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Entre los muchos expedientes que pasan por mes por los escritorios gubernamentales, el 84.398 tuvo la particularidad de que quien lo tramitó en 2019 fue el consultor económico Isaac Alfie para invertir en materiales de obra y mobiliario por unos US$ 15.500, destinados a equipar su nuevo estudio profesional. Su aprobación, en febrero pasado, siendo ya director de Planeamiento y Presupuesto, motivó en mayo una larguísima interpelación en la que la ministra Azucena Arbeleche rechazó cuestionamientos éticos lanzados desde el Frente Amplio contra su socio del equipo económico alegando la legalidad del procedimiento. Antes de eso, el jerarca había aceptado renunciar al beneficio; es, probablemente, de los casos en que la inversión se hubiera concretado, generando empleos —el indicador comprometido— aún sin la ventaja fiscal.
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Algunos consultores que hablaron con Búsqueda perciben una cierta nebulosa en torno a la eficiencia del gasto tributario asociado a la promoción de inversiones.
Uruguay avanzó “a lo largo de los últimos años” desde un punto de partida en el que “claramente faltaban avances en la medición y evaluación de la efectividad del sistema de beneficios otorgados, en particular, en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos con que los diferentes beneficios fueron creados. Actualmente, existen retrasos en la información aportada sobre estas materias”, señaló Gustavo Viñales, especialista en impuestos e investigador del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).
En su opinión, dada la “magnitud” del gasto tributario y la “importancia específica de los sistemas de incentivos y beneficios al sector productivo”, sería “oportuno y necesario” revisar la normativa, “disminuyendo la discrecionalidad” que la ley original delega en el Poder Ejecutivo. A su entender, debería dársele más participación al Parlamento, por ejemplo, vía aprobaciones legales que “contribuyan a democratizar la discusión sobre los objetivos que se perciben a través de los incentivos” y “para que pueda procesarse una evaluación más transparente de los indicadores que se consideran más relevantes para el desarrollo económico y social”. En la instancia parlamentaria tendrían que determinarse los montos máximos de renuncia fiscal asociados a las medidas de estímulo otorgadas por el Ejecutivo, propuso.
Viñales señaló que la propuesta de implementar un esquema de tributación mínimo de carácter mundial sobre las rentas empresariales, que va ganando consenso entre varias potencias mundiales, es un dato “clave”. Si eso prospera, dijo, “podrá implicar la revisión de los sistemas nacionales de promoción de inversiones, de múltiples regímenes tributarios específicos que benefician a algunos sectores de actividad y de las normativas sobre zonas francas (o similares), entre otros”, ante lo cual en Uruguay “deberían adoptar una actitud proactiva y no actuar de forma tardía o de forma reactiva”. A su juicio, la vía es “adecuar” la normativa interna sobre acciones promocionales” para que puedan “encuadrarse en los objetivos nacionales de desarrollo (como ser el cambio climático, la atención a inequidades de género, el desarrollo sostenible a nivel territorial, la adopción de tecnologías más limpias o innovaciones que generen mayor eficiencia energética) y que, por ende, no sean desafiados por las reglas internacionales que pudieran establecerse en el futuro”.
Ese contador integró el equipo de asesores de Daniel Martínez, candidato presidencial por el Frente Amplio en las últimas elecciones.
Por su lado, el gerente del Área de Consultoría Económica de Grant Thornton, Nicolás Cichevski, destacó el “rol fundamental en la generación de inversiones productivas para el país” que tiene el régimen de promoción fiscal. Cree que, para “potenciar” este esquema, se podría profundizar el “análisis de las inversiones promovidas y, en particular, de los montos efectivamente ejecutados. Actualmente, la información disponible de forma pública no permite realizar análisis muy exhaustivos de la efectividad del sistema, en particular sobre el gasto tributario asociado —los montos efectivamente exonerados— y los beneficios producidos en términos de generación de empleo, inversión en investigación y desarrollo o tecnologías más limpias y los demás aspectos, en particular en los casos de menor tamaño”, aseguró el economista.
