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El gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley de urgente consideración dando por hecho que recibiría las críticas de los legisladores del Frente Amplio y de los dirigentes del PIT-CNT. Sin embargo, a medida que se analiza cada artículo aparecen nuevas voces que advierten las posibles consecuencias de que se apruebe tal cual está la norma.
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El relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Edison Lanza, también tiene reparos al proyecto de ley. En diálogo con Búsqueda el experto uruguayo aseguró que varios artículos vulneran libertades fundamentales.
Lanza identificó tres bloques de cambios normativos que le preocupan. Uno de los artículos sobre los que alerta el relator de la OEA es el 105, que permite al Ministerio del Interior solicitar a las empresas telefónicas la georreferenciación de los usuarios en el marco de investigaciones policiales. “Es una herramienta muy potente para esclarecer delitos, pero si no se utiliza bien” es peligrosa porque “alguien puede saber dónde estamos a determinada hora, y eso es parte de la vida privada de cada persona”.
“Es entendible la importancia que tiene para investigar, pero es necesario que se incorpore en la redacción del artículo un control judicial que quede explícito, para que no quede librado a la discreción del Ministerio del Interior únicamente y se puedan cometer abusos”, añadió.
Lanza cuestionó especialmente las limitaciones que se pretende colocar a las protestas bajo la denominación de “piquetes”, según lo define el artículo 492 del proyecto de ley de urgente consideración. “En primer lugar, en ningún instrumento internacional se denomina una manifestación piquete, por lo que habría que definirlo en concreto”, dijo. “Y segundo, estamos hablando del ejercicio de expresar demandas reunidos, ya sean sindicatos, partidos políticos, asociaciones religiosas o los vecinos, siempre que se haga pacíficamente y sin armas”.
El relator de la OEA sostuvo que “declarar ilegal el ejercicio de un derecho porque entorpezca la circulación simplemente no parece compatible con una sociedad en democracia, y es desproporcionada la medida para el fin de proteger los derechos de circulación de las personas”.
“En una democracia las protestas son legítimas y generan, obviamente, algún tipo de irrupción”, insistió. Como una posible alternativa para prevenir los eventuales abusos del derecho de protesta propuso que se cree una comisión independiente —no el Ministerio del Interior— que se encargue de controlar que las medidas sean racionales.
Y, por último, Lanza criticó artículos que modifican la ley de inteligencia, en particular el 128 y 129, que fijan como secreta toda información que manejen los organismos de esa área.
“¿Por qué se tiene que crear un sistema especial si ya se puede reservar información siempre y cuando se justifique? Se crean categorías reservadas y secretas en su totalidad que afectan sobremanera. No tiene que ver con si la información es sensible porque, por ejemplo, pueda afectar la seguridad nacional. Se clasifica como secreta solo por estar bajo la órbita de estos organismos”, cuestionó.
De aprobarse la norma tal cual está redactada, para Lanza “se creará un manto de secretismo mucho más grande al que existe”.
El relator prevé transmitir estas opiniones a los legisladores en los próximos días cuando tenga una reunión virtual con la comisión especial del Senado que discute el proyecto.
