El sector de las empresas locales dedicadas a la producción y comercialización de alimentos para perros y gatos planteó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y al Poder Legislativo sus reparos sobre la decisión del Poder Ejecutivo de cobrar una tasa a la venta de esos productos, como está previsto en el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento.
En ese documento el gobierno establece en el artículo 171 una tasa de 0,35 unidades indexadas (UI) por kilo de alimento producido o importado, que tendrá como prestación la certificación del producto para su comercialización en el mercado interno. El valor de la UI a julio de este año es de 5,4381, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Actualmente, la secretaría de Estado está revisando esa medida y evalúa el pedido de las firmas productoras de alimentos para mascotas con el objetivo de fijar una tasa “diferencial” que se cobre de acuerdo al volumen y monto de los productos comercializados, para que pague más el que facture más.
“Hemos recibido la inquietud de la producción nacional y se está contemplando en estos momentos”, declaró a Búsqueda la directora general del MGAP, Fernanda Maldonado.
Ante la consulta de la posible reconsideración del tema de la tasa, la jerarca respondió: “Sí, la podemos reconsiderar y evaluar técnicamente”. “Por ahora no está planteado” el tema de dejar de lado la medida de cobrar la tasa en cuestión, enfatizó.
El objetivo de la tasa es obtener fondos para el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), que actualmente tiene un financiamiento de unos $ 120 millones, que fueron destinados del presupuesto del MGAP como parte de un redireccionamiento de recursos. Hay además financiación externa del Banco Mundial para políticas de fortalecimiento en bienestar animal de US$ 4 millones en el actual ejercicio, comentó Maldonado. Y afirmó que esto “está dirigido a lograr estándares mínimos” en bienestar animal en Uruguay.
El artículo 169 del proyecto de Ley de la Rendición de Cuentas establece la derogación de la tasa de patente para perros, debido a que la tasa vigente ha sido “ineficaz” habida cuenta de su “incumplimiento” y “escasa posibilidad de contralor y coerción”, según el texto de ese documento. En tanto, el artículo 170 dispone que el traspaso de competencias sobre la lucha contra la hidatidosis al INBA causa la necesidad de disponer de fondos.
“Nosotros no podemos hacer diferencia respecto al criterio de recaudación de lo importado con relación al producto nacional”, dijo el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, al comparecer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, el jueves 21.
Mattos reconoció que “parece una buena propuesta estudiar la aplicación en materia de porcentaje en función de las distintas calidades y los distintos rangos de ración que existen, y una tarifa plana puede significar un porcentaje muy alto de incidencia del producto más económico”. “Pienso que ahí puede haber una variable que se puede estudiar y aplicar con un criterio de mayor justicia”, adelantó.
Basándose en datos presentados por empresas del sector de alimentos para mascotas en el Parlamento, la diputada del Frente Amplio, Bettiana Díaz, señaló en la comisión citada que “en Uruguay se consumen alrededor de 96.000 toneladas” anuales de esos productos y que “más o menos la mitad” se produce en el país.
“Esta industria es muy fácil de controlar porque para producir usan harina de carne y, para acceder a la materia prima, existe un registro”, dijo. Acotó que “no hay un mercado negro de producción de alimentos de perro; por lo menos eso es lo que aseguran desde la cámara” sectorial.
Díaz planteó “la posibilidad de generar la tasa por un monto fijo y no sobre un porcentaje”. “El alimento de alta gama lo producen, básicamente, multinacionales porque tienen otra capacidad de inversión y otra tecnología”, comentó. Y en ese caso, “el precio por kilo de alimento es muy superior” al elaborado en el mercado local, afirmó.
Apoyándose en información de las empresas del rubro, esa diputada indicó que los productores locales “lo que sacan a costo de lo que es la producción —un precio promedio por kilo de comida— son unos $ 26”.
“Esta es una tasa de $ 2, o sea, el peso relativo que tiene esta tasa en la producción de la industria uruguaya con respecto al que tiene en la industria que no es nacional, en el alimento importado, es totalmente distinto”, comparó.
Agregó: “Así como hablamos de $ 26 para la industria nacional a precio de costo, hablamos de casi $ 300 en el caso de otros alimentos”.
“Los productores nos plantearon la posibilidad de evaluar un porcentaje”, para que “pague más el que recauda más y que el peso relativo dentro de lo que es su ganancia no los afecte”, propuso la diputada opositora a los jerarcas del MGAP.
A esos planteos, la directora general de Ganadería respondió en esa comisión que “por un tema de normativa de Mercosur y demás tuvimos que redactar los sujetos pasivos de esta forma, es decir, no solamente podíamos gravar la importación, sino también teníamos que hacer lo propio con respecto a la industria nacional”.
“No obstante, sí podría ser una cuestión a evaluar una tasa diferencial”, adelantó. Señaló que “la contraprestación sería la certificación en cuanto a estándares mínimos de calidad de las raciones, que es una preocupación que nos han hecho llegar mucho”.
Retiro de canes
El INBA en coordinación con el Ministerio del Interior y las intendencias departamentales inició la captura de perros sueltos que ocasionan daños y problemas en la vía pública y en otros puntos.
Recientemente, en un centro educativo ubicado en el departamento de Rivera fue donde se retiraron canes, además, en Canelones y Montevideo, y esos animales fueron trasladados en camionetas de ese instituto a albergues, dijo Maldonado a Búsqueda.
Destacó que la idea es “empezar por las zonas más complejas, trabajando con los vecinos y los actores involucrados” en este asunto.
Esto es un “proceso” que requiere “concientización”, porque “por más plata que destine el gobierno, por más estructura administrativa, por más cantidad de funcionarios y un montón de camionetas que podamos destinar a capturar animales y después reubicarlos, si no trabajamos en un cambio cultural, va a ser como caer en saco roto”, advirtió.
Sostuvo que este “no es un problema del sector agropecuario”, es una cuestión de “integridad física”, de “la vida de las personas” y del “derecho a la libre circulación”, porque “casi el 50% de la población cambia sus hábitos por la presencia” de perros sueltos.
