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Redactores de la reforma jubilatoria proponen a futuro revisar los aportes patronales rurales
Libro de Saldain y otro especialista señala que la discusión de la ley evidenció diferencias en el Frente Amplio entre los afines a Astori y los cercanos a la “tradición marxista-leninista”
Rodolfo Saldain, coordinador técnico de la reforma jubilatoria. Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda
La Ley 20.130, que reformó el sistema jubilatorio, es el resultado de un proceso “satisfactorio” porque mantiene la “alta cobertura poblacional”, crea nuevos “beneficios” y establece un diseño basado en “el principio de igualdad”. En los cambios aprobados por el oficialismo cuando se discutía en el Parlamento quedaron algunos “aspectos pendientes” que podrían “integrar una futura agenda”, como la revisión de la tributación patronal rural, la atención de los cuidados y la mejora en la formulación de alguno de los subsidios. Así lo afirman Rodolfo Saldain y Gonzalo Martínez Alba, dos de los redactores de ese proyecto en el libro Sistema Previsional Común presentado el miércoles 6.
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Si bien es un libro escrito desde una “perspectiva jurídica”, los autores también hacen algunos comentarios políticos. En el texto cuestionan los “escasos aportes propositivos” de la oposición en el trabajo de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), que diagnosticó el régimen y elaboró recomendaciones para su reforma. “Parecería no haber logrado superar las posiciones relativamente antagónicas sobre el diseño previsional entre los sectores afines a la conducción económica liderada por el Cr. Danilo Astori y los más afines a la tradición marxista-leninista próxima al PIT-CNT, evidenciadas durante los tres períodos de gobierno del Frente Amplio”, sostiene.
En otro fragmento, Saldain y Martínez Alba vuelven a mencionar las diferencias en la coalición de izquierda para defender el régimen mixto. Durante 30 años hubo un “entendimiento tácito sobre las virtudes” de este sistema incorporado en 1995, más allá de “cuestionamientos concretos”. En los tres gobiernos frenteamplistas se mantuvo “con cambios que no alteraron sus bases”, pese a tener mayorías parlamentarias. Y sentencia que “el régimen mixto fue una suerte de empate entre dos tendencias internas”.
Los autores destacan a Astori como un “decidido partidario” del régimen citando una entrevista del exministro en el semanario Crónicas, en la que aseguró que era necesario “fortalecer” y “confirmar” el sistema en una reforma jubilatoria. Otro destaque a ese político frenteamplista —a quien definen como el “principal referente de la economía en las últimas dos décadas”— es por el convenio que firmó cuando era decano de la Facultad de Ciencias Económicas con el Banco de Previsión Social (BPS) para desarrollar un modelo de simulación del régimen de invalidez, vejez y sobrevivencia. En el trabajo que surgió del acuerdo se basó la reforma jubilatoria que entró a regir en 1996, creando las AFAP como un segundo pilar de ahorro individual.
La “hoja de ruta”.
El bloque opositor en la CESS estuvo integrado por el Frente Amplio, el PIT-CNT y la asociación de jubilados Onajpu, que votaron en contra tanto del diagnóstico como del informe de recomendaciones. En la segunda parte del trabajo de este grupo, la “actitud” de estos integrantes fue “de mera expectativa” y una “posterior oposición plena” que no permitió “alcanzar algunos acuerdos básicos”, cuestionan los autores del libro.
Luego llegó la redacción del proyecto de ley por parte de un grupo creado en la órbita del Poder Ejecutivo y después se trató en el Parlamento, con negociaciones con el Partido Colorado y con Cabildo Abierto que se cerraron al “más alto nivel político”.
Pero la reforma aprobada no incorpora aspectos que formaron parte de las recomendaciones de la CESS. Por eso el libro también sugiere una “hoja de ruta” con los cambios que se deben incorporar en el futuro. “Una reforma previsional no queda hecha de una vez para siempre”, aseguran los autores.
En lo tributario, consideran “razonable una revisión en la tributación patronal rural”. En 2018 y 2019 —los últimos datos que tomó la CESS— el aporte de los empresarios del agro fue equivalente a una alícuota de 2,01% y 1,92% de la masa salarial de los trabajadores dependientes, una relación muy inferior a la que aportan los patrones de los contribuyentes de Industria y Comercio en el BPS. “El aporte patronal rural mínimo no guarda relación con la potencialidad económica del área productiva que comprende y la comparación con la situación de monotributistas y unipersonales de industria y comercio”, sostienen.
Por otro lado, los redactores de la reforma sugieren que se debe retomar en un futuro algunos parámetros, como la “extensión del período para el cálculo del sueldo básico jubilatorio” y que exista un “tratamiento diferente” de las pensiones de sobrevivencia. También proponen un nuevo diseño de un subsidio transitorio por incapacidad parcial, porque el criterio actual es “dicotómico” —se está incapacitado en forma abostula o no— cuando la realidad “muestra matices”.
Otra de las recomendaciones en la “hoja de ruta” es sobre el ahorro voluntario complementario, que estaba incluida en el proyecto de ley original, pero que fue retirada en el trámite parlamentario.
Los otros regímenes.
La Ley 20.130 dedicó algunos artículos a la Caja Bancaria y a la de Profesionales, que, por el desfinanciamiento que atraviesan, tendrán su propia reforma. La “prioridad” ahora está en “cómo distribuir los costos de un salvataje previsible desde hace bastante tiempo”, señalan los autores del libro.
Son críticos con la situación de la Caja Bancaria, cuyas autoridades aseguraban que su situación financiera era “casi envidiable, ni bien superara una laguna pequeña y poco profunda de desfinanciamiento”. La realidad, sin embargo, fue “muy distinta”: “No se trataba de una laguna, sino de un océano”. Saldain y Martínez Alba cuestionan que el monitoreo de la situación “no funcionó” y que “lo más grave” es que el Estado uruguayo desconocía la situación que se estaba gestando.
La Caja de Profesionales, en tanto, tuvo “increíbles problemas de gobierno”.
A su vez, la Caja Notarial contaba con información “desactualizada” y, para “colmo”, tenía los estudios realizados en años anteriores solo en “formato papel”.
Los servicios de retiro militar y policial no tenían información estadística procesada para evaluar opciones de política y se hicieron por primera vez en este proceso, con los equipos del BPS. Los autores consideran que “hay mucho espacio” para avanzar en “disponibilidad y calidad” de la información de estas dos cajas, un aspecto que “deberá abordar” la Agencia Reguladora de la Seguridad Social, creada también en la reforma.
