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Con un Producto Bruto Interno (PBI) que se aproxima a los US$ 58.000 millones y una población cercana a los 3,4 millones de habitantes, Uruguay pasó a ser considerado un país de renta alta: el PBI per cápita está apenas por debajo de los US$ 17.000 anuales. Esa categorización acaba de ser ratificada.
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Pero alcanza con recorrer algunos barrios humildes alejados del Centro para comprobar que, aunque hubo mejoras, está lejos de ser el primer mundo. El gobierno uruguayo viene pujando a nivel internacional, aún sin éxito, por darle un enfoque más amplio para categorizar los países; eso es clave para el dinero y otros apoyos no monetarios que provienen de economías desarrolladas, al menos las integradas a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De hecho, desde que en 2013, por primera vez, Uruguay fue calificado como país de renta alta, el flujo de la cooperación mermó. Se pasó de 266 iniciativas tradicionales en 2014 a 259 en 2016. En ese año, el último para el cual la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) divulgó datos, estuvieron involucrados US$ 124 millones.
Si un país, por tres años consecutivos, mantiene su estatus de renta alta, pasa a ser considerado como no receptivo de fondos de cooperación de la OCDE (dado que a los cooperantes no se les permite computar ese dinero como una contribución al desarrollo). Eso se ratificó para Uruguay a partir de este enero.
Andrea Vignolo, directora ejecutiva de la AUCI, interpretó que en ello hay una “doble mirada” sobre el país. Por un lado, “Uruguay ha hecho las cosas bien, mejoró su desarrollo económico e hizo mejoras en cuanto a los derechos para las personas. Tenemos un lugar de reconocimiento”, afirmó a Búsqueda.
Por otro lado, apuntó: “Hemos crecido, pero tenemos todavía una brecha amplia” con los países desarrollados.
“Discutimos la definición que hay atrás de ese concepto que solo mira el grado de desarrollo económico y entendemos que se requiere una mirada multidimensional, del espacio geográfico donde el país esté —no estamos en la Unión Europea—, con distintas realidades y tenemos una población reducida”, alegó.
La jerarca destacó que, pese a que Uruguay fue ratificado como de renta alta, el gobierno logró, en una gestión realizada junto con Chile y otros países, que a nivel internacional se instalara una discusión sobre la categorización. Así lo aceptaron varios organismos, como la Secretaría General Iberoamericana, Naciones Unidas y la Unión Europea y el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que incluso incorporó a su plan de trabajo para 2018-2020 hacer un análisis del asunto. Se “reconoce que tienen que pensar de manera diferente la forma de cooperar con América Latina”, explicó la titular de la AUCI, una oficina que funciona en la órbita de la Presidencia de la República.
Mientras se pasa por este “momento de inflexión”, desde el gobierno se han ido buscando “nuevos instrumentos, alianzas y otra manera de cooperar”, incluso con países de la OCDE como Francia, comentó. Con ese país se trabaja, por ejemplo, en un proyecto de educación en el lugar de trabajo junto con la Administración Nacional de Educación Pública y el Instituto de Empleo y Formación Profesional.
“Hubo un cambio importante en la cooperación no reembolsable. Siempre se tiende a mirar lo financiero, pero desde hace cuatro o seis años la cooperación para desarrollo viene cambiando y siendo más técnica, de conocimientos. Por supuesto, implica recursos económicos, pero no en montos tan grandes como años atrás”, dijo.
Puso otro ejemplo sobre los cambios ocurridos, que apuntan más al intercambio de experiencias y conocimientos en distintas áreas sociales, de seguridad, género, fiscales u otras: “Ahora no se consigue plata para comprar butacas para un teatro. Eso era bastante común. Hoy el tipo de cooperación es ayuda a ver cómo se gestiona mejor el teatro”.
“Esto pasa a nivel mundial. Es una cooperación que da mejores resultados y esa inversión que hacemos los países es más sostenible y sustentable en el tiempo. Antes había ejemplos de que se ponían recursos, por tiempo limitado, y siempre surgía la cuestión de quién se hace cargo” de la iniciativa, añadió. “Ahora es más horizontal. Hay que ir acomodándose a esta nueva agenda”, dijo Vignolo.
