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Récord de casi 1.000 planes de inversión presentados al inicio del 2021 buscando ventajas fiscales esperanzan al gobierno
Hasta 2014 las empresas habían mostrado un “muy aceptable” cumplimiento de creación de empleos, aumento de exportaciones y otros compromisos asumidos al beneficiarse del régimen de “promoción de inversiones”
Aeropuerto de Carrasco. Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
“Caras, regresivas, mal focalizadas y en algunos casos arbitrarias”, además de “a favor de unos pocos privilegiados” y en perjuicio de los “ciudadanos de a pie”, que son quienes “están pagando la fiesta”. En suma, una política “mal diseñada y peor ejecutada”. Sorprendiendo a sus compañeros de coalición y también a los frenteamplistas, el diputado oficialista Álvaro Perrone sacó el foco del tema “minúsculo” que los había convocado a esa sesión parlamentaria —unos US$ 15.000 en exoneraciones tributarias solicitadas por el economista Isaac Alfie para su estudio profesional antes de asumir como director de Planeamiento y Presupuesto (OPP)— y lo llevó a lo que para su partido, Cabildo Abierto, es la cuestión de “fondo”: quiénes se benefician de la ley de “promoción de inversiones” que otorga ventajas fiscales, y si es dinero público bien gastado para generar desarrollo económico.
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Ese régimen ampara una de las formas que toma en Uruguay el llamado gasto tributario —lo que el fisco renuncia a recaudar al dar un trato impositivo preferencial— que, en su caso, fue en 2020 por montos que superan, por ejemplo, lo que costó construir el Antel Arena.
Votada en 1998 durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, la Ley de Promoción de Inversiones fue mantenida, con retoques, y la actual administración apuesta a que apalanque una economía que ya venía frenada desde antes de la pandemia de Covid-19. La ministra Azucena Arbeleche y sus colaboradores han repetido en las últimas semanas que hay inversión promovida que se ejecutará este año o el próximo por unos US$ 2.300 millones (Búsqueda N° 2.125). Esa es de las pocas estadísticas que se conocen en torno al uso reciente del régimen; a mediados de 2020 el Ministerio de Economía (MEF) discontinuó la divulgación de los reportes y la información pública disponible se limita a las escuetas resoluciones del Poder Ejecutivo referidas a cada proyecto aprobado.
La información adicional conseguida por Búsqueda al amparo de una solicitud de acceso sustenta la idea de una probable aceleración de la inversión en los próximos tiempos. Por ejemplo, solo en marzo pasado se presentaron ante la Comisión de Aplicación (Comap) del régimen 722 planes, con una inversión asociada de US$ 547 millones. Es un récord en cantidad de proyectos en toda la serie mensual entregada por el MEF que se inicia en enero del 2008; el monto está muy por encima de lo normal, aunque en el período hubo algunos registros superiores (US$ 843 millones en junio del 2011 y US$ 796 millones en diciembre de ese mismo año; y US$ 1.503 millones en abril de 2012 y US$ 712 millones al mes siguiente).
Acumulando también enero (164) y febrero (90), el primer trimestre de 2021 tuvo 976 planes presentados por US$ 870,3 millones. Es decir que la cantidad se multiplicó por más de 15 respecto a un año atrás (62 proyectos) y el monto lo hizo unas seis veces (US$ 144 millones).
Discusión “en serio”
En aquella sesión parlamentaria del 19 de mayo pasado en la que el Frente Amplio interpeló a Arbeleche, Perrone se alineó al alegato oficial de que en el caso de Alfie se cumplió con la ley —no hubo beneficios dados “por atrás del mostrador”—, pero planteó: “Tenemos claro que gran parte del gobierno y de la oposición defienden las exoneraciones fiscales. Nosotros no nos oponemos, pero ya que estamos (…) hagamos una discusión en serio de esta ley y discutamos profundamente este tipo de exoneraciones. La mayoría de las empresas uruguayas no logran acceder a estos beneficios, o bien porque no saben que existen o porque les resulta muy costoso contratar los consultores especializados para llevar adelante los estudios y la tramitación” ante la Comap.
La preparación de un plan puede ser relativamente onerosa para empresas chicas; hay profesionales que, para asesorarlos, cobran US$ 1.500 más IVA, mientras que las cifras son mayores si se trata de consultoras grandes para clientes de mayor porte. “Es difícil ver proyectos que se cobren más de US$ 10.000 más IVA porque es bastante estándar el armado”, dijo a Búsqueda un contador que está en estos temas. A eso se agregan costos por los informes posteriores de control y cumplimiento.
El régimen está disponible para firmas con actividad en el país de cualquier giro que sean contribuyentes de impuestos sobre sus rentas. La rebaja fiscal pueden pedirla para comprar bienes (máquinas, equipamiento informático, vehículos, etcétera) destinados a su ciclo productivo, a mejoras en los locales u otros activos fijos, así como a adquirir marcas, patentes y modelos, por ejemplo.
El papeleo —vía digital desde la pandemia— exige presentar ante la Comap el proyecto y la fundamentación de los efectos esperados en generación de puestos de trabajo, aumento de exportaciones de la empresa solicitante, o sus efectos en términos de descentralización económica o de producción ecológica. La comisión recomienda o no al Poder Ejecutivo dar las exoneraciones; si este resuelve otorgarlas, dentro de los cuatro meses después de cerrado cada ejercicio económico las empresas deben presentar informes relativos a la marcha del plan de inversión y otros datos de control; incumplir puede llevar a la reliquidación tributaria. Sin embargo, el grado de cumplimiento de los indicadores asociados a los proyectos amparados por este régimen —lo que daría una cierta medida de eficiencia de esta política— no es información pública habitual. “No sabemos si quienes piden cumplen con el cometido final”, cuestionó Perrone en el Parlamento.
La solicitud de acceso a la información cursada por Búsqueda arroja un poco de luz. En su respuesta, del 22 de junio, el MEF indicó que “a la fecha la Comap no dispone” de un listado de proyectos enviados al Ejecutivo con recomendación de aprobación, con nombre de la empresa, giro de actividad y monto de la inversión, desde octubre de 2020 (desde cuando discontinuó la divulgación). Aclaró, no obstante, que eso está “en proceso de elaboración”. Y entregó la serie mensual con la cantidad de planes presentados y la inversión asociada (ver gráfico).
“Importante” cumplimiento
Al MEF se le pidió también los informes que tuviera referidos al nivel de cumplimiento de los diferentes indicadores comprometidos por las empresas beneficiarias para cada año, así como análisis que evalúen el impacto (eficiencia) del régimen. Sobre este punto, su respuesta adjuntó tres documentos elaborados por la disuelta Unidad de Apoyo al Sector Privado (Unasep) fechados en diciembre de 2012, febrero de 2015 y noviembre de 2016. En esos informes se analizan solo los planes de inversión que pasan por las manos del propio ministerio (y no aquellos que, por su naturaleza, les corresponden a las otras carteras representadas en la Comap, como Industria, Ganadería, Trabajo o Turismo); la muestra fueron 1.652 proyectos —originales y ampliaciones—, mayoritariamente de comercios y empresas de servicios.
En el período comprendido entre enero de 2008 y agosto de 2015 se ejecutó el 85% de la inversión que estaba comprometida, consignó el más reciente de los informes (de hace casi cinco años).
Para la Unasep, el grado de cumplimiento de los indicadores fue “muy aceptable respecto a lo comprometido”: 80% en aumento de exportaciones; 88% en creación de puestos de trabajo; 90% en producción limpia; y 93% en investigación, desarrollo e innovación. Es un “importante” nivel de consumación de lo previsto, reafirmó en otro párrafo.
El detalle es que fueron 1.255 las empresas de la muestra que asumieron metas de generación de empleos (16.535 puestos en conjunto). Las 365 que a fin de 2014 habían terminado el cronograma para ese indicador crearon 5.293 nuevos lugares de trabajo (el 88% de los 5.983 comprometidos). El peor desempeño relativo lo tuvieron las firmas del giro inmobiliario, que tomaron a 68 personas y no 110 como habían previsto (62% de cumplimiento).
El incremento de las ventas al exterior —en US$ 122,5 millones en total— fue un compromiso para 67 firmas beneficiarias abarcadas en la muestra. Entre las 14 que habían culminado el plazo del cronograma en 2014 —al amparo del decreto 455 del 2017—, el aumento de las exportaciones fue de US$ 20,5 millones, unos US$ 5 millones menos que lo esperado (80%). Las empresas nuevas y aquellas grandes tuvieron niveles de cumplimiento por debajo de las ya instaladas y las de menor porte.
