Reglas viejas para un mundo nuevo

El presidente Tabaré Vázquez anunció que enviará al Parlamento un proyecto de ley para regular los negocios que, ahora, se pueden hacer entre particulares gracias a Uber (transporte), Airbnb (alquileres), Spotify (música), Netflix (cine, documentales, TV) o Alibaba (comercio generalista).

Fíjense: Uber es la compañía de taxis más grande del mundo, pero no tiene ningún vehículo propio; Facebook ha creado el medio de comunicación más popular del mundo, pero no tiene contenidos propios; Alibaba es el “supermercado” mundial de más valor que existe en la actualidad, pero no tiene un inventario de productos propios; y Airbnb es el mayor proveedor global de ofertas de alquiler en el mundo, pero no tiene ningún apartamento ni casa propios.

Esto, que es una novedad completa a nivel global —y se repite en cualquier rubro que podamos imaginar y será cada vez más grande—, debería ser tenido en cuenta en cualquier reglamentación que pueda existir en el futuro. En la página 11 de esta edición de Búsqueda se informa sobre algunas ideas que el Poder Ejecutivo está evaluando a este respecto. Francamente, no parecen suficientes para la profundidad y envergadura de las transformaciones que estamos viviendo.

Un amigo me dijo esta semana: “la flexibilidad es el nombre del juego en este tiempo”. Si esto es así, trasladar mecánicamente las antiguas regulaciones a estas nuevas realidades, simplemente no va a funcionar. Se precisa más imaginación.

Es un dato de la historia que las sociedades que más avanzan no son las que tienen mayor cantidad de recursos naturales, sino aquellas donde predomina la creatividad y la innovación. Para que esto ocurra, la libertad —y no las regulaciones— es indispensable.

Esto está previsto en el artículo 10 de la Constitución: “ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Esta disposición abreva en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada durante la Revolución Francesa de 1789. “La ley —dice ese insigne documento— no tiene el derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena”.

Las regulaciones son necesarias cuando se constatan abusos en el mercado o cuando alguien, en el ejercicio de sus derechos a trabajar, comerciar, comprar o vender, afecta el “interés general”. Si eso no ocurre y lo que hay es algún perjuicio para un grupo particular por el surgimiento de algo nuevo, entonces habrá que resarcir a los perjudicados, pero no sería necesaria la intervención del Estado en asuntos que los particulares convienen arreglar libremente entre ellos.

A estos temas nuevos el gobierno puede aproximarse de dos modos: o deja que ocurran las cosas en el marco de la mayor libertad e interviene si constata efectos “nocivos” para la sociedad; o regula antes de saber si los efectos serán buenos o malos.

La primera opción parece la más apropiada porque, como va dicho, las sociedades más avanzadas son aquellas donde fluyen los creadores y los innovadores. Y, precisamente, Uruguay tiene un “rezago” en materia de innovación que limita su crecimiento. (Ver página 23)

Por supuesto, la igualdad ante la ley es un principio básico que debe conservarse. Pero no a expensas de matar lo nuevo solamente para preservar el viejo orden.

En la prensa, hace años que nos llegó nuestro “Uber”. Pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría pedirle al Estado que apruebe regulaciones para que la publicidad siga yendo en un cien por ciento, como antes, a los “medios tradicionales”. Ni que solo los diarios, los semanarios o las emisoras de televisión sean los “monopolizadores” de las noticias u opiniones.

Del mismo modo, sería absurdo que unos muchachos que están creando películas o cortos cinematográficos para Youtube en el garage de una casa tuvieran que atenerse a las reglas que rigen para los canales de televisión.

Como sería también absurdo que si un señor Pérez quiere ofrecer en alquiler un cuarto de su vivienda a través de Airbnb deba transformarse, para hacerlo, en el “Hotel Pérez”.

Pregunto: ¿Netflix quedaría obligada a sacar licencias como las de un canal para abonados para operar en Uruguay? ¿Whatsapp debería gestionar ante el Estado una licencia como compañía telefónica?

Podría llenar esta página con interrogantes similares. Pero es suficiente como para aconsejar a nuestros gobernantes y legisladores a no meterse en este delicado asunto como elefantes en un bazar.

Están en juego las garantías de los ciudadanos, su derecho a trabajar y a hacer lo que no está prohibido por la ley y, sobre todo, su derecho a elegir con libertad.

No es poca cosa.