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Si el gobierno pretende que la próxima Rendición de Cuentas se apruebe sin mayores complicaciones, deberá hacer concesiones. Son varios los sectores frenteamplistas que tienen la intención de asignar fondos de otra forma a como lo propuso el Poder Ejecutivo, para que la educación y la salud reciban más dinero.
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Antes de fin de mes el Ejecutivo deberá enviar el proyecto presupuestal al Parlamento. Será la última oportunidad de asignar más presupuesto en este período, por lo que para los sindicatos de trabajadores es el momento de presionar a fondo. Si bien habrá más dinero para repartir y la educación será el sector privilegiado, no se alcanzará el 6% del Producto Bruto Interno (PBI); el programa de gobierno del Frente Amplio prometía “tender” a esa cifra.
El jueves 7, el ministro de Economía, Danilo Astori, y sus colaboradores, presentaron a la bancada oficialista las proyecciones macroeconómicas actualizadas y los principales números que contendrá el proyecto de Rendición de Cuentas.
El contexto macro contempla la previsión de un crecimiento de la actividad económica de 2,5% en 2019 y de 3,3% en 2020, algo mayor al estimado tiempo atrás. Eso, según la expectativa de las autoridades, permitirá aumentar los ingresos tributarios en unos US$ 56 millones en cada uno de esos años, a lo que se agregarán transferencias de ganancias del Banco República por US$ 85 millones en 2019 y US$ 93 millones en 2020.
Esos mayores ingresos financiarán el gasto extra que se propondrá en la Rendición de Cuentas por US$ 141 millones para el año próximo y casi US$ 151 millones el siguiente; eso se agrega a los cerca de US$ 14.000 millones ya previstos en la ley de Presupuesto quinquenal. Sin embargo, parte de ese dinero adicional (US$ 43,7 millones y US$ 53,3 millones) es para atender egresos ya comprometidos, como los incrementos salariales en el Poder Judicial, pagos por disponibilidad de obras y servicios bajo el régimen de participación público-privada o la nocturnidad del personal policial.
Según la propuesta del Ejecutivo, el mayor gasto por fuera de esas partidas ya comprometidas se destinará a la educación. En específico, será para mejorar las remuneraciones docentes en la Administración Nacional de Enseñanza Pública y la Universidad de la República (US$ 75,8 millones) así como del personal subalterno del Ministerio de Defensa (US$ 5 millones), al Sistema de Cuidados (US$ 5,4 millones), así como a la reestructura y creación de cargos en el Instituto del Niño y Adolescente (US$ 3,9 millones), principalmente.
El equipo económico también revisó las proyecciones fiscales, asumiendo que la meta de bajar el desequilibrio anual en las cuentas públicas al equivalente a 2,5% del PBI se alcanzaría recién en 2020, un año después de lo que había anunciado. Partiendo de un déficit que actualmente ronda el 3,7% del PBI, la nueva estimación es de 3,3% para 2018 y 2,8% para 2019.
Reacciones.
El sector Asamblea Uruguay, que lidera el ministro Astori, se mostró de acuerdo con lo planteado. El diputado Alfredo Asti dijo a Búsqueda que “apoya 100% los lineamientos del borrador” y aseguró que respaldará el proyecto definitivo cuando llegue al Parlamento, durante las próximas dos semanas.
Sin embargo, para otros sectores oficialistas lo que presentó el Ejecutivo no colmó las expectativas.
Para el Partido Comunista, el dinero adicional previsto para la salud y la educación es insuficiente. El diputado Gerardo Núñez declaró a Búsqueda que US$ 2,2 millones ($ 70 millones) para la Administración de Servicios de Salud del Estado “es demasiado poco” y “no tendrá impacto”, por lo que una vez reciban el detalle de la propuesta presupuestal su sector planteará redistribuir de otra forma y fortalecer esa área. Lo mismo piensa de los montos destinados a educación. Pese a ser el rubro que más fondos extra recibirá en 2019 y 2020, para Núñez es insuficiente y “apenas puede llegar a alcanzar para cubrir las partidas salariales”.
En esta misma línea está el Movimiento de Participación Popular (MPP). Fuentes del sector aseguraron que “se necesita hacer un esfuerzo mayor” para aumentar las partidas en educación y salud, e intentar alcanzar el 1% del PBI para ciencia, innovación y tecnología, otro compromiso programático. El diputado Alejandro Sánchez dijo el martes 12 a radio M24 que luego de que ingrese formalmente el proyecto de ley al Parlamento quedarán 90 días para hacer modificaciones que encuentren nuevas formas de financiación.
Según la propuesta del Ejecutivo, el mayor gasto por fuera de esas partidas ya comprometidas se destinará a la educación. En específico, será para mejorar las remuneraciones docentes en la Administración Nacional de Enseñanza Pública y la Universidad de la República.
En el Partido Socialista consideran que si bien los incrementos se dan en las prioridades del programa de gobierno, estos “son muy moderados”. “Es imprescindible hacer mayores esfuerzos para acercarnos a las metas del programa y atender necesidades legítimas de la sociedad, como son educación, salud y el Sistema de Cuidados”, dijo el diputado Gonzalo Civila.
La Lista 711 también tiene reparos con los lineamientos presupuestales que comunicó el Poder Ejecutivo. Y propone alternativas para contar con más recursos que puedan ser invertidos en infraestructura y para alivianar los costos de los servicios. Sus planteos incluyen la devolución del IVA en la compra de materiales que sean para las cooperativas de viviendas y un subsidio a las tarifas de energía eléctrica para los hogares.
También molesto por lo que considera es poco presupuesto más, el PIT-CNT aprobó el miércoles 13 medidas de lucha.
Para el jueves 28 se fijó un paro parcial entre las 9 y las 13 horas. Casi un mes más tarde, el 25 de julio, convocó a otro paro pero de 24 horas. En ambos casos la consigna será “en rechazo a la Rendición de Cuentas, por trabajo y salario”. Pero el ambiente de conflictividad empezó a instalarse ya esta semana con movilizaciones y paros en la educación y la salud.
