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“Todo el sistema político comparte que será necesario reformar el sistema previsional ante la ‘fortísima presión’ que genera”. Bajo este titulo Búsqueda, en su Nº 1.965, informa ampliamente sobre esta situación en sus páginas 6 y 7.
Merece destacarse la coincidencia de opiniones que existe sobre el tema, tanto en el ámbito internacional como en el interno, ya sea este político o académico.
En el internacional, ya Búsqueda informó en su Nº 1.950 sobre la opinión del economista jefe del Banco Mundial para la región, Carlos Végh, quien sostuvo: “A mi entender (…) lo más importante sería lidiar con el tema de fondo: se necesita una reforma profunda del sistema previsional”.
También debe señalarse la reciente realización de un seminario sobre “Los desafíos de la seguridad social en Uruguay”, organizado por el Centro de Estudios Fiscales y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La oposición política también se ha pronunciado sobre el particular. Así, el senador Luis Lacalle Pou ha expresado que “los desequilibrios en el sistema de seguridad social tienen un impacto importante en las finanzas públicas porque sus montos son muy significativos”. Y agrega: “(… ) las erogaciones por jubilaciones servidas por el BPS pasaron de $ 52.000 millones en 2008 a $ 100.000 millones en 2017, un aumento real de 110%”.
A su vez, el senador Jorge Larrañaga expresó que “(…) la previsión social va a ejercer una fortísima presión sobre las finanzas publicas” y compartió que los números del sistema previsional plantean un problema a futuro.
Por su parte, el senador José Amorín declaró que “el país tiene que encarar los problemas que hay en la seguridad social.
Los cambios que se realicen deben permitir un “envejecimiento digno” y que los ingresos acompañen los estándares de vida de la sociedad”.
Por otro lado, el senador Pablo Mieres señaló que “este es un tema que el próximo gobierno deberá abordar”. A su juicio, “habrá que hacer una reforma sistémica”.
¿Y el oficialismo qué opina? Según la información que nos brinda Búsqueda: “Desde el oficialismo sostienen que será un tema a encarar en el próximo período de gobierno”.
“Preocupado fue el ministro de economía y finanzas, Danilo Astori, quien puso el asunto sobre la mesa”.
“En agosto de 2017 en el cierre de un congreso (…) planteó la necesidad de estudiar una reforma del sistema previsional y analizar todos sus parámetros”.
Entrevistado en Radio Sarandí el martes 10, dejó en claro que eso no se concretará en el actual período de gobierno, pero no podrá dilatarse mucho más. “Lo más sano sería discutirlo no en campaña (electoral), para tener una discusión profunda”.
En suma, de lo transcrito se pueden inferir dos constataciones:
1. Existe coincidencia sobre la necesidad de modificar todo el sistema de seguridad social.
2. Esa modificación conviene hacerla durante el próximo período de gobierno.
Siendo esto así ¿cómo se justifica la iniciativa de aprobar durante este período de gobierno una ley por la cual se crearía un impuesto a los retiros y pasividades militares que superen determinada suma, cuyo proyecto consideraría la Cámara de Representantes el próximo 16 de mayo?
¿Es justo imponer un gravamen a 6.310 retirados y pensionistas militares y no hacerlo con los 42.227 del BPS que están en similar situación (El País, 17 de abril de 2018, pág. 12).
¿Por qué el ministro declara que la reforma del sistema no se concretará en el actual período de gobierno, pero se pretende aprobar ahora solo el que concierne a militares retirados y a sus viudas?
¿Acaso a este impuesto se llega después de estudiar una reforma del sistema previsional y de analizar todos sus parámetros como dijo el ministro de Economía? ¿O se trata de un parche que no soluciona nada desde el punto de vista financiero, pero que igual se adopta porque puede haber quienes creen que políticamente sirva como bandera de enganche electoral?
