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El concurso de acreedores de la filial uruguaya de la empresa brasileña OAS, cuyo contrato para construir la planta regasificadora en Punta Sayago fue rescindido, se suspendió luego de que la empresa GNLS, adjudicataria de la obra, presentara un recurso de inconstitucionalidad.
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En ese marco, un grupo de empresas subcontratadas por OAS para la obra dudan de que puedan llegar a la fecha del concurso dadas las millonarias deudas que la compañía de Brasil tiene con ellos.
El concurso estaba previsto para los primeros días de octubre, pero se suspendió luego de que GNLS, consorcio formado por GDF Suez y Marubeni para construir la planta, presentara un recurso de inconstitucionalidad respecto al artículo 56 de la Ley de Concursos. El expediente se elevó a la Suprema Corte de Justicia.
Fuentes cercanas al caso explicaron que el recurso se debe a que había una cláusula de arbitraje en el contrato que queda sin efecto si se realiza el concurso de acreedores.
Representantes de tres de las empresas subcontratadas por OAS dijeron a Búsqueda que la constructora debe al menos U$S 10 millones a más de una decena de compañías nacionales que trabajaron en la obra. Dicen que legalmente deben acogerse al concurso, pero que no están en condiciones de llegar a esa fecha con sus empresas en marcha.
“Realmente es difícil llegar hasta esa fecha”, dijo Ruben Varela, de Nautimill SA, que compró un remolcador exclusivamente para la obra y dice que todavía lo está pagando.
“OAS sigue trabajando. Ellos hacen una sociedad anónima, no ponen ningún respaldo, se atienen a las leyes uruguayas, llaman a concordato y siguen trabajando en otro lado”, dijo. En tanto, el Estado “va a cobrar la multa y quedarse con las obras”. “Pero las obras las hicimos nosotros y a nosotros nadie nos pagó”, dijo.
“Reclamamos un ámbito, que alguien nos reciba”, afirmó.
Roberto Souto, de la empresa Rosmar, coincide en que “no hay qué puerta golpear”. Dijo que “los días pasan, las cuentas caen y nadie se responsabiliza de nada”.
Ricardo Salomón, de Salomón Grúas, sostuvo: “Fuimos a trabajar a una obra de interés nacional llevados por una confianza que en algún momento nos inspiró el Estado”.
“Muchos de nosotros nos jugamos todo lo que teníamos a ese trabajo porque era el trabajo más importante de la historia del país y terminó siendo un gran chasco y nos dejó tecleando”, agregó Souto.
Las empresas asistieron a la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes en mayo para plantear su situación, pero tres meses después dicen que no ha cambiado.
Ahora la Suprema Corte de Justicia debe pronunciarse sobre el pedido de inconstitucionalidad para que se decida cómo continúa el proceso.