vuestro semanario) e inexactitudes o verdades a medias que contiene la carta referida. No tengo por qué suponer que dichas consideraciones fueran hechas con malicia. Sin embargo, profundizar en ello implicaría una extensión que distraería la atención del lector o de la lectora, en relación a lo que considero sustancial.
Previamente a entrar en sustancia, me gustaría dejar sentados dos comentarios:
Algunas pistas para responder a las preguntas del lector o de la lectora y dar contexto a afirmaciones del periodista Juan Pittaluga (citadas en la carta), se pueden encontrar en la misma edición de Búsqueda del 2/1/2020, en la página 6, en la Columna “Un error de lesa humanidad” escrita por Gabriel Pereyra y particularmente en el contenido de los subtítulos “¿Uruguay es un colador?” y “¿Somos especiales?”. Me complacen doblemente esos párrafos pues, por una parte, revelan –a contrario sensu de la mayoría de los ‘periodistas’ locales– la verdad sobre el narcotráfico en nuestro país y región y, por otra, porque se trata de alguien que ha estado consecuentemente en la vereda opuesta a mi gestión.
Tengo aprecio por la Dirección Nacional de Aduanas y por la mayoría de sus funcionarios y me alegra que nuevos procedimientos aplicados a la gestión de riesgo en exportaciones (por los que abogué como Director) estén arrojando resultados extraordinarios. Sin querer arrogarme mérito en esos logros, estoy seguro que la Modernización de Aduanas desplegada y lo acumulado por el equipo de dirección desde 2010 incidió e incidirá en que la Aduana uruguaya continúe siendo referente para las Aduanas del continente y del mundo.
Entonces, al grano; el lector o la lectora afirma:
“Luego (N del R: de mi renuncia) no se realizaron investigaciones sobre el proceder de Canon, que ha sido denunciado públicamente por el gremio de aduanas, sin que pasara absolutamente nada”. También se pregunta: “¿No debería actuar la Jutep?” y al finalizar su carta escribe: “… esperemos … que alguien se interese por investigar lo que ocurrió en los 9 años que estuvo Canon a cargo de Aduanas.”
Estos párrafos me merecen las siguientes respuestas y comentarios:
Fui denunciado por AFA (Asociación de Funcionarios Aduaneros) penalmente por “conjunción de interés público y privado”. Declaré –en carácter de indagado– ante el Señor Fiscal Letrado de Delitos Económicos y Complejos de 1er. Turno, Enrique Rodríguez con fecha jueves 8/8/2019 durante 1 hora, presenté un escrito de 49 folios ampliatorio de mis declaraciones con fecha 2/9/2019 y estoy desde entonces a la espera de lo que el Sr. Fiscal resuelva. Se trata de una denuncia infundada y temeraria.
También fui citado como testigo por el Juzgado Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º turno por Denuncia IUE 2-14181/2013 caratulada “Manuel Garrido y Graciela Ocaña (diputados argentinos) y con motivo del contenido de programas de Santo y Seña en Canal 4, las declaraciones públicas de dirigentes de AFA y su comparecencia ante la Fiscalía de la Nación para –pretendidamente– aportar datos a la investigación sobre lavado de dinero. Declaré con fecha 25/4//2019 durante 45 minutos y no he sido notificado de ninguna resultancia de dicha declaración. No tengo responsabilidad ni participación alguna en esta o cualquiera otra causa penal por lavado de activos.
A raíz de estas actuaciones me puse a disposición de la JUTEP en carta que dirigí a esa institución y recibí respuesta el 19/12/2018 por Nota Nº 147/2018 que en su parte medular reza: “Analizadas las probanzas por Usted ofrecidas (N del R: pen-drives con la grabación de los programas aludidos de Santo y Seña) a la luz de las reglas de la lógica y la experiencia rectoras de la sana crítica, no encontramos en ellas elementos de convicción a efectos de juzgar vuestra conducta en lo atinente a su obrar fuera de los parámetros legales ni reglamentarios respecto a su ética, transparencia y probidad de funcionario público”.
Las investigaciones que el lector o lectora reclama podrían procesarse resumidamente (sin perjuicio de que hay otras) como sigue:
Que la JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública) actúe nuevamente y a esos efectos el lector o la lectora puede dirigirse al portal de dicha institución: Denunciantes/Procedimiento actual.
Que como se adelanta por parte de un vocero de Cabildo Abierto (partido –como se sabe– integrante del gobierno de coalición electo), el Coronel Retirado Rivera Elgue, se realice una auditoría en la Dirección Nacional de Aduanas sobre el período en cuestión.
Quizás el Senador electo Guido Manini pueda esclarecer este punto desde que declaró que “hay bandas poderosas con conexiones a alto nivel del gobierno, que pudieron hacer posible que ese cargamento récord llegara a Europa”. Aunque luego reconoció en una conferencia de prensa que nunca dijo que “tuviera pruebas” para afirmar lo que dijo, es posible que ahora las tenga.
Dispone el lector o lectora de buenas fuentes de información a la interna de la Dirección Nacional de Aduanas, entre otras. Quizás Usted, o cualquier otro que tenga pruebas sobre algún delito cometido por quien suscribe cumpla con su deber ciudadano y las presente ante la justicia.
Estoy absolutamente dispuesto y, aún más, DESEOSO que se procesen TODAS LAS INVESTIGACIONES, DENUNCIAS y AUDITORÍAS reseñadas y aún otras si fuera posible. Las aguardo con la total tranquilidad de conciencia que expresa el proverbio: QUIEN NADA OCULTA, NADA TEME.
Ética y moral son materias que aprendí de mis padres y sobre las cuales a nadie concedo la autoridad para darme clases.
Cr. Enrique Canon