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    Removerán a la fiscal de Crimen Organizado

    Tiene a estudio un presunto caso de corrupción en UTE e instruyó la investigación de la Armada, el Maciel y el caso Gonzalo Fernández

    El fiscal de Corte, Jorge Díaz, reunió ayer miércoles a última hora de la tarde a los dos fiscales en Crimen Organizado, Juan Gómez y Mónica Ferrero, en su oficina de la calle Paysandú y les transmitió que el cargo que ocupan es “rotativo”. Por eso, les dijo, comenzará por remover a Ferrero de su puesto en las próximas semanas, debido a que se desempeña en él desde hace casi cinco años, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al Ministerio Público.

    Según los informantes, el jefe de los fiscales hizo hincapié en la reunión, que la Fiscalía de Crimen Organizado implica mucho “desgaste” por la alta exposición pública y supone una concentración muy grande de “información” y de “poder”, por lo que es saludable que los fiscales roten cada cierto tiempo. Aseguró además que la decisión cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo.

    La competencia de los juzgados de crimen organizado creados en 2009 hace que los fiscales manejen la mayor parte de los casos de alta repercusión pública, como los de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas, entre otros.

    Enterado de la reunión, Búsqueda consultó a Díaz, quien confirmó el hecho pero no quiso hacer comentarios al respecto. Destacó que entiende conveniente que ese cargo no sea ocupado por una misma persona durante más de tres o cuatro años.

    Ferrero, quien fue nombrada fiscal en Crimen Organizado en mayo de 2009, tuvo una destacada actuación en los últimos años. Entre otros casos instruyó la megacausa de corrupción de la Armada que resultó con tres oficiales procesados, las irregularidades en el Hospital Maciel que implicaron el procesamiento de la ex administradora de ese centro de salud y del titular de una empresa de limpieza, el procesamiento por trata de personas con fines de prostitución y de trabajo y el archivo del caso del ex secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández por una presunta conjunción del interés personal y público. La representante del Ministerio Público actuó también en decenas de casos de incautación de drogas y procesamientos de narcotraficantes. Actualmente tiene a estudio un caso de presunta corrupción en la empresa estatal UTE que involucra al ex vicepresidente de esa compañía, Pedro De Aurroecoechea.

    Poco después de asumir como fiscal de Corte, en abril de 2012, Díaz se enfrentó a una decisión similar. En esa oportunidad removió al ex fiscal en crimen organizado Ricardo Perciballe, quien pasó a desempeñarse como fiscal civil. Perciballe, que en ese momento instruía la denuncia contra Gonzalo Fernández, cuestionó con dureza la decisión de Díaz y anunció que impugnaría el acto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que finalmente no ocurrió. El lugar de Perciballe fue ocupado por Gómez.