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Reclamo de Movistar no cayó bien en el gobierno, pero recibió el respaldo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones
Desde la Asiet señalan que Antel debería considerar como “línea de negocios” el arrendamiento de su propia red, algo que originalmente estaba previsto en la LUC
“No cayó en gracia”. Así sintetizaron las fuentes del gobierno consultadas por Búsqueda las repercusiones que causó el comunicado de Telefónica Movistar del miércoles 10, en el que denunció la falta de una “sana competencia” en el mercado de las telecomunicaciones, y cuestionó las políticas y regulaciones del Estado en la materia.
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El comunicado también cuestionó la ausencia de un “marco de neutralidad” como “condición fundamental” para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, en un año en el cual se prevé que el gobierno subaste más espectro para desarrollar el 5G, con miras a llegar a cubrir todo el país. Además, criticó “prácticas monopólicas de hecho” por parte de la empresa estatal Antel, como la Internet fija y la red de fibra óptica (Búsqueda Nº 2.161).
El malestar se sintió más allá de que ya estaban en conocimiento de que esta empresa iba a formular declaraciones públicas en ese tono, señalaron desde la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec). “Siempre estamos tratando de tener diálogos con todas las partes. Desde un principio estamos en contacto con todos”, expresó una fuente del gobierno.
Uno de esos temas refiere al uso de la red de fibra óptica. “Existen infraestructuras que se han desplegado en un régimen de monopolio de ciertos servicios y que son necesarios para el despliegue de tecnologías 5G. Ciertos elementos de la red de fibra óptica son necesarios para poder desplegar la cantidad de antenas conectadas que se requerirán para dicha tecnología”, había afirmado a Búsqueda el presidente ejecutivo y gerente general de Telefónica Movistar Uruguay, José Luis Aiello, cuando se le consultó por el comunicado.
Desde la Ursec señalaron que en el comunicado “se están quejando de temas que son estructurales” y que “a menos que se obligue por ley”, Antel “no tiene por qué abrir el juego de su fibra óptica”.
Fuentes de Movistar señalaron que no tuvieron ningún contacto por parte del gobierno luego de la publicación del comunicado.
Más negocios
Desde la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) respaldaron la postura de Movistar. En Uruguay “no hay condiciones de mercado equilibradas” en el sector de las telecomunicaciones con miras a un desarrollo de la tecnología 5G, expresó a Búsqueda la secretaria general de esta organización, Maryleana Méndez. A su criterio, esto podría afectar “la eficiencia del mercado y la atracción de inversiones”.
Méndez, quien fue presidenta del ente regulador de telecomunicaciones de Costa Rica durante la apertura del mercado de ese país en 2009, estimó que Antel, en tanto operador mayorista, debería considerar “como otra línea de negocios” el arrendamiento de la capacidad excedente de su red de fibra óptica para que las otras empresas interconecten sus antenas, “como ocurre en todos los demás países”.
La situación en Uruguay es “anómala” en materia de competitividad porque al operador público, que en principio tenía el monopolio de la red telefónica, se le sumó el predominio total en la Internet fija. “Esto no se replica en otros mercados”, expresó.
“Para la llegada del 5G a Uruguay, es fundamental que haya disponibilidad de suficiente espectro radioeléctrico, libre de interferencias, para que cada uno de los competidores pueda desarrollar sus redes, que haya un equilibrio entre las obligaciones y el pago, y —sobre todo— que haya condiciones equilibradas de competencia para generar confianza en el mercado”, indicó Méndez. “El regulador (en referencia a Ursec) tiene que garantizar que el mercado funcione con equilibrio y garantía”, añadió. Sobre la situación percibida en el país, el diagnóstico fue claro: “Las reglas no están equilibradas”.
En tal sentido, recordó las recomendaciones para la modificación de sus políticas públicas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) le formuló a Uruguay. También señaló que la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) dijo que Uruguay “tiene un régimen regulatorio anticompetitivo”; de hecho, según el último ranking de marcos regulatorios en telecomunicaciones de la UIT, Uruguay está ubicado en el puesto 25 de 34 países de Iberoamérica.
La Asiet está presente en todos los países de América Latina y la integran 48 empresas públicas y privadas. En Uruguay, Movistar y Claro —la competencia de Antel en telefonía e Internet móvil— están entre sus integrantes. Entre sus miembros están las telefónicas estatales de Paraguay (Copaco), Ecuador (CNT) y Cuba (Etecsa); Antel no es parte de la Asiet.
La coparticipación de terceros en la fibra óptica de Antel había sido parte del proyecto original de la Ley de Urgente Consideración (LUC), luego retirada del texto final. Su inclusión ahora está siendo estudiada como parte de un proyecto de ley separado, que pretende modificar la llamada “ley de medios” aprobada durante las administraciones frenteamplistas. Sin embargo, diferencias entre los miembros de la coalición de gobierno han impedido hasta el momento que el proyecto se apruebe.
“La aceleración con la que cambia la tecnología es muy rápida. Y una tarea tan grande como llegar a toda la población se acomete mejor entre varios. Eso incluye al Estado, pero no como accionista público sino como interesado directo en la mejora de los servicios a los usuarios”, afirmó Méndez.
